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El manejo de la información a modo que manejó por siempre el hoy condenado Genaro García Luna para afianzar su relación con la DEA, enseñó la mal llevada y convenenciera relación que terminó por detonar el mayor escándalo y fracaso de las agencias de inteligencia estadounidenses.

Si bien este artículo de Tim Golden para Propublica no tiene desperdicio por lo sustancioso de los elementos informáticos que aporta, también es importante complementar que la verdad con objetividad que ha marcado para siempre las relaciones del combate al narcotráfico entre ambas naciones norteamericanas es el caso García Luna.

Y es que desde siempre se ha documentado el manejo a conveniencia y a modo de las agencias norteamericanas para combatir a las organizaciones criminales sin que demuestren su interés por erradicarlo.

En esta segunda y última entrega se demuestra lo anterior y evidencia la urgente necesidad de replantear las políticas antidrogas de ambos países si en realidad se quiere llevar a cabo una verdadera lucha antidrogas en la zona Norte del continente americano.

Genaro García Luna, tan solo fue un eslabón más en la cadena productiva que entrelazan a la política con el mundo criminal.

La relación de un capo de la talla de Arturo Beltrán Leyva con García es la prueba fehaciente de lo anterior y que podría llevar a revelar la relación de al menos Dos ex presidente mexicanos con altos jefes criminales.

Arturo Beltrán Leyva, que dirigió esa organización hasta su muerte en una redada de los Infantes de Marina mexicanos en 2009, estaba tan confiado en que García Luna era empleado suyo que lo reprendió después de que uno de sus hermanos fue detenido, declaró Sergio Villarreal Barragán “El Grande”.

El traficante dijo que Cárdenas Palomino y otros lugartenientes de García Luna estaban también inmiscuidos en el plan.

En cierto momento, les dijo Villarreal a los investigadores de la DEA, García Luna se reunió con un grupo de traficantes de alto nivel en un rancho aislado y les informó que ya no podría aceptar su dinero, al menos por un tiempo.

Estaba recibiendo tanto dinero en efectivo que ya no tenía los medios para lavarlo, según declararon antiguos funcionarios familiarizados con su versión de los hechos.

Villarreal declaró bajo juramento y expuso información específica que los agentes pudieron corroborar posteriormente. Si sus acusaciones contra García Luna eran ciertas, esto sugería que todo el esfuerzo estadounidense por transformar la estructura policial de México podría haber estado condenado al fracaso desde el principio.

Conforme se incrementaban las declaraciones de Sergio Villarreal Barragán “El Grande”, las acusaciones contra García Luna se confirmaban y esto sugería que todo el esfuerzo estadounidense por transformar la estructura policial de México podría haber estado condenado al fracaso desde el principio, sugerían los altos mandos de la DEA.

Habían cobijado a un criminal que podría pertenecer a los grupos criminales desde que pertenecía al CISEN y antes de ser parte importante de la relaciones de la DEA con México.

Parte Dos

Autor Tim Golden

Redacción/CAMBIO 22

Un pequeño grupo de agentes de la DEA en Houston, donde Villarreal estaba siendo procesado, empezó a investigar el caso. Comenzaron a vigilar a García Luna en Miami, a donde se había mudado con su familia para establecer una firma de consultoría de seguridad y otros negocios. También descubrieron sus complicados enredos con un ejecutivo de seguridad mexicano, Samuel Weinberg, y el hijo de este, de quienes se descubrió que canalizaban fondos hacia algunas de las empresas de García Luna. Los Weinberg han negado haber actuado ilegalmente.

Como parte de sus esfuerzos por rastrear las finanzas de García Luna, los agentes descubrieron en Panamá que millones de dólares estaban siendo transferidos sospechosamente de cuentas en el extranjero a otras que García Luna parecía controlar en Miami, incluida una de un restaurante en el que parecía estar lavando dinero. A través de una empresa de los Weinberg, aparentemente se había facilitado la compra de la casa de $3.3 millones de dólares donde vivía García Luna en Golden Beach, al norte de Miami, pero fue él quien la eligió con un agente inmobiliario, según declaró un exfuncionario.

