Redacción/CAMBIO 22

Se dice que si algo se publica en la web, existe para siempre. Pero la verdad es un poco más complicada.

De eso se dio cuenta hace unos años Daniel Sánchez, un periodista de investigación mexicano, cuando en agosto del 2018 comenzó a recibir mensajes de texto y llamadas para que eliminara un artículo que había publicado. Decían ser abogados.

El artículo en cuestión, publicado en Página 66, era una investigación sobre cómo la empresa de videovigilancia Interconecta, que había contratado el gobernador del estado de Campeche, en México, había estado vinculada a casos de corrupción y fraude fiscal.

Años más tarde, Sánchez, recibió un e-mail de un supuesto experto en marketing que se hacía llamar Humberto Herrera Rincón Gallardo, que decía que la investigación infringía una ley de datos europea llamada GDPR y le pedía que eliminara las referencias a Grupo Altavista y su fundador Ricardo Orrantia. Cuando pasó un mes y la nota no fue eliminada, Gallardo volvió, esta vez con un reclamo por infracción de derechos de autor.

Gallardo presentó un reclamo ante Digital Ocean, el proveedor de Página 66, alegando que Sánchez había copiado su contenido ilegalmente. Con este fin, se vinculó a un sitio de terceros que había publicado una copia del artículo de Sánchez, pero con una fecha de publicación anterior falsificada y un autor falso: Humberto Herrera Rincón Gallardo, según revela una investigación de seis meses coordinada por el consorcio Forbidden Stories de la que participaron 30 medios europeos y que se focalizó en campañas de desinformación.

Así, Sánchez se vio obligado a eliminar su artículo.

Como detalla Forbidden Stories, esta campaña fue obra de Eliminalia, una firma española contratada por Grupo Altavista que se encarga de gestionar la reputación y que ofrece servicios de eliminación de contenido a clientes privados, para eliminar decenas de artículos. Gallardo niega relación con esta empresa, y dice que se usó su nombre sin su conocimiento ni consentimiento.

Orrantia contrató a Eliminalia y pagó más de 12.000 euros en cuatro cuotas para obtener sus servicios y eliminar, entre otros, el artículo de Sánchez.

Cientos de periodistas y blogueros de todo el mundo vieron su trabajo borrado, modificado u ocultado de internet entre 2015 y 2021 por Eliminalia, según pudo averiguar Forbidden Stories.

Eliminalia se escuda en el “derecho al olvido”, un concepto relacionado con la protección de datos personales (el derecho a la intimidad y al honor) y el Habeas Data, que es el derecho que tiene toda persona para conocer, actualizar y rectificar toda información que se relacione con su persona y que se recopile o almacene en centrales de información. Esta empresa dice que sus servicios eliminan “información no deseada y errónea”, pero documentos internos filtrados a Forbidden Stories cuentan otra historia: “Los archivos muestran cómo Eliminalia trabajó para estafadores, compañías de spyware, torturadores, delincuentes convictos, políticos corruptos y otros en el bajo mundo global para ocultar información de interés público”.

Forbidden Stories y sus socios investigaron cómo Eliminalia -fundada por Diego “Dídac” Sánchez-“manipula a los proveedores de servicios en línea, utiliza las leyes de derechos de autor como armas para eliminar contenido y, en algunos casos, amenaza y abusa de los periodistas, con uno objetivo: enterrar la verdad”.

Se identificó a 1500 clientes en 50 países de todos los continentes, e incluyen a Hernán Horacio Taricco Lavin, un médico que habría operado un centro de tortura durante la dictadura chilena y que pagó a Eliminalia 5.900 dólares para desindexar entradas en blogs con titulares como “Médicos, pinochetistas y torturadores”, entre otros artículos; o Pedro Miguel Haces Barba, un líder sindical y conseguido por los gobierno de la 4T, que en 2019 fue expuesto por firmar contratos lucrativos con dos gobernadores luego arrestados por corrupción, y que pagó a Eliminalia 110,000 euros, solicitando la eliminación de unos 300 artículos de Internet.

En Latinoamérica hay más de 400 ciudadanos y empresas clientes de Eliminalia: México (159 usuarios), Colombia (73), Argentina (51) y Perú (32) encabezan la lista. Las tarifas que desembolsan van desde los 500 dólares hasta los 427,584, dependiendo de la complejidad del “trabajo”.

Otro de los mencionados es Majed Khalil Majzoub, un empresario cercano al chavismo de origen libanés, a quien el régimen de Nicolás Maduro le adjudicó en 2020 la empresa Lácteos los Andes. EEUU le retiró la visa hace varios años por supuestas actividades de blanqueo y conexiones con el radicalismo islámico. Así, Majzoub contrató en abril de 2018 a la firma española para desindexar noticias en distintos portales.

