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• La reforma fue aprobada en lo general, pero en la votación en lo particular se anticipan tres nuevas modificaciones polémicas, en reservas planteadas por Morena, a los artículos sobre suspensiones en amparos a terceros, servicios que requieren concesión federal y una nueva modificación que revive de otra forma la retroactividad de la ley, al indicar que la reforma tenga efectos sobre las etapas posteriores de los juicios actuales, supuestamente sin deshacer lo previamente actuado ni afectar derechos adquiridos.

 

Redacción/CAMBIO 22

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de octubre.- Los diputados de Morena y aliados aprobaron en lo general las reformas a la Ley de Amparo, con el supuesto propósito de “fortalecer, modernizar y armonizar el marco normativo del juicio de amparo” y evitar sus “abusos”, mientras que la oposición acusó que viola derechos y libertades.

La reforma fue aprobada en lo general por 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones de tres oficialistas: de Morena, la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Olga Sánchez Cordero; y del PT, Greycy Marian Durán y Javier Vázquez Calixto.

Por lo mismo, esta regresiva reforma fue aprobada por los legisladores de Quintana Roo Mildred Ávila Vera, Humberto Aldana Navarro, Santy Montemayor Castillo, Marybel Villegas Canché y Enrique Vázquez Navarro, así como por Juan Luis Carrillo Soberanis, del PVEM, mientras Ernesto Sánchez Rodríguez, del PAN, votó en contra.

Sin embargo, durante la discusión en lo general, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que el partido guinda presentará tres reservas para realizar nuevas modificaciones en lo particular: al artículo 128 en materia de precisiones a los elementos de juicio para suspensiones en amparos a terceros; al artículo 129, sobre la prohibición de suspensiones sobre servicios que requieren concesión federal; y una nueva modificación al artículo transitorio que había propuesto el Senado sobre la retroactividad.

Se prevé que estos cambios en lo particular se realicen durante la madrugada del miércoles, ya que se espera una larga discusión, pues existen 307 reservas incluyendo las del oficialismo y la oposición, y se espera que haya más de 120 oradores.

El dictamen mantiene sin cambios el texto principal turnado por el Senado a iniciativa de la Presidenta, que debilita el amparo ante actos de arbitrariedad de las autoridades, denunciaron los diputados de la oposición.

La iniciativa establece el “interés legítimo”, donde se reconoce que el amparo puede ser individual o colectivo, pero de manera restringida al daño real.

También fija que el plazo para dictar sentencia se amplió de 60 a 90 días naturales; se amplía de tres a cinco los días el plazo para que la persona quejosa exhiba la garantía y pueda proceder la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal.

 

Nueva manipulación de artículo transitorio, por instrucción presidencial

En el caso de la reserva al artículo Tercero Transitorio, el dictamen aprobado modifica la minuta enviada por el Senado de la República, para eliminar la retroactividad de la reforma que estaba establecida en el artículo Primero Transitorio, y se añadió una nueva redacción en un artículo Tercero Transitorio para corregirlo.

El nuevo artículo dice que: “Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio”, como decía la iniciativa original de la Presidenta.

“Estas Comisiones proponen mantener la redacción original de la iniciativa de la presidenta de la República, en lo referente al régimen transitorio del Proyecto de Decreto. De esta forma se mantendría la interpretación judicial vigente, en el sentido de que las reformas legislativas solamente pueden ser válidas para etapas del procedimiento que no se hayan concluido al entrar en vigor la reforma, siempre y cuando no vulneren derechos adquiridos”, señala el documento.

Sin embargo, la Presidencia de la República es la que realmente había pedido que se modificara ese artículo, para introducir una redacción que supuestamente interpreta la jurisprudencia de la SCJN, en el sentido de que se puede aplicar la nueva norma a los juicios previamente iniciados, pero sólo en etapas posteriores del proceso, sin afectar los derechos adquiridos dentro del mismo con las normas anteriores.

Esa indicación es la que pidieron cumplir al Senado en la modificación del transitorio, pero la ejecutaron mal, y la redacción quedó en un sentido que permitía la aplicación retroactiva de la ley.

