Jimena Madrigal/ CAMBIO 22

La falta de acción de las autoridades quedó nuevamente expuesta en el caso de Francisca Mariner Patrón, joven reportada como desaparecida en Cancún en 2020 y localizada sin vida, pero cuyo cuerpo permaneció cuatro años en el Servicio Médico Forense sin ser identificado.

Este martes, tras varias horas de audiencia dos servidores públicos fueron vinculados a proceso por presuntas omisiones y negligencias que impidieron avanzar en la investigación y que mantuvieron a la familia en incertidumbre durante años.

De acuerdo con María Patrón Pat, madre de la víctima y presidenta del colectivo Madres Buscadoras, el fiscal de Homicidios Luis Fernando “N” fue quien realizó el levantamiento del cuerpo bajo el número 0441.

Desde un inicio, los estudios antropológicos determinaron que se trataba de una mujer de entre 16 y 20 años, sin embargo, el funcionario no ordenó la realización del perfil genético, ni turnó la carpeta al área de feminicidios, lo que habría permitido la identificación oportuna.

La madre denunció además que, cuando la Unidad de Personas Desaparecidas solicitó información sobre posibles coincidencias con las características físicas de Francisca, el fiscal negó tener algún cuerpo que coincidiera, a pesar de que la evidencia antropológica ya apuntaba a esa posibilidad.

El segundo cargo recae sobre la agente del Ministerio Público, Maribel “N”, quien mantuvo la carpeta de investigación sin avances desde hace cuatro años y seis meses, sin diligencias ni esfuerzo para esclarecer el paradero de la joven.

Para la familia, esta falta de trabajo representó años de silencio, espera y ausencia de respuestas, aun cuando el cuerpo de Francisca sí había sido localizado.

Ambos funcionarios deberán firmar mensualmente y no podrán salir del estado como parte de las medidas cautelares impuestas.

La familia y colectivos de búsqueda consideran que esta vinculación refleja sólo una parte de una cadena más amplia de negligencias.

Para María Patrón, el caso no fue un error aislado, sino el resultado de omisiones institucionales que siguen repitiéndose en Quintana Roo y en el país.

“Los cuerpos están ahí, pero las autoridades no los buscan, no hacen su trabajo, por eso las familias somos las que tenemos que tocar puertas, preguntar, presionar, así vivimos cuatro años sin saber que mi hija estaba en el Semefo”.

Colectivos advierten que este caso es la prueba de que las desapariciones no sólo duelen por la pérdida, sino por la indiferencia con que las autoridades actúan.

La madre de Francisca adelantó que seguirán exigiendo que se investigue y sancione a todos los responsables.

 

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx

RHM

 

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