febrero 28, 2024 18:11

Renán Castro Madera, Director General

Laura Beytia/CAMBIO 22

CHETUMAL, 6 de junio.- Las modificaciones a la constitución política de Quintana Roo para fortalecer la autonomía presupuestal en materia de impartición de justicia a favor del Poder Judicial pero con aplicación hasta el 2024, fue catalogado como un acto de simulación por parte de la Diputada por el Partido Acción Nacional Cinthya Millán Estrella.

Ya que acusó, la propuesta del grupo parlamentario de Morena de reformar los artículos 67 y 109 es solo para suplantar la controversia constitucional interpuesta por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y para no verse en la bochornosa situación de cumplir con un mandato del máximo tribunal del país.

“Mi postura fue votar en contra de esta modificación a los artículos 67 y 109 constitucional, porque con esta reforma lo que pretenden es evitar una resolución adversa, dejar sin materia esta acción, para así no verse en la bochornosa situación de cumplir con un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; no se le está dando más presupuesto al Poder Judicial, sino que se le está regresando lo que nunca se le debió de haber quitado en primer lugar, para que pueda realizar de manera efectiva sus funciones, o sea es una simulación nada más.”

Recordó que la controversia constitucional que actualmente existe, fue promovida por el Poder Judicial del Estado en contra del Decreto 007 del 6 de diciembre de 2022 que establecía la reducción de su presupuesto, ya que de 740 millones de pesos que solicitaron para el gasto corriente del presente año, únicamente le autorizaron 714 millones 631 mil pesos, basándose en la recomendación de instrumentar austeridad en todas las instituciones y órganos de gobierno.

Ahora con las reformas, en el artículo 67 se elimina al Poder Judicial del listado de entidades y órganos constitucionales autónomos a los que puede disminuirse sus presupuestos en cualquier momento del ejercicio fiscal, en tanto que en el artículo 109 con los cambios propuestos, se determina que desde el Poder Judicial se debe ejercer un gasto racional y se puntualiza la obligación de otorgarle cada año, un propuesto no menor al 2% del monto total del presupuesto estatal.

Lo que la legisladora dijo, con esto solo ponen un candado en favor de los órganos autónomos, que también tienen derecho a contar con esta condición de seguridad presupuestal, pero que no pueden promover una acción de controversia constitucional, al no tener personalidad jurídica para hacerlo.

“Si bien se eliminó la posibilidad de que el Poder Legislativo realice ajustes presupuestarios al Poder Judicial, no se hizo lo mismo con los demás, lo ideal hubiera sido que esta reforma garantice también un presupuesto suficiente a todas aquellas instituciones y órganos y no sólo a quien promovió la controversia constitucional en contra, porque de esta manera quedan al aire y pugnamos porque sea la SCJN quien se pronuncie y diga si estas modificaciones fueron constitucionalmente válidas sobre todo cuando existen órganos que son autónomos.”

Pero con la aplicación hasta el próximo año de las reformas, a través de un artículo transitorio puede ser motivo para que la controversia continúe su curso.

 

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JFCB

 

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