Debido a eso, la Cámara de Diputados eliminó la redacción transitoria del Senado, pero no dejará de manera definitiva la redacción original de la iniciativa presidencial, sino que nuevamente la cambiará para dar a la reforma efectos sobre los etapas posteriores de los juicios actualmente en marcha.

 

Para eso, la nueva redacción del artículo Tercero Transitorio propuesta en la reserva de Morena dice así: “Al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos.

Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se regirán por las disposiciones de este Decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”.

La instrucción del cambio viene de la Presidencia de la República, porque cuando en su conferencia matutina se refirió al transitorio que introdujo el Senado, su coordinador general de Política Pública y Gobierno, el exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dijo que el sentido que debía tener el artículo era el de aplicar la nueva norma a las etapas anteriores y que la redacción de los senadores no lo dejaba claro.

 

Debate y desacuerdo dentro de la 4T

Previamente, en la aprobación del dictamen en las comisiones unidas de Justicia y Hacienda y Crédito Público, destacó que la diputada de Morena Olga Sánchez Cordero, exministra de la Corte, se abstuvo de aprobarla, lo cual repitió en la sesión del pleno, por estar en desacuerdo con las modificaciones realizadas.

Sánchez Cordero afirmó que el amparo fue utilizado en algunos casos “para entorpecer, obstaculizar políticas públicas, obras estructurales, acciones gubernamentales”, pero reconoció que la reforma propuesta por el Ejecutivo afecta negativamente a todos los ciudadanos.

“La reforma actual, desgraciadamente, lleva a la solución opuesta; por ejemplo, en materia hacendaria, tratándose del procedimiento administrativo de ejecución, ya no será posible promover el recurso de revocación ante el SAT, ni el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, e incluso desaparece la opción de pago ad cautelam como vía de defensa del contribuyente, al restringirse esas instancias, todo se concentrará en el juicio de amparo”, explicó.

Asimismo, en la discusión la oposición acusó que las audiencias públicas fueron una simulación, pues las realizaron con premura y no se tomaron en cuenta las propuestas de más de 30 expertos que analizaron la afectación a derechos humanos y la regresividad en la Constitución.

La diputada Irais Reyes (MC) aseguró que “quitar un artículo transitorio no cambia de manera sustancial, el corazón restrictivo sigue aquí, por eso lo que hoy se discute no es una reforma para proteger a las personas, es una reforma para proteger al poder del pueblo”.

“Con todo respeto, fue una mentada de madre hacer un parlamento abierto así, convocarlo con una descarada corta antelación, firmarlo desde las presidencias de las comisiones y dictaminar casi de inmediato, no es apertura, es una simulación, por lo que ustedes, señoras y señores, son unos simuladores y mentirosos”, reclamó a los diputados del oficialismo.

Subrayó que el amparo no sólo sirve a los poderosos o delincuentes, sino que “gracias al amparo, comunidades indígenas han frenado megaproyectos que devastan su tierra, pacientes han obtenido medicamentos que le salvaron la vida”.

Por otra parte, en la sesión del pleno, el coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, afirmó que el dictamen es un paso más a la dictadura, a la destrucción del Estado de Derecho y libertades.

“Están demoliendo la democracia mexicana, el sistema de contrapesos y la defensa de los individuos y las colectividades. Votaremos en contra porque su reforma es inconstitucional y contraviene el artículo primero, que hace rato se dio lectura, y la promesa que hicimos de respetar la Constitución. Ustedes protestaron eso y hoy quieren votar algo que la contraviene”, detalló. 

Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN, Elías Lixa, resaltó que el amparo no debe proteger a los poderosos, sino a los débiles y a los oprimidos.

“Que les quede claro: el gobierno no tiene derechos. El gobierno tiene obligaciones, son los ciudadanos los que tienen derechos. El interés legítimo no puede ser subordinado a un supuesto interés público. Háganse un favor y revisen los ordenamientos que nos dan patria. Es el orden público el que debe garantizarse para que el interés legítimo de los ciudadanos es el que pueda ejercerse”, subrayó.

 

 

Con información de Proceso y El Universal

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