Destrucción y Fraude en el Patrimonio Arqueológico del Pueblo Maya tras el Paso del Tren

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

Este espacio periodístico ha sido un foro para señalar las diversas anomalías administrativas y legales que el gobierno de México ha cometido con la construcción del Tren Maya, para hablar de sus aciertos, si es que los tiene este proyecto ferroviario están las vocerías institucionales las cuales tienen presupuestos millonarios.

Desde 2018, cuando se conoció el proyecto de Andrés Manuel López Obrador para construir el Tren Maya, se hicieron una serie de advertencias sobre los efectos sociales, económicos, culturales y políticos que traería esta obra, los cuales se agudizarían con la presencia del personal militar para encargarse en una primera instancia para proteger la obra y después nos enteramos, que también serían constructores y al final resultaron siendo los dueños, porque el expresidente de México, les regaló la empresa que opera el tren para que las ganancias sean a beneficios de las fuerzas armadas, pero mientras eso sucede, la Federación se encargará de destinar presupuesto publico para su operación, mantenimiento y para terminar de construir las obras adyacentes, desde luego, con dinero de los impuestos del pueblo de México.

En muchas ocasiones hemos escrito sobre la distorsión del trabajo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), institución que autorizó, sin respetar la normatividad, la intervención en todos los vestigios arqueológicos encontrados a lo largo de la ruta del llamado Tren Maya.

Cuando el arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer cuestionó la metodología y la improvisación en el rescate arqueológico en la referida ruta, todo el Estado mexicano se le fue encima, desacreditando su trabajo científico de décadas, solo porque se atrevió manifestar su desacuerdo con la destrucción de ese patrimonio arqueológico de México, pero como se trataba de una orden presidencial, basada en la ignorancia del entonces presidente de la República, los directivos del INAH se concretaron a recibir y acatar ordenes políticas, dejando a un lado la rigurosidad científica que se requiere para este tipo de intervenciones.

Sin embargo, el tiempo, sus colegas y la ciencia le están dando la razón al doctor Fernando Cortés, según se revela en una pieza periodística de Carmen García Bermejo, publicada en Fábrica de Periodismo, por medio de la cual se hacen serios señalamientos sobre las irregularidades presentadas en ese salvamento arqueológico, a tal grado que se ha presentado una denuncia penal.

El referido trabajo periodístico publicado el pasado 15 de agosto empieza de la siguiente manera:

Un grupo de académicos e investigadores del  presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la reubicación y reconstrucción ilegal de 47 monumentos arqueológicos que fueron destruidos en su lugar de origen durante la construcción de los tramos 6 y 7 del Tren Maya. Esta investigación completa se puede consultar en la siguiente liga.

Los investigadores denunciantes también cuestionan que los hallazgos arqueológicos a lo largo de la ruta del Tren Maya se pretendan “utilizar con fines de lucro para abrir el Parque Arqueológico Chetumal Balam Tun”, en Quintana Roo, como parte de una ruta turística.

“El traslado y reconstrucción de estos monumentos arqueológicos (pirámides) hacia ese parque es un fraude porque se muestran como ‘rescatados’ y ‘rehabilitados’, pero en realidad están fuera de sus contextos cultural, natural y político-social de los tiempos de su edificación hace más de 500 años. Además, su uso tiene un sentido escenográfico y comercial sancionado por la ley que protege el patrimonio arqueológico de la nación”, aseguran los investigadores del INAH, especialistas en antropología, arqueología e historia.  

En la denuncia entregada el 14 de agosto de 2025 en la Fiscalía General de la República (FGR), los académicos señalan que la reubicación de monumentos arqueológicos que se localizaron durante la construcción del Tren Maya es un delito porque en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas no existe ninguna posibilidad de desmontar y montar en otro lugar este tipo de vestigios.

“Al no estar prevista la reubicación de Zonas de Monumentos Arqueológicos, no sólo viola la ley citada, también representa un engaño a la ciudadanía, ya que esos vestigios se destruyeron y movieron de su lugar original. De acuerdo con la legislación vigente, el rescate de esos 47 monumentos arqueológicos debió realizarse in situ y no fuera de él”, precisan los denunciantes de acuerdo a la publicación de Fábrica de Periodismo.

En el mismo texto periodístico se sigue leyendo: Lo que hoy llamamos zonas de monumentos arqueológicos –destacan– son irremplazables y únicas ya que, en los tiempos de su existencia y edificación, decenas de cientos de años antes de los nuestros, fueron asentamientos humanos específicos, dentro de contextos de asentamientos humanos de una vida política, social y natural compleja que iba mucho más allá de su sola localización, por lo que se edificaron en lugares concretos y no en otros.

“Estaban en relación con fenómenos naturales y celestes, como los solsticios o equinoccios, ciclos de la Luna, el Sol, Marte y demás fenómenos que les permitían registrar y seguir los ciclos naturales y cósmicos. Aquí radica la importancia de su localización y los estudios histórico-arqueológicos y de arqueoastronomía. Por ello, se debe tener un respeto irrestricto a la conservación y localización concretas de su ubicación”, afirman los investigadores.

Los investigadores del INAH que hicieron la denuncia ante la FGR señalan que los vestigios mayas que serán exhibidos en ese nuevo parque en realidad son evidencias de las zonas arqueológicas que fueron destruidas en las localidades de Juan Sarabia, Jesús González Ortega y Francisco Villa, en Quintana Roo, para construir los tramos 6 y 7 del Tren Maya, el proyecto de infraestructura más importante del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que ahora se realiza en ese parque no sólo es la reubicación de 47 monumentos arqueológicos, sino que los presentan como si fueran nuevos porque al colocarlos en ese nuevo espacio se pulen los pisos y se diseñan con precisión las junturas entre las piedras que conforman las pirámides”. Invito a leer el trabajo completo, para conocer más de esta ilegalidad y atentado al patrimonio cultural del pueblo maya.

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