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• La alteración de registros permitió apropiarse de más de 11 mil hectáreas de tierras nacionales entre 2007 y 2018 en Yucatán.

 

• Red de empresarios y exfuncionarios han operado durante dos décadas un esquema de falsificación, asambleas amañadas y acaparamiento de tierras en tres estados del sureste.

 

• Documentos obtenidos también por el Diario CAMBIO 22 exponen una red regional que controla miles de hectáreas en la península mediante fraudes, asambleas amañadas y complicidades oficiales.

 

 

Gabriel Hernández/ CAMBIO 22

La península de Yucatán se ha convertido en el escenario de uno de los mayores procesos de despojo de tierras en la historia reciente del país, durante más de dos décadas, una red integrada por funcionarios estatales, exservidores públicos, empresarios inmobiliarios y operadores políticos ha falsificado documentos, manipulado asambleas ejidales y alterado registros oficiales para privatizar miles de hectáreas de propiedad social y nacional en Yucatán, Quintana Roo y Campeche.

Las más de 11 mil hectáreas robadas al patrimonio de la nación, reveladas por Latinus, son solo la punta visible de un entramado mucho mayor, documentos obtenidos por el Diario CAMBIO 22 confirman que esta estructura ha acaparado más de 25 mil hectáreas adicionales mediante fraudes, prestanombres y complicidades institucionales que atraviesan sexenios, partidos y niveles de gobierno.

Latinus también reveló que esta red operó a plena luz de las autoridades, notarios, funcionarios del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y servidores públicos federales avalaron inscripciones irregulares, autorizaron coordenadas inventadas y legalizaron documentos firmados por secretarios federales en fechas en las que ni siquiera ocupaban el cargo.

Incluso se intentó despojar predios privados con escrituras falsas, como ocurrió en Chicxulub Pueblo, donde dueños fueron advertidos de que sus tierras estaban a punto de ser robadas mediante títulos adulterados, a pesar de las denuncias presentadas ante SEDATU, las autoridades federales no intervinieron.

La operación delictiva continuó sin freno, amparada por un aparato burocrático especializado en desaparecer tierras nacionales y transferirlas a manos de una élite político-empresarial.

El medio documentó 24 predios nacionales registrados ilegalmente mediante títulos falsos y coordenadas inventadas, la maniobra inició en los últimos días del gobierno de Ivonne Ortega y se fortaleció durante la administración de Rolando Zapata, predios en Mérida, Celestún, Ucú, Junugmá, Río Lagartos, Tecoh, Conkal y Temozón fueron inscritos como privados y revendidos con ganancias que llegaron a multiplicarse hasta 2,000 %, utilizando números de títulos de Baja California, Puebla y Veracruz para burlar los sistemas nacionales de verificación.

Funcionarios del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial inscribieron predios nacionales en Mérida, Celestún, Hunucmá y Chicxulub Pueblo empleando números de certificado asignados realmente a superficies ubicadas en otros estados, uno de los títulos falsamente incorporados en Yucatán correspondía en realidad a un predio en Othón P. Blanco, Quintana Roo, mientras que otro el número 144391 estaba vinculado a un terreno del municipio de Tecate, Baja California. La operación consistía en reciclar documentos ajenos, reasignar coordenadas y fabricar escrituras retroactivas para que tierras peninsulares aparecieran legalmente “amparadas” por títulos expedidos décadas atrás en otras entidades del país como es el caso de Quintana Roo, borrando así cualquier rastro del origen nacional de los predios robados.

El sureste vive así un saqueo silencioso que ha convertido a la tierra en mercancía de élites político-empresariales mientras comunidades enteras quedan vulnerables ante un modelo de privatización encubierto.

Un entramado que va más allá de Yucatán

Los documentos analizados por CAMBIO 22 confirman que el despojo descrito por Latinus es solo una parte de una red mayor, un grupo de empresarios, exfuncionarios agrarios, políticos y operadores financieros que desde los años noventa ha acaparado miles de hectáreas en Yucatán, Quintana Roo y Campeche.

Los listados revisados muestran a más de treinta actores que poseen superficies que van desde 450 hasta más de 4,500 hectáreas, distribuidas en varios núcleos agrarios para ocultar la concentración.

Desarrolladores inmobiliarios, familiares de exgobernadores, exsubprocuradores y operadores ligados al Tren Maya aparecen conectados a este modelo de apropiación territorial.

Las listas de componentes de la llamada “mafia agraria” revelan incluso a personajes que concentran hasta nueve ejidos a la vez, utilizando fideicomisos bancarios, empresas instrumentales y asambleas ejidales amañadas para “lavar” la tierra y convertirla en propiedad privada lista para el mercado inmobiliario.

