Directora del Sindicato de Policía de San José, California, Acusada de Importar y Traficar con Fentanilo

Redacción/CAMBIO 22

El director ejecutivo de la Asociación de Oficiales de Policía de San José ha sido acusado de importación ilícita de opioides sintéticos a los Estados Unidos, según una denuncia penal federal presentada por la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Norte de California.

Joanne Marian Segovia, de 64 años, había sido acusada de intentar importar valeryl fentanyl, un análogo del opioide sintético que ha provocado la crisis de sobredosis en Estados Unidos, dijo la oficina del fiscal federal en un comunicado de prensa . Segovia fue investigada a fines de 2022, dijeron las autoridades en la denuncia, que fue revelada el martes.

Segovia fue detenida como parte de una investigación en curso del Departamento de Seguridad Nacional que buscaba una red de envío de sustancias controladas al Área de la Bahía desde el extranjero, alega la denuncia. Su información se encontró en el teléfono de otro operativo de la red, pero no había más información disponible en la denuncia o comunicado de prensa.

Segovia fue entrevistada por primera vez por investigadores federales en febrero de 2023 y supuestamente continuó ordenando sustancias controladas después de eso. Fue entrevistada nuevamente el 14 de marzo de 2023, donde trató de culpar a su ama de llaves por los paquetes, los mensajes de WhatsApp y las transacciones en efectivo. Un investigador dijo que creía que Segovia había “proporcionado información falsa” a los investigadores.

La denuncia alega que Segovia usó sus computadoras personales y de la oficina para pedir miles de opioides y otras pastillas a su domicilio. Supuestamente, Segovia también accedió a distribuir las drogas en los Estados Unidos. Entre octubre de 2015 y enero de 2023, Segovia supuestamente recibió al menos 61 envíos por correo en su casa, según la denuncia.

Los paquetes se enviaron desde el extranjero, incluidos Hong Kong, Hungría, India y Singapur. Los manifiestos de envío de los paquetes los describían como “Recuerdos de la fiesta de bodas”, dulces o productos de maquillaje, alegaba la denuncia, pero entre julio de 2019 y enero de 2023, los funcionarios interceptaron y abrieron cinco paquetes y descubrieron que contenían “miles de píldoras de sustancias”.

Las píldoras incluían los opioides sintéticos Tramadol y Tapentadol, y algunos paquetes contenían drogas por valor de miles de dólares, dijeron funcionarios federales. Segovia también supuestamente usó mensajes encriptados en WhatsApp para planificar la recepción y el envío de píldoras, incluido un período de tres años durante el cual supuestamente intercambió cientos de mensajes con alguien que usaba un código de país indio, según la denuncia. Esos mensajes discutían los detalles del envío y el pago y contenían cientos de imágenes de materiales de envío, recibos y confirmaciones de pago, píldoras y tabletas, según la denuncia.

El 13 de marzo de 2023, agentes federales incautaron un paquete en Kentucky que estaba dirigido a Segovia. Contenía valeryl fentanyl y se originó en China tres días antes y se declaró que el contenido era un “reloj”.

Segovia está acusada de un intento de importar ilegalmente valeryl fentanyl, en violación de 21 USC § 952(a). Si es declarado culpable, Segovia enfrenta una sentencia legal máxima de 20 años. Además, como parte de cualquier sentencia, el tribunal puede ordenar que el acusado cumpla al menos 3 años de libertad supervisada y pague una multa de hasta $250,000.

Segovia enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión si es declarado culpable. Además de usar su casa para recibir paquetes, Segovia supuestamente usó su oficina en la Asociación de Oficiales de Policía de San José para distribuir las pastillas. Según su página de LinkedIn, Segovia fue directora ejecutiva de la asociación durante más de 19 años, desde julio de 2003. En su sitio web, la asociación dice que representa a los miembros en asuntos como salarios, beneficios y condiciones laborales. Segovia ya no figura en el sitio web y no está claro cuál fue su papel.

“La POA (Asociación de Oficiales de Policía) inmediatamente colocó al empleado civil en licencia y, como es el procedimiento estándar, cortó todo acceso a la POA. Ningún individuo adicional en el POA está involucrado o tenía conocimiento previo de los actos alegados. La Junta Directiva está triste y decepcionada”, decía en parte un comunicado de la asociación.

Fuentes CBS , DOJ
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