Diputados de la 4T en Quintana Roo Abrogan Ley que Impediría a sus Gobiernos Usar los Colores de Morena

• La Ley de Imagen Institucional, que también Obligaba a que la Comunicación Gubernamental fuera sin la Imagen de Funcionarios Públicos, fue Echada para Abajo por el Congreso del Estado por “Vía Rápida”, a Iniciativa de la Bancada Morenista.

• Nunca se Aplicó, pues el Gobierno de Carlos Joaquín la Promovió para que se Aplicara a Partir de la Administración Siguiente, pero los Legisladores de la 4T Primero Aplazaron su Entrada en Vigor 2 Años y Ahora la Abrogaron.

• Alegan que Impediría el Uso de Diversos Colores hasta en Campañas Sociales de Origen Internacional y Causaría “Confusión”.

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 14 de mayo.- Debido que la norma le impediría al gobierno del estado y los ayuntamientos gobernador por Morena utilizar el color guinda distintivo de ese partido político, y le obligaría a que la comunicación gubernamental sea sin imagen de funcionarios públicos, la XVII Legislatura de Quintana Roo se apuró a abrogar la Ley de Imagen Institucional, misma que fue promovida por el gobierno de Carlos Joaquín para que se aplicara a partir del gobierno que le siguiera, pero que nunca se puso en vigor.

Esta ley, que prohíbe el uso de colores distintivos de partidos políticos en los logotipos, impresos y pinturas utilizados por los gobiernos del estado y los municipios, iba a entrar en vigor en septiembre del 2022, con el nuevo gobierno, pero no fue así porque la mayoría de diputados de la 4T en la XVI Legislatura pospusieron su entrada en vigor para agosto del 2024, pocos días antes de que Mara Lezama Espinosa tomara posesión del cargo de gobernadora del estado.

Y ahora, cuando se está a dos meses y medio de que entre en vigor, la XVII Legislatura, dominada por Morena, el PVEM y PT, decidieron abrogar la ley, porque les impediría seguir usando el color guinda distintivo del primer partido mencionado, como lo han hecho desde el inicio de sus gestiones la actual administración estatal y los gobiernos municipales morenistas.

Por lo mismo, la iniciativa de abrogación fue presentada por la bancada completa de Morena en la XVII Legislatura, que además pidió que se tratara como asunto de obvia y urgente resolución, lo cual significa que se aprobó en la misma sesión que se presentó, sin pasar por un análisis, estudio y dictamen en comisiones, a pesar de que la diputada del PAN, Cynthia Millán Estrella, consideró que la prisa era absurda y una burla a la ciudadanía, ya que no se justificaba una votación tan rápida al tratarse de la abrogación de una ley completa.

Tampoco hizo mella la oposición del diputado sin partido Julián Ricalde Magaña, quien hasta consideró que en Quintana Roo hay “una 4T invertida” en materia de austeridad, pues la ley permitiría que se ahorrara el dinero que se utiliza para cambiar de pintura los bienes del estado cada sexenio y destinarlo a programas de beneficio social.

De igual forma ignoraron que la diputada del PRI Candelaria Ayuso Achach, indicara que la ley deriva de la ley federal que regula la aplicación del artículo 134 constitucional, vigente a la fecha, y permitiría un ahorro del gasto en actualización de colores al gobierno del estado.

Al final, 20 diputados de Morena, PVEM y PT plancharon la abrogación de la ley, haciendo caso al llamado de la diputada Luz María Beristáin a “hacer uso de la mayoría” que tienen, contra 4 votos de la oposición y el diputado sin partido.

La exposición de motivos de la reforma indica que el 17 de octubre de 2018 la XV Legislatura emitió la Ley de Imagen Institucional, con el objetivo de establecer lineamientos y criterios para regular el uso institucional de la imagen de los entes públicos y la difusión institucional de las dependencias y entidades, destacando la definición de imagen institucional como el conjunto de elementos visuales, que incluyen el logotipo oficial, colores, impresos, eslóganes, símbolos, que principalmente identifican y distinguen a los entes públicos del Estado de Quintana Roo; y la definición de los colores institucionales, que incluyen diversas tonalidades de blanco, gris y negro.

Recordaron que se aplazó la entrada en vigor hasta agosto de 2024, mediante decreto publicado en el periódico oficial el 29 de septiembre de 2022, cuatro días después de la toma de posesión de Mara Lezama Espinosa en el gobierno del estado y un día antes del inicio de los actuales ayuntamientos.

