• Autoridades capturan en menos de 96 horas a los presuntos responsables del crimen registrado en el oriente del estado

 

 

  • El caso reaviva cuestionamientos sobre la capacidad de Yucatán para contener la infiltración de grupos criminales

 

 

Gabriel Hernández/ CAMBIO 22

Yucatán 12 de enero 2026.- La tranquilidad que por años ha distinguido a Yucatán se vio abruptamente sacudida la tarde del 5 de enero en Dzilam González, donde un ataque armado dejó tres personas muertas y encendió las alertas de seguridad en todo el estado. El crimen, perpetrado en un predio de la colonia conocida como El Taiwán, activó un operativo de gran escala que derivó, en menos de 96 horas, en la detención de cinco presuntos responsables, mientras las autoridades investigan posibles vínculos con estructuras criminales provenientes de fuera de la entidad, un factor que vuelve a poner bajo escrutinio la narrativa de paz y obliga a no minimizar los riesgos que enfrenta la región.

La tarde del 5 de enero de 2026 un grupo armado irrumpió en una caballeriza del barrio Santa Cruz (conocido como El Taiwán) del municipio de Dzilam González, en el oriente de Yucatán.

De acuerdo con las investigaciones, dos sicarios llegaron en motocicleta al predio y dispararon repetidamente contra quienes se encontraban reunidos .

El objetivo, según versiones oficiales, era Juan Carlos Valdez, alias “Nato”, un joven de 24 años originario de Los Limones, Quintana Roo, que se había mudado a Dzilam seis meses atrás.

Además de Valdez, murieron el adolescente Ariel Rodríguez y el treintañero Luis Kuk, quienes cuidaban caballos cuando los agresores abrieron fuego .

Los vecinos avisaron al 911 y el ataque activó el Código Rojo, lo que provocó el despliegue de retenes, sobrevuelos y filtros de revisión en las principales carreteras del estado para buscar a los responsables .

Yucatán, acostumbrado a bajos índices de violencia, no había registrado un hecho de esta magnitud en los últimos años, ya que el triple homicidio ocurrió en una entidad que suele presumir ser “el estado más seguro.

La Investigación apunta a ajustes de cuentas y vínculos con el Cártel de Caborca; especialistas cuestionan blindaje de seguridad en el estado más seguro

Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) indicaron que el ataque estaba dirigido contra un “generador de violencia” procedente de Quintana Roo que se ocultaba en Dzilam González.

La investigación oficial considera que el móvil podría estar relacionado con conflictos entre dos familias ligadas al narcotráfico en Quintana Roo, asentadas desde 2025 en Dzilam por “estrategia”.

Varias expertos en seguridad suponen que el crimen tiene su origen en la detención en Mérida, el 10 de diciembre de 2025, de Jacobo Rodríguez Interián, presunto operador del Cártel de Caborca.

El periódico Diario CAMBIO 22 fue todavía más lejos, en un reportaje señalamos que el blindaje de seguridad de Yucatán “ha ido de fracaso en fracaso” y acusó que la entidad se ha convertido en una “lavandería de dinero” para grupos criminales.

Según esa publicación, el pacto de “pax narcótica” que evitaba ejecuciones en Yucatán se rompió tras la detención de Rodríguez Interián y permitió que una célula del Cártel de Caborca operara a sus anchas en municipios como Tizimín, Panabá, Buctzotz y Dzilam González.

CAMBIO 22 incluso aseguró que el comando armado que atacó la caballeriza salió de Los Limones, buscaba a Donato Valdez (“Don Nato”) y, al no encontrarlo, ejecutó a su hijo Juan Carlos.

Si bien estas afirmaciones no han sido confirmadas por la Fiscalía, ilustran la preocupación de habitantes y especialistas ante la posible infiltración de cárteles de Quintana Roo en Yucatán.

