“Donde el Agua Llega y No Entra la Ayuda”

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• Ejercito retiene la ayuda humanitaria en Veracruz

Alfredo Griz/CAMBIO 22

La lluvia vino primero como un rumor de metal en los techos y luego como un río que vino por las calles. Las calles de varios municipios del norte de Veracruz —Poza Rica, Álamo, Tihuatlán y poblaciones aledañas— quedaron sumergidas; casas convertidas en islas, autos flotando, patios de tierra que dejaron de ser terrenos para convertirse en cementerios líquidos. La gente sacó lo poco que pudo y esperaba, con bolsas y pantalones empapados, que la ayuda viniera: lonas, agua embotellada, despensas, gasolina para las bombas de achique. Pero, dicen vecinos y voluntarios, la ayuda que venía por sus propios medios —por camionetas, triciclos y camionetas de colectivos— se topó con filas de cascos y camiones blindados. Hay videos que lo muestran: camionetas detenidas, manos que suplican, soldados que inspeccionan y cierran el paso.

La escena que repite

Entre octubre y la segunda quincena del mes, circularon en redes y en cadenas de WhatsApp varios clips que se volvieron emblema de la indignación local: voluntarios grabando con el teléfono cómo militares detienen su camioneta cargada de despensas y los obligan a esperar a que “la autoridad” pase a registrar y entregar. En algunos casos, según las publicaciones, los soldados devolvían a los vehículos hacia centros de acopio oficiales o simplemente no permitían el ingreso a colonias anegadas hasta que se “autoricen” las rutas. Los reclamos públicos —de figuras locales como ex candidatos, influencers y youtubers que viajaron con apoyo— fueron airados: “Nos paran y nos regresan, pero ellos no traen nada”, decía una de las publicaciones.

Es imposible, en un primer barrido, aceptar todas las imágenes como pruebas incontestables: muchos videos llegan sin metadatos, sin autoría verificable; otros están recortados. Pero la repetición de grabaciones desde distintos teléfonos y distintos puntos del estado produce un patrón inquietante: en varios casos las mismas rutinas de control y las mismas excusas administrativas se repiten. Periodistas locales han recogido testimonios que hablan de “bloqueos” temporales y de “puntos de control” militares que impiden a la sociedad civil llevar ayuda directamente a las comunidades.

La respuesta oficial y el marco legal

Del otro lado del espejo institucional está la Sedena y las comunicadodel gobierno federal: se activó el Plan DN-III-E, la regla técnica por la que el Ejército y las Fuerzas Armadas operan en desastres para auxilio a la población. La Sedena ha emitido comunicados públicos donde enumera operaciones aéreas, remoción de escombros, brigadas de búsqueda y rescate, y la atención a albergues. El gobierno federal, por su parte, desplegó miles de efectivos y anunció un paquete de apoyo económico a las familias damnificadas.

Los comunicados oficiales insisten en dos ideas que funcionan como sus priorizaciones: control logístico (centralizar recepción y entrega para evitar duplicidad y desperdicio) y seguridad (evitar que el ingreso de vehículos y personas no coordinadas provoque riesgos en zonas inestables). En la práctica, eso se traduce en la instalación de cordones militares en puntos estratégicos cuando la marea baja lo permite. La Sedena informa que decenas de operaciones aéreas y miles de efectivos han sido desplegados en la región.

Entre la ayuda y la violencia: el factor de la inseguridad

A la mezcla de lluvia y burocracia se suma un factor que en Veracruz no puede ignorarse: la presencia —documentada en video y denuncia periodística— de grupos armados que, en ocasiones, han repartido ayuda con su propio sello, lo que transforma la distribución de despensas en una maniobra de legitimación territorial. El propio contexto de inseguridad ha motivado, según fuentes oficiales y analistas, que los mandos militares restrinjan el paso de convoyes no verificados para evitar que el ingreso de voluntarios provoque enfrentamientos o que grupos delictivos aprovechen la movilización para posicionarse. Un ejemplo público reciente: en la región circularon registros de hombres con apariencia militar o uniforme repartiendo ayuda, hechos que alarmaron tanto a autoridades como a ciudadanos.