Asimismo, recordaron que entonces el aplazamiento de la entrada en vigor de la Ley de Imagen Institucional se motivó en la contingencia sanitaria del Covid-19,  pero ni ahora ni entonces se explicó qué afectaba la pandemia al ajuste a las disposiciones sobre imagen institucional y colores institucionales del gobierno.

Sin embargo, faltó  recordar que esa iniciativa de aplazamiento la presentó la entonces diputada Cristina Torres Gómez, quien luego se convirtió en secretaria de Gobierno de la administración de Mara Lezama Espinosa, y fue el 29 de agosto del 2022, a poco menos de un mes de que entrara el nuevo gobierno morenista, y al igual que ahora, la modificación de la fecha de entrada en vigor se aprobó como asunto de obvia y urgente resolución en la misma sesión.

Ahora, los diputados de Morena en la XVII Legislatura alegan que “respecto a la aplicabilidad de esta Ley y su rigurosidad no queda duda que la misma resulta confusa y con dificultades en su aplicación para las instituciones gubernamentales”, aunque los diputados de oposición les dijeron que mejor se aclaran esas dudas en una reforma a la ley, no abrogándola.

Alegan lo anterior, porque les llevaría a “una reestructuración visual de manera completa de la forma en que se ha realizado la difusión de la información oficial de cada uno de los Poderes del Estado, sus Dependencias y Entidades, así como los Ayuntamientos y Órganos Constitucionales Autónomos del Estado de Quintana Roo, pues deja de considerar la relevancia de la asociación que hace la población con diversos logos y colores para identificar la información que resulta de mayor relevancia para ellos, lo cual es un proceso cognitivo, individualizado y autónomo, sobre todo de que refleja un derecho de identidad y pertenecen a un momento y lugar determinado, como lo puede ser un periodo gubernamental”.

Inclusive, afirman que esta reforma se hace porque “la ciudadanía tiene el derecho fundamental a sentirse identificados y representados por su gobierno”.

Además, dijeron que la Ley de Imagen Institucional restringe el acceso a información relevante sobre las políticas públicas, proyectos y logros de las autoridades, que puedan ser identificadas e identificables”.

Otra justificación alegada fue que, de aplicarse la ley, se impediría la aplicación o la incorporación de conmemoraciones y prácticas concientización ciudadana de algunos contextos o problemáticas, como la campaña Día Naranja, que instauró ONU Mujeres en el año 2008 como parte de la campaña global para poner fin a la violencia contra las mujeres.

“Del mismo modo, se pueden citar las campañas especializadas contra el cáncer de mama y el cáncer infantil, VIH, prevención del suicidio, entre otras, que tienen su propia gama de colores muy específica y particular; siendo la aplicación de la Ley en estos casos, inconclusa, causando confusión y dificultando su aplicación”, agregan.

También se pronunciaron contra la obligación de la impersonalización de la comunicación social para evitar la propaganda personal de las y los servidores públicos del estado de Quintana Roo, pues dicen que “la norma es omisa en hacer una diferenciación para la aplicación que atienda al nivel jerárquico de las personas servidoras públicas, lo que contraviene a los principios de transparencia y rendición de cuentas, a los que se encuentran particularmente sometidas algunas personas servidoras públicas que desempeñan las principales funciones públicas, tal es el caso de quienes presiden los tres Poderes del Estado, Ayuntamientos, así como de los Órganos Constitucionales Autónomos, pues por mandato constitucional se ven obligados a la rendición de cuentas de manera constante”.

“Esto ocurre debido a que, en este nuevo orden de la Cuarta Transformación, se busca fomentar que las y los funcionarios de alto nivel, no sean simplemente de escritorio, sino que por el contrario salgan a escuchar, atender y resolver las distintas problemáticas que plantea la ciudadanía, informando continuamente de los avances y resultados que se obtienen”, agregan.

Adicionalmente, dicen que ya se encuentran reguladas en procesos específicos los impedimentos para el posicionamiento de un partido específico, como lo son los periodos de proceso electoral, “en donde ya existen reglas de contienda electoral que regulan el uso de logotipos e imágenes de partidos políticos y de servidores públicos específicos”.

“Estas normativas establecen restricciones claras para garantizar la equidad y la transparencia durante las campañas electorales, con sanciones específicas para aquellos que no las acaten. Por lo tanto, fuera de los períodos electorales, no debería existir una limitación adicional para que los gobiernos en turno puedan identificarse con logos, logotipos imágenes que representen su gestión”, dicen.

franciscohcambio22@gmail.com

RHM