Ejidatarios Exigen Investigar a Prestanombres de Excomisariado por Ecocidio en el Estero de Chac

Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 22 de julio.- Ejidatarios del poblado Juan Sarabia solicitaron la intervención urgente de las autoridades estatales y federales para investigar a presuntos prestanombres vinculados al excomisariado ejidal Ernesto Haro Gutiérrez, a quien responsabilizan directamente por el ecocidio ocurrido en el Estero de Chac, donde se han devastado humedales y manglares sin autorización ambiental.

Los denunciantes, que prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias, señalaron que familiares y allegados de Haro Gutiérrez, deben ser investigados como parte de una red que habría operado para apoderarse ilegalmente de terrenos aledaños a la laguna de Bacalar.

Aseguran que, tras las inspecciones realizadas por autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema), encabezada por Oscar Rebora, se ha intentado ocultar la identidad del verdadero propietario de las tierras rellenadas.

De acuerdo con los testimonios, el propio Ernesto Haro habría coordinado y supervisado personalmente el relleno de los terrenos, utilizando maquinaria pesada y volquetes para sepultar kilómetros de ecosistemas costeros. Además, se le acusa de haber bloqueado el flujo natural de agua entre la laguna de Bacalar y el río Hondo, generando un grave daño ecológico.

Los ejidatarios señalaron que, ante la presión de las investigaciones, Haro Gutiérrez intenta transferir la propiedad a nombre de Francisco Cota Marcial, identificado como su prestanombres, con el fin de evadir sanciones legales.

“Desde su periodo como comisariado, Cota Marcial ha servido como fachada para apropiarse de predios de alta plusvalía. Pasó de vivir con lo básico a volverse rico al asociarse con ese grupo que saquea el ejido”, denunciaron.

Uno de los exejidatarios, identificado como David “N”, relató que el terreno en cuestión, ubicado detrás del antiguo campamento de la SCT, es propiedad nacional y fue despojado bajo amenazas a quienes lo poseían desde hace años. Haro Gutiérrez, aseguran, elaboró documentos irregulares a nombre de su esposa y procedió a rellenar la zona aprovechando la vegetación para ocultar la actividad.

La indignación ha escalado entre los ejidatarios por la actitud desafiante del excomisariado, quien, según afirman, presume públicamente su impunidad incluso bajo los efectos del alcohol y sustancias.

Los afectados piden al Gobierno de Quintana Roo que intervenga para frenar el saqueo del ejido y recuperar los terrenos que, aseguran, fueron despojados a sus legítimos propietarios, muchos de los cuales han fallecido sin justicia.

Las autoridades ambientales y de procuración de justicia tienen ahora la responsabilidad de esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y detener el avance de la impunidad en una de las zonas ecológicas más sensibles del sur de Quintana Roo.

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