🔊 Escuchar la nota

 

• Necesariamente Incómoda

 

Graciela Machuca Martínez/ CAMBIO 22 

Cuando una administración gubernamental, como la 4T que controla los gobiernos de la mayor parte del país, saca de sus prioridades temas tan fundamentales para el desarrollo de una sociedad, como los derechos humanos, el mal ejemplo se esparce por todos los sectores del país y un ejemplo de esta lamentable situación se está viviendo en la Universidad Privada de la Península (UPP), plantel Felipe Carrillo Puerto, donde las autoridades universitarias están cometiendo acciones discriminatorias en contubernio con la Fiscalía de Quintana Roo en agravio del alumno Juan Carlos López Panti.

López Panti, quien vive con una discapacidad psicosocial permanente, certificada por autoridades del Sector Salud ha sido víctima de discriminación y malos tratos al interior del plantel, en el que trabajan docentes que también forman parte de la plantilla de personal de la vicefiscalía del estado de Quintana Roo en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Las quejas en tiempo y forma han sido presentadas en tiempo y forma al rector de la UPP Felipe Ortíz y a la directora del plantel Alma Uh, quienes hasta el momento no han querido intervenir a favor del alumno, pero si le han dado acceso a personal de la Fiscalía, sin orden judicial, a su expediente escolar y demás datos personales, lo que representa un delito, a pesar que el proyecto de la 4T sea vulnerar los datos personales de la ciudadanía, así como la transparencia y la rendición de cuentas.

La discriminación y malos tratos por parte de la Universidad, con la intervención de personal de la Fiscalía de Quintana Roo, se observa desde el momento que las autoridades universitarias no consideran las circunstancias del alumno que ha sido privado de su libertad, ha tenido recaídas en su estado de salud, además, de asuntos legales que ha tenido que enfrentar.

Juan Carlos López Panti considera que las autoridades de la universidad deben llevar a la práctica un trato diferenciado con él por su discapacidad permanente, sin embargo, “me envían a extraordinario la cual tiene un costo excesivo pero eso solo lo hacen conmigo y con demás compañeros gozan de privilegios más los que sus hijos trabajan en la fiscalía no asisten, no presentan examen y pasan con buen promedio”.

Esta inconformidad fue envidada a la rectoría y la dirección del plantel “y aún así, por mandarme a extraordinario baje de calificación y me quitaron gran parte de mi descuento por discapacidad permante”, a pesar, que “ahora ya cuento con mi credencial de discapacitad nacional emitido por el DIF Nacional”.

Tanto la Fiscalía de Quintana Roo como la Universidad Privada de la Península violaron sus datos personales, “siendo que eso únicamente una juez lo puede solicitar en relación a información si soy estudiante de la UPP, los pagos que realizó, las calificaciones, nombre de docentes y entrevistó a mis maestros y directora Alma, sobre como me comportó, sobre si saben que tengo una discapacidad, esto lo hizo la fiscal Silvia Alejandra May Cocom, quien ha manipulado carpetas en contra mía y la directora se prestó a esto, además, lo que buscaba la fiscal es desacreditar mi discapacidad que tengo legalmente documentada”.

En su escrito enviado por López Panti a las autoridades universitarias, presentó una “queja institucional para solicitar la restitución de derechos vulnerados, la aplicación inmediata de ajustes razonables, y dejar constancia expresa de una serie de actos, omisiones y conductas reiteradas que configuran trato discriminatorio, falta de inclusión, omisión institucional y afectación directa a mi salud, economía y trayectoria académica, pese a que mi condición de persona con Discapacidad Permanente debidamente acreditada es plenamente conocida por Dirección, Rectoría, Coordinación, docentes y personal administrativo”.

A través de ese documento, Juan Carlos López Panti, estudiante de Derecho de esa institución, recuerda a los directivos universitarios que cuenta “con Discapacidad Permanente de tipo psicosocial, misma que he acreditado desde hace tiempo mediante certificado médico del CRIQ DIF Estatal, notas médicas del IMSS por recaídas graves, y recientemente mediante mi Credencial Nacional de Discapacidad, la cual anexo al presente.

“Dicha documentación ha sido enviada en diversas ocasiones a la Lic. Jahaira Chuc, así como puesta en conocimiento directo de la directora Lic. Alma Un y de Rectoría, sin que hasta la fecha se hayan implementado medidas efectivas de inclusión ni ajustes razonables, persistiendo los malos tratos y actos discriminatorios”.

Enfatiza que el día que acudió “al área de cajas para realizar el pago de inscripción, a pesar de mis graves limitaciones económicas, manifesté mi voluntad de cumplir, solicitando únicamente prórroga en gastos administrativos, así como flexibilidad en el pago de inglés, dado que en el cuatrimestre anterior realicé el pago en dos exhibiciones (50% y 50%), situación que ya había sido aceptada previamente.

