Desmantelan 118 Cámaras Parásitas Instaladas Ilegalmente en Quintana Roo

Alejandro López / CAMBIO 22

Cancún, Quintana Roo, 03 de Junio del 2025.- Hasta la fecha, las autoridades de seguridad han retirado un total de 118 cámaras conocidas como “parásitas”, dispositivos de videovigilancia instalados sin autorización en diversos municipios del estado.  Esta acción forma parte de un esfuerzo coordinado para garantizar la privacidad y seguridad de los ciudadanos.

Julio César Gómez Torres, secretario de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, informó que recientemente, en colaboración con elementos de la Marina, policías estatales y municipales de Othón P. Blanco, así como personal del C5, se desinstalaron ocho de estos dispositivos en puntos estratégicos de Chetumal.

Los equipos estaban ubicados en postes de luz, lo que facilitaba su monitoreo no autorizado. En lo que va del año, se han identificado y retirado cámaras parásitas en varios municipios: cinco en Benito Juárez, 22 en Cozumel, 14 en Felipe Carrillo Puerto, siete en José María Morelos, 23 en Othón P. Blanco, 35 en Playa del Carmen y 12 en Tulum.

Estas instalaciones ilegales representan un riesgo para la privacidad de los ciudadanos y pueden ser utilizadas para actividades delictivas, como el “halconeo”, es decir, la vigilancia y alerta sobre la presencia de las fuerzas de seguridad.

El secretario Gómez Torres enfatizó la importancia de la colaboración ciudadana en la identificación y reporte de estos dispositivos.  De ahí que instó a la población a comunicar cualquier sospecha de cámaras instaladas sin autorización al número de emergencias 911, para que las autoridades puedan actuar de manera oportuna y retirar los equipos ilegales.

Las “cámaras parásitas” son sistemas de videovigilancia instalados de forma clandestina en lugares públicos o privados, como postes de alumbrado público o estructuras de telecomunicaciones.  Su principal función es monitorear el movimiento de las autoridades, grupos rivales o coordinar actividades delictivas, lo que constituye una violación a la privacidad y seguridad de la comunidad.

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