Diputada Federal Pone sobre la Mesa el Grave Problema que Enfrentan los Periodistas en México

• Falta de una protección real y efectiva para quienes ejercen la libertad de expresión.

Ricardo Jesús Rivas/ CAMBIO 22

CHETUMAL, 18 de marzo. – La diputada federal panista Kenia López Rabadán puso sobre la mesa una propuesta que evidencia el grave problema que enfrentan los periodistas en México, la falta de una protección real y efectiva para quienes ejercen la libertad de expresión. En un video publicado en sus redes sociales, la legisladora reconoció que, si bien existe un mecanismo de protección gubernamental, este carece de un respaldo legal sólido y no se aplica de manera uniforme en todos los estados. Su iniciativa busca reformar la Constitución para obligar a las entidades federativas a implementar medidas concretas de protección y destinar los recursos necesarios para garantizar la seguridad de los comunicadores.

En México, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece la participación de los estados en la implementación de medidas de protección. Sin embargo, no obliga a los gobiernos locales a crear sus propias leyes ni garantizar la correcta aplicación de las medidas de seguridad. Esto ha permitido que muchas administraciones estatales ignoren su responsabilidad, dejando en total vulnerabilidad a quienes ejercen la periodística laboral.

📰✍🏼 Diputada Kenia López propone reforma constitucional para proteger a periodistas en México

📍 #Chetumal | La diputada federal Kenia López Rabadán presentó una propuesta legislativa que busca garantizar una protección real y efectiva para los periodistas en México,… pic.twitter.com/2KcmwdhTPg

— Diario CAMBIO 22 (@DiarioCAMBIO22) March 19, 2025

El caso de Quintana Roo es un ejemplo claro de esta simulación. En 2015, el entonces gobernador Roberto Borge Angulo presentó con gran pompa la “Iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”. Sin embargo, esta acción se percibió más como un acto de relaciones públicas que como un verdadero esfuerzo por salvar a los periodistas, quienes durante su administración sufrieron una persecución sistemática.

Los datos de la época no dejaban dudas sobre la gravedad de la situación. En 2014, Quintana Roo fue la segunda entidad con más agresiones contra la prensa, con 42 casos documentados. De estos, al menos el 15% fueron cometidos por servidores públicos. A pesar de la aprobación de la ley en la XIV Legislatura, nunca se elaboró un reglamento para su aplicación, ni se instaló la Junta de Gobierno, ni se convocó a la elección del Consejo Consultivo. En pocas palabras, la ley quedó en el papel y nunca se puso en marcha.

En diciembre de 2017, la XV Legislatura del Congreso del estado aprobó la abrogación de la ley, cerrando cualquier posibilidad de que en Quintana Roo existiera un mecanismo local de protección. La justificación fue que la normativa no se aplicaba y que su existencia no tenía sentido si no se realizaban acciones para garantizar su operatividad. Pero en lugar de fortalecer un marco jurídico efectivo, el Congreso estatal simplemente la eliminó, dejando a los periodistas sin herramientas de defensa.

Este contexto deja en evidencia la urgente necesidad de una reforma constitucional que garantice que todos los estados cuenten con una ley propia de protección a periodistas, con recursos y medidas reales para prevenir agresiones. La iniciativa de Kenia López Rabadán busca obligar a los gobiernos locales a asumir su responsabilidad y aplicar protocolos efectivos de seguridad. No se trata solo de voluntad política, sino de garantizar el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información.

El problema de la violencia contra periodistas en México ha alcanzado niveles alarmantes, con ataques que van desde la intimidación hasta el asesinato. La impunidad sigue siendo la norma, y los comunicadores enfrentan un riesgo constante en el ejercicio de su trabajo. Quintana Roo, con su historial de agresiones y la falta de una legislación efectiva, no es la excepción.

Las cifras nacionales y estatales dejan claro que los mecanismos actuales son insuficientes. La falta de inversión en protección, la corrupción dentro de las fiscales y la complicidad de algunos gobiernos con agresores crearon un entorno donde informar se convirtió en un acto de valentía extrema. Es inaceptable que un estado como Quintana Roo, con una alta incidencia de violencia contra periodistas, carezca de una estrategia real para atender el problema.

La propuesta de López Rabadán podría ser un primer paso para corregir esta deuda histórica. Sin embargo, será crucial que no se repita el error del pasado, cuando una ley quedó como simple papel sin implementación alguna. Es momento de que las tres órdenes de gobierno trabajen juntas para frenar esta crisis. La libertad de expresión no es un privilegio, sino un derecho fundamental que debe ser garantizado.

En un país donde ser periodista significa vivir con miedo, la indiferencia gubernamental no es una opción. Proteger a quienes informan es proteger la democracia. Si las autoridades de Quintana Roo y del resto del país siguen evadiendo su responsabilidad, permitirán que la violencia siga silenciando voces y vulnerando el derecho a la información de toda la sociedad.

redaccion@diariocambio22.mx

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