• El DOJ identificó sobornos en efectivo y artículos de lujo que favorecieron contratos por más de 2.5 millones de dólares entre 2019 y 2021.

 

  • El caso se enmarca en la investigación del “huachicol fiscal” y genera reacciones en México, donde la Presidencia asegura que los contratos irregulares no se ejecutaron.

 

Redacción/ CAMBIO 22

Ciudad de México, 8 de septiembre de 2025.– El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer el pasado 11 de agosto la imputación formal contra Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61 ex candidato a Gobernador de Campeche, por su presunta participación en un esquema de sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Pemex Exploración y Producción (PEP).

De acuerdo con la acusación presentada en la Corte del Distrito Sur de Texas, ambos empresarios, residentes en Texas, habrían ofrecido y entregado al menos 150 mil dólares en sobornos, además de bienes de lujo como relojes Hublot, bolsos Louis Vuitton y hasta una caminadora valuada en 26 mil dólares, a cambio, funcionarios de Pemex y PEP intervinieron para favorecer a empresas vinculadas a Rovirosa, lo que derivó en contratos por más de 2.5 millones de dólares entre 2019 y 2021.

El DOJ precisó que Rovirosa, con residencia en The Woodlands, Texas, fue arrestado y presentado ante un juez, mientras que Ávila permanece prófugo.

Ambos enfrentan un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres violaciones sustantivas a la misma ley, con penas de hasta cinco años de prisión por cada cargo.

Los documentos judiciales señalan que parte de la operación quedó registrada en mensajes de WhatsApp, utilizados como prueba del esquema de corrupción.

Paralelamente, investigaciones periodísticas revelaron que Rovirosa controla el campo petrolero VC-01 en Veracruz, que desde 2020 ha generado más de 1.2 millones de dólares en ingresos, aunque entre junio de 2024 y mayo de 2025 no reportó pago de regalías a Pemex.

Reacciones en México

El caso se suma a la investigación en curso sobre el “huachicol fiscal”, que ha exhibido redes de corrupción en el sector energético, al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los contratos señalados por la justicia estadounidense “no se llevaron a cabo” y anunció la revisión y eventual cancelación de acuerdos irregulares en Pemex.

Estado actual del proceso

El Departamento de Justicia subrayó que la imputación es por ahora una acusación formal, y que los señalados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

Las investigaciones continúan tanto en Estados Unidos como en México, donde se revisan contratos y posibles responsabilidades administrativas y penales vinculadas a este entramado.

Aunque las autoridades nacionales no han confirmado cargos por secuestro o vínculos con grupos criminales, en regiones como Villahermosa, Tabasco según testimonios y denuncias locales se le atribuyen prácticas de intimidación y despojo de contratos en complicidad con células del crimen organizado, lo que forma parte de las líneas de investigación periodística en curso.

Traducción Oficial del Comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos

La siguiente es una traducción íntegra al español del comunicado emitido en inglés por el Departamento de Justicia de EE. UU., fechado el 11 de agosto de 2025.

Dos ciudadanos mexicanos acusados de sobornar a funcionarios de energía de una empresa estatal

Lunes, 11 de agosto de 2025
Para publicación inmediata
Oficina de Asuntos Públicos

Acusados que residen en Texas presuntamente sobornaron a PEMEX para obtener contratos lucrativos

Una acusación formal fue abierta hoy en el Distrito Sur de Texas contra dos empresarios mexicanos por su participación en un presunto esquema de sobornos para retener y obtener negocios relacionados con Petróleos Mexicanos (PEMEX), la empresa petrolera estatal de México, y Pemex Exploración y Producción (PEP), la subsidiaria de exploración y producción de propiedad total de PEMEX.

“Se alega que los acusados —ciudadanos extranjeros que residen en EE. UU.— sobornaron a funcionarios mexicanos con el fin de manipular el proceso de licitación y asegurar millones de dólares en contratos lucrativos y otras ventajas”, dijo Matthew R. Galeotti, Fiscal General Adjunto Interino de la División Criminal del Departamento de Justicia. “Esta acusación debería enviar un mensaje claro de que la División Criminal no tolerará a quienes enriquecen a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento de la competencia justa.”

“El soborno daña la competencia leal, erosiona la confianza pública y no será tolerado”, señaló José A. Pérez, Director Adjunto de la División de Investigación Criminal del FBI. “La acusación de hoy subraya el compromiso del FBI, y de nuestros socios en la aplicación de la ley, con la equidad para las comunidades en Texas y más allá.”

Según documentos judiciales, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, de The Woodlands, Texas, ciudadano mexicano y residente legal permanente en EE. UU., y Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61 años, de Spring, Texas, ciudadano mexicano y residente legal permanente en EE. UU., junto con otros, presuntamente conspiraron para pagar y ofrecieron pagar al menos 150,000 dólares en sobornos a funcionarios de PEMEX y PEP con el fin de obtener y retener negocios de PEMEX y PEP para empresas asociadas con Rovirosa.

Entre al menos 2019 y hasta por lo menos 2021, Rovirosa, Ávila y sus co-conspiradores presuntamente ofrecieron y pagaron sobornos en forma de artículos de lujo, incluyendo de Louis Vuitton y Hublot, pagos en efectivo y otros bienes valiosos, a por lo menos tres funcionarios de PEMEX y PEP, a cambio de que dichos funcionarios tomaran ciertas acciones para ayudar a empresas asociadas con Rovirosa a obtener y mantener negocios con PEMEX y PEP. Estas ventajas indebidas ayudaron a las empresas vinculadas con Rovirosa a obtener contratos con PEMEX y PEP por un valor de al menos 2.5 millones de dólares.

Rovirosa y Ávila están cada uno acusados de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) y de tres violaciones sustantivas de la FCPA. Si son declarados culpables, cada acusado enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo. Un juez federal determinará cualquier sentencia tras considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales. Tras su arresto, Rovirosa fue procesado hoy. Ávila se encuentra prófugo y sigue en libertad.

El FBI y HSI están investigando el caso, con la asistencia de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC). La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó asistencia crítica en este caso.

Los Abogados Litigantes Lindsey D. Carson, Abdus Samad Pardesi y Paul G. Ream de la Sección de Fraudes de la División Criminal, junto con el Fiscal Federal Adjunto Brad Gray del Distrito Sur de Texas, están procesando el caso.

La Sección de Fraudes es responsable de investigar y procesar asuntos relacionados con la FCPA y la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA). Información adicional sobre los esfuerzos de aplicación de la FCPA y la FEPA por parte del Departamento de Justicia se puede encontrar en: www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act.

Una acusación es meramente una alegación. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

Con Traducción e información del Sistema de Noticias CAMBIO 22
GCH

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