En este contexto, la madrugada del 7 de enero fue detenido en Chetumal, Quintana Roo, Donato “N”, padre de Juan Carlos “N”, una de las víctimas del triple homicidio en Dzilam González. La captura se realizó durante un operativo de la Policía Estatal en el fraccionamiento Tixcacal-Opichén, alrededor de las 03:24 horas, y el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades reforzaron la seguridad en las instalaciones de la Fiscalía. Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial cuáles son los delitos que se le imputan ni su relación directa con los hechos ocurridos en Yucatán, por lo que su situación jurídica permanece bajo investigación.

Detención de cinco presuntos implicados y discurso oficial de “cero impunidad”

La respuesta de las autoridades yucatecas fue inmediata.

La SSP activó el Código Rojo y, con apoyo de la Fiscalía General del Estado y fuerzas federales, desplegó un operativo que cerró las principales salidas del estado.

En cuestión de horas se instalaron retenes, se realizaron sobrevuelos en helicóptero y se identificaron vehículos sospechosos.

El 9 de enero, cuatro días después del ataque, la SSP anunció la detención de cinco personas por su probable participación en los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla y homicidio calificado en grado de tentativa.

Los detenidos son Luis Antonio “N” (63 años, originario de Chiapas), Alfredo “N” (34, de Ticul, Yucatán), Verónica Rubí “N” (32, de Chetumal, Quintana Roo), Carlos Alberto “N” (34, de Coatzacoalcos, Veracruz) y Keny Elías “N” (27, de Cancún, Quintana Roo).

Las autoridades afirmaron que los hechos del 5 de enero ocurrieron entre las 15:30 y las 16:30 en un predio del municipio; al lugar llegaron dos sujetos en motocicleta y dispararon contra las víctimas.

El gobernador Joaquín Díaz Mena emitió un mensaje en redes sociales en el que subrayó que en Yucatán “no hay impunidad”: aseguró que en menos de 96 horas fueron detenidos cinco responsables y que irán “por todos los cómplices”.


Además, advirtió que quien piense venir a violentar la paz del estado debería “pensarlo dos veces”, porque Yucatán seguirá siendo un estado seguro y tranquilo.

Un estado seguro a prueba de fuego… por ahora

Yucatán presume desde hace años los más bajos índices de homicidio y extorsión del país.

Varios medios locales insisten que en el estado los delitos de alto impacto ocurren con menos frecuencia que en otras regiones y que los homicidios dolosos son tan escasos que cualquier ataque armado genera conmoción.

No obstante, ser el estado más seguro no significa estar libre de hechos violentos y destaca que las autoridades deben mantener el estándar de seguridad que han logrado.

La policía yucateca goza de 71.1 % de confianza según cifras nacionales, pero subraya que el principal reto es anticiparse a la delincuencia mediante inteligencia, entrenamiento y equipamiento.

En contraste, voces críticas como las del Diario CAMBIO 22 insisten en que el llamado “blindaje” de Yucatán ha fracasado y que la entidad se ha convertido en refugio de capos que invierten en ranchos ganaderos y propiedades turísticas para lavar dinero.

Esta postura sostiene que la “regla no escrita” de no cometer ejecuciones en territorio yucateco fue quebrantada tras la detención de Jacobo Rodríguez Interián.

La captura de cinco sospechosos demuestra que la reacción de la SSP y de la Fiscalía fue rápida y coordinada, pero el trasfondo del triple homicidio revela que Yucatán no está aislado de las disputas entre cárteles del sureste.

El verdadero reto para las autoridades será impedir que el estado se convierta en refugio de estructuras criminales, fortalecer de manera real la inteligencia y la prevención, y garantizar que hechos como el ocurrido en Dzilam González continúen siendo excepciones y no el inicio de una espiral de violencia. Pero, sobre todo, evitar que Yucatán sea visto como un territorio de repliegue para delincuentes de alto perfil que buscan huir de la presión en Quintana Roo y otras entidades para “enfriar” sus operaciones.

 

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

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