El Auditor Superior de Quintana Roo Dedicó sus Esfuerzos a Encontrar Irregularidades a la Administración de Lili Campos Miranda

• Miguel Cheluja Martínez informó que casi la totalidad de los recursos mal ejercidos que detectó en las cuentas públicas del 2023, el 81.4 %, corresponden al ayuntamiento de Solidaridad.

• Su fiscalización muestra sesgo político, ya que no reporta observaciones sin solventar en las dependencias del gobierno del estado y en los ayuntamientos gobernados por Morena y el PVEM, contrario a lo que resultaba en fiscalizaciones de años anteriores.

• Entre las que salieron “limpias” está la administración de su exjefa, la alcaldesa de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, de cuya fiscalización Cheluja Martínez formalmente tuvo que hacerse a un lado por conflicto de interés, debido a que en el año auditado fue su tesorero municipal.

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 18 de febrero.- La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) presentó al Congreso del Estado el Informe General Ejecutivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2023, en la que, sin tener todavía cifras definitivas, apunta a que su principal objetivo será la administración que encabezó Lili Campos Miranda con las siglas del PAN en el municipio de Solidaridad, pues le atribuyó el 81.4 % de todas las irregularidades de ejercicio del presupuesto público que detectó en las auditorías que practicó a un total de 101 entes fiscalizables.

El auditor superior, Miguel Zogby Cheluja Martínez, informó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso del Estado que a la fecha de entrega se tienen observaciones no solventadas sobre ejercicios de presupuesto que no se respaldaron correctamente por 213 millones 642 mil 843 pesos, y de este total 174 millones de pesos corresponden al ayuntamiento de Solidaridad, que en el 2023 estaba gobernado por Lili Campos, de modo que resultada que casi la totalidad de los recursos mal ejercidos en el estado durante ese año corresponden solamente a esa administración.

En contraste, y a diferencia de las fiscalizaciones que se realizaron en años anteriores, Cheluja Martínez no encontró irregularidades en ninguno de los gobiernos municipales morenistas-verdes ni en el gobierno del estado, y mucho menos en el que encabeza su anterior jefa en Othón P. Blanco, la alcaldesa Yensunni Martínez Hernández, cuya revisión, por cierto, supuestamente no encabezó formalmente, por haberse “excusado” de participar en la fiscalización de la cuenta pública municipal, debido al conflicto de interés que representa que él fue su tesorero municipal en el año fiscalizado.

De hecho, una de las primeras acciones que tomó cuando asumió el cargo de auditor superior fue emitir, en septiembre del 2024, un acuerdo por el cual delegó a los auditores especiales en materia financiera, obra pública y desempeño, y a la dirección de Control y Seguimiento de Resultados de Fiscalización de la Aseqroo, su facultad para llevar a cabo la fiscalización de la cuenta pública 2023 del ayuntamiento de Othón P. Blanco.

De todos los ayuntamientos cuatroteístas, que en fiscalizaciones de años anteriores presentaron alguna observación, en esta ocasión el único en el que el auditor superior reportó observaciones sin solventar fue el de Benito Juárez, al cual le observó la pequeña cantidad de 9 millones 280 mil pesos.

Y en el caso del gobierno del estado, donde de manera recurrente han existido observaciones en dependencias como la Sedarpe o el Consejo de Promoción Turística, en esta ocasión no reportó observaciones en dependencias de la administración central, sino sólo en organismos descentralizados.

En este sentido, el auditor dijo que en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) se tienen observaciones por 3 millones 371 mil pesos; en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (Uimqroo), 11 millones 400 mil pesos; en la Universidad Politécnica de Quintana Roo (Uprqroo), 9 millones 600 mil pesos; en la Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC), 931 mil pesos; en la Universidad Tecnológica de Chetumal, 568 mil pesos; en el Instituto para la Educación de los Jóvenes y Adultos (IEEJA), 5 mil pesos; y en el Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto, 156 mil pesos.

También informó observaciones en un organismo paramunicipal, el Instituto para la Cultura y las Artes de Solidaridad, por 493 mil pesos, y llamativamente ninguna en los organismos paramunicipales de Benito Juárez, que son más y con más recursos en ejercicio, y que por lo mismo ordinariamente resultaban con observaciones cada año.

Es importante señalar que la cifra de observaciones sin solventar presentada Cheluja Martínez no es definitiva, sino preliminar, puesto que todavía faltan 30 días de plazo para que los entes responsables del último paquete de informes individuales presentado hagan llegar documentación que intente solventar los montos observados, así como el período para evaluarla, que puede extenderse hasta por 120 días.

De hecho, en su informe de resultados el auditor superior indicó que primero había realizado observaciones por 227 millones 894 mil pesos, mismos que antes de la fecha de entrega del Informe General Ejecutivo se habían reducido a los 213 millones 642 mil pesos que reportó en esta reunión con los diputados y las diputadas.

No obstante, dado el sesgo político que ya muestra la fiscalización de la cuenta pública del 2023, todo indica que no habrá mucha reducción en la cifra que le ha observado a la administración que encabezaba Lili Campos Miranda en Solidaridad, ya que allí hubo cambio de partido gobernante, y el gobierno de la “kiwi” (verde-morenista) Estefanía Mercado Ascencio seguramente no va a colaborar en presentar documentación que ayude a solventar dichas irregularidades, sino que se dejará correr el proceso hasta que sean los exfuncionarios responsables los requeridos personalmente para aclarar los presuntos faltantes.

Eso sucederá cuando las observaciones sin solventar sean puestas en manos de la Unidad de Investigación de la Aseqroo, la cual ya no haría requerimientos a las instituciones públicas, sino directamente a las personas que eran responsables de las áreas donde quedaron los montos observados, luego de lo cual, de no quedar solventados, se presumirán daños a la hacienda pública y se seguirá el curso de abrir denuncias administrativas en las contralorías o el Tribunal de Justicia Administrativa o Anticorrupción, e inclusive penales, ante la Fiscalía Anticorrupción.

Mientras tanto, la primera fiscalización reportada por Miguel Zogby Cheluja tiene la señal del retorno del uso político del órgano superior de fiscalización, en esta ocasión en contra de los adversarios de los gobiernos de la 4T y en protección de éstos, de la misma forma que ya se nota en las acciones de la Fiscalía General y el Poder Judicial del Estado.

franciscohcambio22@gmail.com

JFCB/RHM