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• Necesariamente Incómoda

 

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

El deterioro de la relación entre las fuerzas militares y la sociedad en Quintana Roo empezó desde que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió exponer a la institución a los vaivenes de su política interior para sacar adelante sus proyectos de infraestructura como el Tren Maya, lo que se agudizó con las expropiaciones indiscriminadas que se han hecho tanto de tierras ejidales como de pequeña propiedad y que la mayoría de esos predios han quedado para el usufructo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la cual fue sacada de su tarea de salvaguardar la soberanía nacional para dedicarla a la construcción.

La confianza de la ciudadanía en esta institución a ido a menos, porque a lo anterior, el gobierno federal declaró que las obras que ejecutara la SEDENA serían de seguridad nacional, con lo que se formó un velo en torno al millonario presupuesto asignado a las tareas de construcción de la institución militar, por lo que no está obligada ni a la transparencia ni a la rendición de cuentas.

El descontento ciudadano ha ido en aumento cuando se fue conociendo poco a poco que la SEDENA, con el aval de López Obrador, se dedicó a realizar diversas construcciones paralelas al Tren Maya, sin cumplir con la normatividad de protección al medio ambiente, entre los casos a mencionar está un hotel en medio de la selva, para lo cual en ningún momento solicitó los permisos correspondientes, así como la construcción de la casa de descanso de militares en la Laguna de Bacalar, trabajos que inició sin autorización y en contra de la voluntad de la comunidad.

El Parque del Jaguar en Tulum es otra franquicia de la SEDENA, en donde los militares se apoderaron de las playas públicas, de la reserva y de la zona arqueológica para cobrar a los visitantes.

Sin embargo, este fin de semana dicho distanciamiento entre sociedad y militares subió de nivel en la Isla de Cozumel, donde pobladores inconformes lanzaron piedras y prendieron fuego a la caseta de vigilancia y a la fachada de las instalaciones de la Guarnición de la Secretaría de la Defensa Nacional, luego que una niña de nueve años de edad corría gritando que había sido agredida sexualmente por un soldado.

La niña, presunta víctima, que se dedica a vender chicharrones en la zona centro de la isla, fue identificada y auxiliada por los transeuntes, quienes llamaron a la población a realizar protestas frente a la Guarnición Militar para exigir justicia. Se informó que el militar, la llevó hasta la zona habitacional de las instalaciones militares donde abuso de ella.

Al conocerse el hecho en la isla, decenas de personas se concentraron frente a las instalaciones militares y empezaron a lanzar piedras, palos y bombas molotov, incendiándose la caseta de vigilancia y parte de la fachada.

Otras personas destruyeron y saquearon la tienda Defensamx ubicada dentro de las instalaciones militares.

Uno de los mandos, el general brigadier Armando Toscano Yáñez salió a dialogar con la multitud a la que le prometió una investigación a fondo, sin embargo, los disturbios continuaron.

Durante las protestas se escucharon detonaciones de armas de fuego al interior de la Guarnición Militar para dispersar a la multitud, por lo que una mujer resultó herida de forma superficial y fue trasladada a un hospital, donde se confirmó que su vida no corre peligro.

Los disturbios se extendieron a otros puntos de la isla de Cozumel y durante la madrugada del domingo en las oficinas de la Fiscalía General del Estado, ubicada en la avenida 65, las ventanas y puertas fueron destrozadas.

Asimismo, al menos dos tiendas de conveniencia sufrieron daños por la multitud.

La niña fue trasladada a un hospital donde se le brindó la atención médica y psicológica. La protesta ciudadana continuó durante varias horas del domingo frente a la Guarnición Militar en Cozumel.

La Fiscalía General del Estado informó de la detención un militar  identificado como Jairo, “por su posible relación en hechos tras señalamiento de posibles actos de abuso sexual, en agravio de una víctima del sexo femenino, menor de edad, de identidad reservada”.

Pero el descontento social este fin de semana no solo fue en Cozumel, sino también se dejó ver en Tulum, donde un grupo de vecinos y activistas en defensa del medio ambiente bloquearon la carretera federal.

Durante gran parte del domingo, habitantes de Tulum, protestaron  por la privatización de las playas y la zona arqueológica de Tulum.

Luego de manifestar su hartazgo y cansancio por los abusos de elementos de la  Secretaría de la Defensa Nacional, institución que administra el Parque del Jaguar decidieron bloquear el tráfico vehícular.

El descontento se debe a “al sangrado” de la economía de turistas y de prestadores de servicios turísticos, por lo elevados cobros para ingresar al parque.

La protesta ciudadana inició desde las diez de la mañana del domingo 31 de agosto y hasta las 20:00 horas aún continuaban en la carretera, en espera de la llegada de alguna autoridad para dialogar.

Advirtieron que si el gobierno federal no atiende sus demandas el bloqueó continuará. Permiten el paso de unidades de emergencia.

Durante el día, un grupo de elementos de la Guardia Nacional intentaron desalojar a los manifestantes, pero los agentes del Estado fueron corridos del lugar.

También en Tulum, el sábado 30 de agosto, trabajadores del hotel “Mundo Maya Tulum”, administrado por Grupo Mundo Maya, empresa de la Secretaría de la Defensa Nacional, realizaron una protesta frente a las instalaciones del establecimiento, para denunciar malos tratos laborales y actos de hostigamiento por parte de uno de los mandos del establecimiento.

Una de las quejas es presentada en contra Marco Antonio Torres Martínez, subgerente de cuartos, a quien el personal lo señala  de desempeñar sus funciones con despotismo e inflexibilidad, al grado de incurrir en hostigamiento laboral, su trato hacia las empleadas y empleados ha deteriorado el ambiente de trabajo y generado constantes conflictos.

María del Carmen Ruiz López, una de las empleadas inconformes, del área de servicios públicos, dijo que fue obligada por Torres Martínez a asistir a un curso de capacitación, a pesar de que había informado que no podía acudir debido a que se encontraba al borde de un episodio asmático. Sin embargo fue presionada a presentarse, pero durante el curso comenzó a sentirse mal y tuvo que salir del recinto por no poder respirar. Comentó que un colega tuvo que ir por el inhalador a su casillero para evitar que cayera en una crisis.

Lo que está pasando en Quintana Roo en relación a la convivencia de militares con la sociedad debe ser observado por las más altas instancias de los gobiernos federal y estatal, para evitar una confrontación de lamentables consecuencias.

 

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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