Esa condición —delincuencia organizada actuando como ‘auxilio paralelo’— complica la ecuación humanitaria: los pobladores quieren comida, pero temen que aceptar ayuda ligada a un grupo armado sea aceptar su control. Las autoridades, por otro lado, blanden la lógica del “orden” para justificar controles que, en la práctica, bloquean a los ciudadanos. La tensión es evidente: ¿a quién protege el control? ¿A la gente, o a la institucionalidad que necesita mostrar que la ayuda “pasa por canales oficiales”?

El mapa de fuerzas: números y realidades

Los diarios de circulación nacional registraron despliegues importantes: entre los reportes más citados se habla de miles de elementos de Ejército, Marina y Guardia Nacional desplegados en diversas entidades afectadas, y centros de acopio instalados en sedes oficiales. La Jornada, Milenio y El Universal consignaron el refuerzo de tropas en Poza Rica y municipios vecinos ante la emergencia. Al mismo tiempo, el gobierno central anunció fondos millonarios para damnificados. Es un dato que atestigua capacidad estatal y la intención de respuesta masiva; sin embargo, los damnificados se preguntan por qué, si tanto recurso humano y financiero existe, la ayuda no aterriza en las colonias.

Historias que explican la furia

En la colonia X —nombre que se reserva por seguridad— una vecina que pidió no ser identificada relata: “Llegamos a la plaza con agua y pañales, nos vieron venir y no nos dejaron pasar. Nos dijeron: ‘Cómo se los llevarán, mejor entréguenlo aquí’. Entregamos y dos horas después vimos a otras personas comiendo lo mismo: se quedó en los cuarteles, no llegó a las casas”. Casos como este se multiplican: relatos de voluntarios que dicen haber sido desviados a bodegas, de despensas sin destinatarios y de rutas cerradas “por seguridad”. Periodistas locales recogen el dolor y la rabia: en redes, los gritos dicen que la ayuda existe pero no llega.

La trampa logística y la narrativa política

La centralización del auxilio tiene sentido técnico: censar, priorizar y entregar. Pero en los desastres la percepción es tan poderosa como la técnica. Cuando el Estado decide que “la ayuda entrará por aquí y por nadie más”, la sociedad lo recibe como exclusión. Además, la mezcla con color político —imágenes de camiones con logos partidistas, denuncias de reparto con colores de gobiernos locales— añade combustible a la desconfianza. El resultado es cruel: la gente que se organiza para llevar pan y agua choca con un aparato que exige papeles, listas y verificaciones; la necesidad, mientras tanto, no entiende de procesos.

Verificación y límites de la evidencia

Para sostener una acusación tan grave —“el Ejército no deja entrar la ayuda”— hay que diferenciar entre incidentes puntuales, medidas de control justificadas, y un patrón sistemático de retención. Las pruebas en redes insinúan un patrón: múltiples videos desde distintos puntos, testimonios locales y reclamos públicos. Pero la falta de archivo original en algunos casos y la posibilidad de manipulación informativa obligan al periodismo a pedir metadatos, testimonios firmados y bitácoras oficiales. En términos prácticos, lo que hoy hay es suficiencia para denunciar un problema serio y consistente (controles que impiden entregas ciudadanas), pero no todavía una sentencia absoluta de “bloqueo intencional y sistemático” sin la documentación administrativa que explique en cada punto quién ordenó qué y por qué.

Una pregunta de responsabilidad

Los grandes despliegues, las cifras y los comunicados del Estado dan la apariencia de que “algo” se está haciendo; la evidencia ciudadana y los videos muestran, por su parte, una experiencia cotidiana de bloqueo y frustración. Entre ambas realidades hay una fisura que las autoridades tendrían que cerrar con transparencia. Si la única explicación a la vista es la seguridad y la logística, esa explicación debe venir acompañada de datos claros: bitácoras, listas de recepción y rutas de entrega. Sin eso, la presencia del Ejército en las rutas de auxilio se lee —en voz de quienes lo sufren— como una barrera, no como un puente.

La lluvia se la llevó casi todo; lo que queda es la tarea de que la ayuda no se quede represada en la vereda del poder, y que la institucionalidad que promete socorro se gane la confianza con pruebas, no con palabras. La responsabilidad no es solo de quienes reparten, sino de los que controlan el acceso. En Veracruz, ahora, las preguntas son la urgencia más honda.

redaccionqroo@diariocambio22.mx

AFC/RCM