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• Necesariamente Incómoda

 

Graciela Machuca Martínez / CAMBIO 22

Los tiroteos que se documentaron entre el 17 y 18 de diciembre en los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Tulum ya forman parte de la vida cotidiana de Quintana Roo y son una prueba fehaciente del contubernio de autoridades de los tres niveles de gobierno y la delincuencia organizada, incluso, a nivel nacional ya no se encuentra la línea divisoria entre la clase gobernante y la criminal, porque actúan como un solo ente.

En Felipe Carrillo Puerto, la violencia se le salió de control a la presidenta municipal Maricarmen Candelaria Hernández Solís, a tal grado que autoridades de protección civil y de educación de la entidad tuvieron que instruir a los directivos de la Escuela Secundaria Leona Vicario que pospusieran sus actividades decembrinas como un desfile y un festival para garantizar la integridad de la comunidad estudiantil después de los tiroteos y operativo policial y militar que se montó ante la “presencia” en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto de conocidos delincuentes, que según las autoridades los andaban buscando y que incluso por uno ofrecían una recompensa de 700 mil pesos y fue precisamente este individuo que fue “abatido” por las fuerzas del orden durante tan caótico operativo.

La población carrilloportense se encuentra sumida en la violencia y expuesta a que en cualquier momento, alguno de sus integrantes sea víctima de una bala pérdida, porque las complicidades por acción u omisión de algunas personas con cargos en la administración pública ha llevado a la delincuencia a pedir cada día más y cuando no se los dan, lo arrebatan. Alguien o algunas personas le permitieron el ingreso a la delincuencia organizada a Felipe Carrillo Puerto y a Tulum, entre otros municipios de Quintana Roo, incluyendo a la joya del turismo, Cancún.

A pesar de las horas de terror que se vivió en Felipe Carrillo Puerto durante el miércoles 17 de diciembre, las autoridades de procuración de justicia y de seguridad pública pasaron horas para dar su versión institucional de los acontecimientos, información que no dejó convencida a la ciudadanía de este municipio, al considerar que esas horas de silencio institucional, a pesar del estruendo de los balazos, les permitió cuadrar la versión, como solo el fiscal Raciel López Salazar lo sabe hacer para darle protección a sus aliados.

Por ello, la Fiscalía General del Estado informó ya el 18 de diciembre, que durante un operativo, derivado de un enfrentamiento armado, elementos del Grupo Interinstitucional abatieron a Miguel “N”, alias “Casilda”, presunto jefe de plaza de una banda generadora de violencia dedicada al narcomenudeo y extorsión, en este municipio.

La versión oficial sobre el operativo del 17 de diciembre en Felipe Carrillo Puerto dice que logró la detención de un masculino, miembro del mismo grupo delictivo.

Policías y militares aseguraron siete armas de fuego largas: seis calibre 0.223 mm y una calibre 7.62 mm conocida como “cuerno de chivo”’, cuatro armas cortas calibre 0.9 mm, granadas de fragmentación, cargadores abastecidos, ponchallantas, chalecos y accesorios tácticos.

Además, se aseguraron dos vehículos: un Jetta color negro y un Virtus blanco, el cual está presuntamente relacionado con diversos actos de privación de la libertad.

A Fiscalía de Quintana Roo “aclaró” que el masculino abatido era considerado objetivo prioritario del Atlas Delictivo del Estado, por lo que contaba con ficha de recompensa por 700 mil pesos, desde el 19 de septiembre del año en curso, para quien diera información efectiva y fidedigna que contribuyera a su captura. Es presunto responsable de varios homicidios y desapariciones de personas, además de contar con orden de aprehensión vigente, por esos delitos.

Desde luego que la versión oficial de la Fiscalía no dejó convencida a la población de Felipe Carrillo Puerto, porque ella “tiene otros datos” y están a la espera porque se liberó a una mujer, presuntamente vinculada a una banda criminal, además, de tener vínculos familiares con personas servidoras públicas.

A pesar de la fuerza militar y de seguridad pública con la que se presume que se montó el operativo de seguridad, se les escapó el líder del grupo criminal.

La narrativa institucional puede llevarse horas en ajustarla de acuerdo a los intereses y metas de las autoridades involucradas, pero la población cuenta con canales de información más eficientes que la propaganda gubernamental a la que se le invierten miles de millones de pesos pero que ya no impacta en la sociedad.

Uno de los tiroteos documentados en Tulum se registró durante la noche del miércoles y madrugada del jueves en la zona de la ExpoTulum, sin que la policía municipal de Diego Castañón Trejo se preocupara por indagar lo sucedido.

A través de redes sociales se difundieron videos por medio de los cuales se grabaron los momentos de las balaceras, por lo que muchas personas se tiraron al piso o se resguardaron donde pudieron, con el temor de ser víctima de una bala perdida.

Este destino turístico no solo está perdiendo su esplendor por los precios tan elevados, la mala calidad de los servicios, los fraudes inmobiliarios, así como la negligencia e incapacidad de la autoridad municipal, sino por el alto grado de inseguridad pública que lacera la actividad turística.

La presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, puede salir a culpar a las familias de Carrillo Puerto del caos que ha sembrado la delincuencia, pero se olvida que ella es la primer responsable del fracaso de los esquemas de seguridad pública, porque hasta el momento no ha demostrado tener la capacidad para gobernar en beneficio del pueblo.

Tanto las autoridades municipales de la entidad, así como las de la Fiscalía y de la Secretaría de Protección Ciudadana Estatal deben informar a todo el pueblo de Quintana Roo sobre las razones de este caos.

Estudiosos sobre seguridad nacional y seguridad pública han concluido que cuando las estrategias de seguridad pública benefician más a la delincuencia que a la ciudadanía la corrupción e impunidad son el capital de quienes administran el poder institucional.

Ahora, las preguntas son varias y desde los tres niveles de gobierno deben responder, por lo menos a una ¿a quién beneficia que la zona maya esté cogobernada por la delincuencia?

 

 

 

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