“Sin embargo, la Lic. Jahaira Chuc me informó que no podía autorizar ni confirmar descuentos, señalando que la Directora Lic. Alma Un se encontraba de vacaciones, que no podía ser contactada, que no contaba con su número telefónico, y que mi caso no era urgente, colocándome en un estado de indefensión administrativa, pese a tratarse de plazos académicos y económicos en curso”.

Asimismo, la empleada universitaria le indicó que no era su obligación mandar correo electrónico, “que lo haría solo cuando tuviera tiempo libre después de las 17:00 horas, y que si yo no enviaba correo ese mismo día, ella no se haría responsable, afirmando además que su función únicamente es cobrar, deslindándose del proceso de descuentos, aun cuando le constan mis recaídas médicas documentadas”.

Ente esta situación solicitó a la rectoría y a la dirección del plantel de Felipe Carrillo Puerto que se me re autorice el descuento institucional del 40%, “mismo que perdí por causas totalmente ajenas a mi voluntad, derivadas de recaídas graves de salud, problemas legales documentados y el hecho de haber sido privado ilegalmente de mi libertad y trasladado contra mi voluntad a un hospital psiquiátrico mediante dictámenes falsos, hechos que fueron oportunamente informados y acreditados ante la institución”.

Ante la negativa, se le provocó al alumno afectaciones económicas severas, “comprometiendo mi estabilidad, continuidad académica y salud mental, situación que la Directora Lic. Alma Un y Rectoría conocían plenamente”.

También denunció de manera expresa los actos de dolo, trato parcial y conflicto de interés por parte de la docente Lic. Yhadira Salazar Rodríguez, “quien, a sabiendas de mi discapacidad, me canalizó a múltiples exámenes extraordinarios, generándome gastos excesivos que me obligaron a endeudarme, aun sin contar con recursos.

“Uno de dichos exámenes consistió en 40 preguntas abiertas en 40 minutos, asignándome posteriormente una calificación sin exhibir ni revisar el examen, situación inhumana y académicamente desproporcionada, más aún cuando dicha docente labora en la Fiscalía, institución desde la cual ha intervenido en asuntos legales en mi contra y en contra de mi madre, persona adulta mayor, discapacitada y vulnerable, configurándose un conflicto de interés grave, del cual la Dirección tuvo conocimiento”.

TRATO DISCRIMINATORIO, EXHIBICIÓN Y DESIGUALDAD ACADÉMICA

“En otra ocasión, fui retirado del salón de clases por adeudos, pese a haber abonado y existir un compromiso verbal de pago, siendo exhibido públicamente, objeto de burlas y humillaciones, acto que posteriormente fue reconocido como indebido, pero sin reparación del daño.

“Resulta particularmente grave que existe un trato desigual evidente, ya que he observado que alumnos que no asisten, no participan, no cumplen tareas e incluso no presentan exámenes, son reprobados y obtienen mejores promedios.

“Asimismo, hay estudiantes que se han ausentado por semanas o meses por motivos de salud, sin presentar evaluaciones ni extraordinarios, gozando de preferencias académicas, mientras que en mi caso, siendo persona con Discapacidad Permanente acreditada, no se me han otorgado condiciones equitativas ni trato digno.

Juan Carlos López Panti solicita la reautorización inmediata del descuento del 40%, en razón de su discapacidad permanente, como derecho humano y/o debidamente justificado académicamente; la aplicación efectiva de ajustes razonables, garantizando igualdad sustantiva y no discriminación; la revisión objetiva, transparente y motivada de extraordinarios y calificaciones; el cese inmediato de actos discriminatorios, hostigamiento y trato desigual; la garantía expresa de no represalias, “considerando que continuaré en futuros cuatrimestres y en mi proceso de titulación”.

Es este un caso que debe atender de inmediato el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) con base en sus facultades para intervenir de oficio, ya que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo está ocupada en otros asuntos personales de la titular.

Juan Carlos no es el único caso en que se utilizan las instancias de gobierno, también está el caso de Natanael Gómez, quien maniobró desde el DIF de Felipe Carrillo Puerto para quitarle una propiedad a una mujer viuda y al final de cuentas, a él lo encarcelaron, mientras que otras personas ligadas al poder gubernamental salieron beneficiadas. Este es un asunto que se requiere analizar desde el punto de vista del tráfico de influencias y la corrupción que predomina en el sistema de procuración y administración de justicia de Quintana Roo.

Ahora la salud mental y la propia vida de Juan Carlos están en riesgo y ya sabemos porque nos consta el móvil.

 

 

 

redacciónqroo@diariocambio22.mx

AFC/RCM