EE.UU. Declara Guerra Cultural Al Narcotráfico: Música Regional En La Mira
18 Abr. 2025
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Trump lanza ofensiva contra artistas y corridos que glorifican a los cárteles mexicanos
Redacción/ CAMBIO 22
Estados Unidos ha intensificado su ofensiva contra lo que denomina la narcoindustria del entretenimiento, apuntando no solo contra organizaciones criminales, sino contra los artistas, promotores y representantes que, de forma directa o indirecta, contribuyen a la legitimación cultural, económica y simbólica de los cárteles del narcotráfico.
Así lo expuso la periodista Anabel Hernández en el episodio 38 de su podcast Narcosistema. Según la investigación presentada por la investigadora, el gobierno estadounidense, de la mano del presidente Donald Trump, ha adoptado una nueva línea de acción centrada en la música regional mexicana, especialmente los narcocorridos y los corridos bélicos, al considerar que este género musical funciona como una plataforma de glorificación del crimen organizado, y como mecanismo de lavado de dinero vinculado a organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El caso que desató la tormenta: Jesús Pérez Alvear y Ángel del Villar
La ofensiva legal tomó fuerza a partir de una investigación federal que involucra al promotor mexicano Jesús Pérez Alvear, conocido como “Chucho Pérez”, y al empresario mexicano-estadounidense Ángel del Villar, director de la disquera Del Records y de la agencia de representación artística DEL Entertainment.
Pérez Alvear, quien organizaba conciertos de música regional en ferias y palenques a través de su empresa Gallística Diamante, fue señalado como narcotraficante especialmente designado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 6 de abril de 2018. Se le acusó de usar la industria del espectáculo para lavar dinero para el CJNG y el grupo Los Cuinis, además de promover actividades que glorificaban el narcotráfico.
A pesar de esa designación, Del Villar mantuvo relaciones comerciales con Pérez Alvear. La fiscalía del Distrito Central de California presentó pruebas de que, entre septiembre de 2018 y enero de 2019, Del Villar y su socio Luca Scalisi, director financiero de DEL Entertainment, autorizaron y ejecutaron pagos y contratos con Pérez Alvear, violando la Ley Kingpin, que prohíbe todo tipo de relación financiera con individuos sancionados por narcotráfico.
Uno de los eventos citados fue la participación del cantante Gerardo Ortiz en la Feria de San Marcos de 2018 en Aguascalientes, organizada por Pérez Alvear. Según se dijo en el juicio contra Ángel del Villar, Gerardo Ortiz intentó cancelar su presentación tras una advertencia que recibió por parte de las autoridades estadounidenses, pero fue enviado a cantar de todos modos.
En junio de 2022, la corte federal de California inició un proceso penal contra Pérez Alvear, Ángel del Villar, Luca Scalisi y las empresas Gallística Diamante y DEL Entertainment por conspiración para lavar dinero. Un año después, en marzo de 2023, Pérez Alvear firmó un acuerdo de culpabilidad, aceptando haber lavado dinero para el CJNG y comprometiéndose a testificar contra Del Villar y Scalisi.
Pero no llegó a hacerlo. El 4 de diciembre de 2024, Pérez Alvear fue ejecutado en un restaurante de lujo de Polanco, en Ciudad de México, por dos sicarios armados, mientras comía a plena luz del día.
El juicio contra Del Villar siguió adelante. El 27 de marzo de 2025, un jurado lo declaró culpable de conspirar para realizar transacciones con propiedad de un narcotraficante designado, y de diez cargos más por violaciones a la Ley Kingpin. Según testigos, Del Villar usaba los conciertos en México como medio para que los cárteles lavaran dinero en efectivo, intercambiando ganancias en pesos por dólares recaudados en Estados Unidos sin mover físicamente el dinero entre países.
Los cantantes en la mira de EEUU
A la par del proceso judicial, EEUU activó una serie de sanciones migratorias y revisiones legales contra artistas que, según la información obtenida por Anabel Hernández, han participado en eventos privados organizados por narcotraficantes, interpretado canciones que glorifican a capos o mantenido relaciones comerciales con figuras del narco.
Hernández sostiene que esta acción se fundamenta en la política de seguridad nacional que, desde la designación del Cártel de Sinaloa y el CJNG como organizaciones terroristas extranjeras, considera a quienes promuevan su imagen o faciliten sus operaciones como posibles colaboradores de grupos terroristas.
A continuación, el listado de los cantantes actualmente bajo la mira del gobierno estadounidense, según lo revelado por la autora de Los Señores del Narco:
Fuente: Infobae
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