Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

El 16 de septiembre de 2022, el gobierno federal volvió a utilizar el poder propagandístico de las dos cadenas televisivas del país para ensalzar a las fuerzas armadas del país y convencer a la opinión pública que la mejor opción para México es que la Guardia Nacional esté bajo la dirección de la Secretaría de la Defensa Nacional y que los militares permanezcan en las calles durante diez años y no durante cinco como lo estableció el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019.

Una de las promesas de la campaña de Andrés Manuel López Obrador que lo llevó a ganar las elecciones presidencial el primero de julio de 2018 fue que los militares regresarían a sus cuarteles en contraposición a las políticas puestas en marcha por sus antecesores Felipe Calderón Hinojoza (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI), sin embargo, a los pocos meses de asumir el cargo decidió prolongar por cinco años la presencia militar en tareas de seguridad pública, pero ahora dice que requiere que el Ejército y la Marina realicen tareas de seguridad pública por diez años y no por cinco, simplemente porque cambio de opinión.

Si el gobierno de la 4 Transformación requiere al Ejército en las calles para gobernar y diseñar sus políticas de seguridad pública, no le encuentro ninguna diferencia a lo que hizo Felipe Calderón Hinojoza cuando decidió que con los militares pacificaría el país, pero ahora, le darán a las cúpulas militares el control de la Guardia Nacional que requiere para su operación de un presupuesto multimillonario; al Ejército se le está convirtiendo en una gran empresa constructora, se le ha dado la administración de las aduanas, mientras que se hace todo lo que está al alcance gubernamental para guardar silencio sobre el papel represor de las fuerzas armadas mexicanas.

Como en los tiempos de los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, tanto Televisión Azteca como Televisa disponen tanto de tiempos oficiales como de tiempos pagados por el mismo gobierno para vender la imagen “bonita” de las fuerzas armadas, con tal de que la opinión pública se convenza que el plan de militarizar al país que tiene López Obrador es la mejor opción.

Tanto el Ejército Mexicano, como la Armada de México tienen pendiente que expliquen la desaparición de más de 600 personas durante la llamada guerra sucia durante la década de los años setenta del Siglo XX; así como su participación directa en los sucesos de 1968 y 1971 cuando fueron detenidos y asesinados decenas de estudiantes y opositores al régimen; otro pendiente que tienen es el silencio y complicidad que han guardado con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

Las televisoras han presumido el incremento de sus audiencias durante los días 15 y 16 de septiembre cuando el gobierno les encargó elevar la imagen del Ejército, utilizando como pretexto el 212 aniversario del inicio del movimiento de independencia de México.

La minuta de la Cámara Federal de Diputados que amplía el plazo para que las Fuerzas Armadas puedan participar en tareas de seguridad pública, llegó el pasado 14 de septiembre al Senado de la República, instancia que la turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, para que elabore el dictamen correspondiente y la suba al pleno, donde el presidente de la República cuenta con los votos de la mayoría absoluta de MORENA y los de sus aliados del PRI, pero aún le faltan diez votos para obtener la mayoría calificada. El Senado volverá a sesionar para el próximo 20 de septiembre, para cuando se espera que ya se haya negociado con la oposición los votos faltantes.

Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador le urge la aprobación de esta reforma constitucional, porque de lo contrario, para marzo de 2023 tendrían que regresar alrededor de 200 mil elementos del Ejército y de la Marina a sus cuarteles, por lo que “habría un problema serio” de inseguridad, declaró el morenista Ricardo Monreal, presidente del Senado.

El pasado 9 de septiembre, la Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, expresó su preocupación por la decisión del Congreso de México de ceder el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Recordemos que ese día, el Senado mexicano aprobó un paquete de reformas legislativas secundarias para transferir el control operativo, presupuestario y administrativo de la Guardia Nacional, cuyo carácter civil está consagrado en la Constitución, a la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigida exclusivamente por militares.

“Las reformas dejan efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México. Los mecanismos de derechos humanos han señalado claramente que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes”, dijo Al-Nashif.

La representante de la Organización de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, recordó que, aunque la militarización de las fuerzas de seguridad ha ido aumentando de forma constante en México desde 2006, esto no se ha traducido en una reducción sostenible de la criminalidad, sino que ha provocado un aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas.

“Las fuerzas de seguridad deben estar subordinadas a las autoridades civiles. Es preocupante que las reformas aprobadas no incluyan ninguna disposición que garantice la supervisión civil de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que plantea preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos, incluso sobre la rendición de cuentas”, advirtió Al-Nashif.

 

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