En 2013, un agente que supervisaba el caso fue enviado a Washington para presentar un informe ante la administradora de la DEA, Michele M. Leonhart. Ella no dudó en su evaluación del caso, recordó un antiguo funcionario familiarizado con la reunión. “Háganlo”, la citó el funcionario. “Asegúrense de que sea procesado”.

Pero mientras García Luna buscaba clientes para su empresa de seguridad, estudiaba una maestría en administración de empresas en la Universidad de Miami y disfrutaba de su nueva vida, los investigadores de Houston obtuvieron una respuesta menos entusiasta de los procuradores federales del Distrito Sur de Texas, con sede en esa ciudad.

Los procuradores no estaban particularmente interesados en un caso histórico de corrupción, dijeron tres exfuncionarios, y pensaban que los agentes no habían reunido pruebas suficientes para condenar a una figura con un perfil tan alto como García Luna.

El Distrito Sur consideró que no había suficiente información para acusarlo, dijo Whipple, exjefe de la DEA en Houston. “No pudimos lograr que lo procesaran”.

Whipple y otros supervisores del caso alentaron a los agentes para que siguieran adelante, pero estos avanzaron lentamente. La información de finanzas era compleja y se complicaba por la dificultad de obtener expedientes en el extranjero. Los agentes entrevistaron a algunos traficantes mexicanos encarcelados y a otros posibles testigos.

Sin embargo, a pesar de las pruebas adicionales, los fiscales de la oficina de Houston siguieron considerando que la evidencia era insuficiente para procesar a un objetivo tan formidable como García Luna, dijeron los funcionarios. Una portavoz de la oficina del procurador federal, Angela Dodge, se rehusó a hacer comentarios sobre cómo sopesaron el asunto de García Luna, pero dijo: “Consideramos cada caso basándonos en las pruebas y en lo que se puede demostrar más allá de cualquier duda razonable en un tribunal de justicia”.

Con el tiempo, sin embargo, los investigadores de la DEA empezaron a perder la iniciativa, según los funcionarios.

“Cuando has seguido todas las pistas que has podido encontrar y los fiscales dicen que no es suficiente, las cosas se estancan”, dijo Whipple.

“Yo creía que habíamos reunido todos los elementos necesarios. Pero lo dejaron en segundo plano hasta que algo estallara… y el caso del Chapo por fin estalló”.

Al principio del juicio de Guzmán en el Distrito Este, un antiguo lugarteniente de Sinaloa, Jesús Zambada García, declaró que se había reunido con García Luna dos veces en un restaurante de la Ciudad de México para entregarle maletines llenos de dinero, cada uno con más de $3 millones de dólares. Esa revelación y otras hicieron que el procurador federal Richard P. Donoghue diera instrucciones a sus fiscales para que empezaran a abrir casos contra García Luna y otros funcionarios mexicanos corruptos.

Jesús Zambada García, antiguo lugarteniente del cártel, declaró en otro juicio que se había reunido en dos ocasiones con García Luna para entregarle maletines llenos de dinero, cada uno con más de $3 millones de dólares.

Esos fiscales y los investigadores con quienes trabajaban no tardaron en encontrar el caso que se había elaborado en Houston. Uno de los agentes de la DEA y un analista de delitos financieros les entregaron con entusiasmo todo el trabajo que habían realizado durante los siete años anteriores.

Un gran jurado federal de Brooklyn acusó en secreto a García Luna por el delito de conspiración relacionada con drogas. Fue arrestado en Dallas el 9 de diciembre de 2019.

 

 

 

Fuente * ProPublica

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* ProPublica es un medio independiente y sin ánimo de lucro que produce periodismo de investigación en pro del interés público.
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