Uno de los expedientes que ejemplifica cómo opera esta estructura es el de Arturo Boix Castillo, identificado con más de 150 hectáreas dentro de un núcleo agrario en Quintana Roo.

La serie de reportajes publicados por el Diario CAMBIO 22 expuso cómo Boix aprovechó este modelo de complicidades para controlar zonas estratégicas de alto valor turístico en los cenotes de Puerto Morelos y el ejido de Leona Vicario, utilizando asambleas manipuladas, presiones legales y una red de abogados y gestores conectados con un funcionario de la actual administración estatal.

Gracias a las denuncias documentadas, Boix fue expulsado del ejido y quedó parcialmente desmontado el esquema de extorsión y acaparamiento que operaba en la zona.

Su caso confirma que la mafia agraria no es un fenómeno del pasado, sigue activa y adaptada a las estructuras políticas actuales.

Un despojo masivo en la Península

Del análisis conjunto de la documentación se desprende que en la península han sido desplazadas, de manera ilegal, más de 25 mil hectáreas de propiedad social, distribuidas de la siguiente manera:

Desglose por estado (propiedad social despojada)

• Quintana Roo: 12,817 hectáreas

• Yucatán: 11,785 hectáreas

• Campeche: 641 hectáreas

Total acreditado en propiedad social: 25,243 hectáreas

A este mapa se suman las más de 11 mil hectáreas de terrenos nacionales robadas en Yucatán mediante falsificación de títulos, según Latinus.

“En la Península de Yucatán, al menos 28 empresarios, políticos y operadores concentran más de 25 mil hectáreas de propiedad social mediante esquemas de despojo y acaparamiento de tierras.”

Debido a que ambos procesos el ejidal y el nacional utilizan esquemas similares de alteración registral, es posible que algunas superficies se traslapen; sin embargo, aun en el escenario más conservador, el volumen del despojo se mide en decenas de miles de hectáreas privatizadas de forma irregular en los tres estados.

Modus operandi del despojo

El patrón se repite:

1. Identificación de tierras nacionales o ejidales cercanas a zonas turísticas o al Tren Maya.

2. Falsificación de títulos utilizando números de otros estados.

3. Asambleas ejidales ficticias o manipuladas sin conocimiento de los dueños originales.

4. Inscripción estatal fraudulenta mediante el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial.

5. Reventa escalonada a desarrolladoras inmobiliarias, multiplicando su valor hasta 20 veces.

El caso de Hunucmá es un ejemplo emblemático, 600 hectáreas se registraron como privadas en 2012, se vendieron en 9 millones de pesos, luego en 45 millones y hoy valen más de 160 millones.

El mapa de tenencia de la tierra en la Península de Yucatán elaborado con datos del Registro Agrario Nacional en 2019 confirma visualmente la dimensión del problema, más del 60 % del territorio está bajo regímenes ejidales o de uso común, lo que lo convierte en uno de los espacios más vulnerables a fraudes, simulaciones de asamblea y apropiaciones ilegales.

La apropiación ilegal de tierras nacionales y ejidales en la península evidencia la existencia de una red que opera desde niveles altos del poder político y económico.

Funcionarios que hoy ocupan cargos públicos participaron en la manipulación de registros y en la autorización de escrituras falsas que permitieron el saqueo indiscriminado del territorio.

La magnitud del despojo exige una revisión integral de los registros agrarios, la cancelación de escrituras fraudulentas y sanciones efectivas, la ciudadanía tiene derecho a saber quién se está apropiando del patrimonio territorial del sureste.

Lo que esta investigación confirma es contundente, el saqueo de la tierra en Yucatán, Quintana Roo y Campeche no es incidental, es estructural, un modelo que ha operado durante décadas, que sigue activo y que continúa alimentándose de impunidad, silencio institucional y poder económico.

En todo el país, el RAN identifica a más de 400 personas entre empresarios, exfuncionarios, políticos, familiares de gobernadores, prestanombres y operadores de alto nivel, que han acaparado más de 223 mil hectáreas de propiedad social y nacional mediante fraudes, asambleas amañadas, falsificación documental, coerción y uso indebido de estructuras institucionales.

Esa cifra equivale a más del doble de la extensión completa de la Ciudad de México y es considerada por las propias autoridades agrarias como el mayor proceso de privatización irregular de tierras comunales en la historia moderna del país.

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

cambio22digitalcun@gmail.com

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