Isaac Sultán y María Eugenia Baptista Zacarías son otros dos venezolanos con pasados oscuros que pagaron a Eliminalia para eliminar información de la web. En el primer caso, 100.000 dólares; en el segundo, 30.000 (sin divisa especificada).

Silvana Relats, ex gerente de un hotel propiedad de los ex presidentes de Argentina, Néstor y Cristina Kirchner, falleció de un cáncer en 2018, pero antes -en junio de 2017- había pagado 2.100 dólares para que desindexar cuatro artículos que la mencionaban. Diego Marynberg, un empresario argentino israelí cuyo nombre salió a la luz en 2020 en una filtración de 2.100 reportes de actividades sospechosas de bancos enviada a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EEUU, pagó 17.200 (divisa sin especificar) para desindexar artículos de distintos portales.

Entre los clientes de Eliminalia también figura Ronald Oswaldo Caballero Cantero, un supuesto narco que operó en Paraguay, que, antes de morir en un accidente en 2017, había firmado con Eliminalia para borrar información de la web.

Forbidden Stories identificó a múltiples clientes vinculados al crimen organizado, como Malchas Tetruashvili, condenado por lavar dinero en nombre de un miembro de la mafia rusa, y José Mestré, un conocido empresario español convertido en traficante de cocaína.

Tord Lundström, director técnico de Qurium, una organización sin fines de lucro con sede en Suecia que brinda servicios de seguridad, comenzó a notar el patrón de Eliminalia. Primero enviaba solicitudes de eliminación a periodistas individuales. Cuando los reporteros se ponían firmes y no aceptaban los pedidos, Eliminalia iba tras los proveedores de alojamiento web. Si esto no funcionaba, el siguiente paso era la “desindexación”, una estrategia que implicaba engañar a Google para que oculte los términos de búsqueda de los resultados web.

Las firmas de lavado de reputación como Eliminalia comenzaron a explotar leyes de protección de datos, como, la Ley de derechos de autor del milenio digital (DMCA) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Como describe el consorcio de Forbidden Stories, la estrategia era simple: copiar un artículo, publicarlo en un sitio web de un tercero con una fecha anterior falsificada al original y afirmar que el artículo original infringía la DMCA porque viola “los derechos de autor”.

Pero las solicitudes de eliminación de DMCA eran solo una herramienta en un arsenal más grande de tácticas, descubrió Forbidden Stories. Muchos documentos filtrados incluyen solicitudes de eliminación que invocan el RGPD. Eliminalia también intentó ocultar información que no pudieron eliminar, como a través de la desindexación.

Por lo general, pero no siempre, estos reclamos fueron enviados por nombres falsos y direcciones de correo electrónico que falsifican instituciones legales europeas u otras.

Eliminalia basaba su estrategia en una red de portales falsos. A primera vista, parecen medios de comunicación ordinarios. Pero con un vistazo más atento uno descubre que estos son hechos especialmente para rehabilitar las imágenes de sus clientes. Son sitios fraudulentos con apariencia real, como Le Monde France, London New Times, London Uncensored, Mayday Washington, Taiwan Times y CNNEWS Today. No existen, pero utilizan nombres que se confunden con otros medios establecidos.

Como explica The Washington Post, la firma aprovechó una falla en los sitios web de docenas de agencias gubernamentales y universidades de EEUU, incluida la Universidad de Stanford, para hacer que los sitios de noticias falsas parecieran más legítimos para los algoritmos de los motores de búsqueda.

Así, enterraban noticias malas bajo noticias falsas.

El caso que mejor lo ejemplifica quizás sea el de Hernán Gabriel Westmann, acusado en el 2017 por las autoridades federales de Argentina de que este dueño de un negocio de IT que operaba en Buenos Aires y Miami también era el líder de una importante operación de lavado de dinero y tráfico de drogas para el infame cartel de Sinaloa en México. Los artículos inundaron la web. Dos años más tarde desestimaron los cargos por pruebas insuficientes.

Westmann, pagó a Eliminalia 15.000 euros. Dijo que había sido “acusado falsamente” y que “nunca tuvo nada que ver con el narcotráfico”, y que quería los servicios de Eliminalia para eliminar las historias negativas sobre él de la web.

Pronto, los primeros artículos que aparecían en Google y que lo conectaban con narcotráfico y una causa penal fueron reemplazados por noticias falsas que promocionaban a Westmann como comentarista sobre una variedad de temas, como las características de los chihuahuas, las reglas del fútbol y los principios de la filosofía.

Eliminalia inunda la web con miles de artículos falsos y superficiales de sus clientes para que Google los considere legítimos y les dé prioridad en el motor de búsqueda antes que a los originales.

“Borramos tu pasado”, promete el eslogan de su sitio web. Esta estrategia, al menos por un tiempo, funcionó.

 

 

 

(Con información de El País,The Washington Post y Forbidden Stories)

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