Descenso de Homicidios en Playa del Carmen ¿Discurso o Realidad?

Carlos Barrachina Lisón / CAMBIO 22

Investigador adscrito a El Colegio de la Frontera Sur.

En las últimas semanas se ha reproducido de forma recurrente, a través de diferentes medios de comunicación, que en Playa del Carmen ha descendido la violencia homicida, señalándose que la inversión de más de 1,200 millones de pesos emprendida por la presidenta municipal Estefanía Mercado está dando resultados.

En el mes de julio se afirmó que según análisis de la encuestadora Rubrum, Playa del Carmen era la cuarta ciudad más segura del país y la tercera entre las gobernadas por mujeres. Esta información, muy alejada de la realidad, debe ser interpretada en el contexto de los informes de gobierno de los presidentes municipales, e incluso en el de la carrera por la sucesión de la gubernatura del Estado de Quintana Roo, en el que la alcaldesa de Playa del Carmen se quiere situar en un lugar privilegiado.

Cada día es más difícil saber cómo interpretar con certeza la información de la autoridad en relación a los datos de homicidios. Quintana Roo y Michoacán son las dos únicas entidades federativas que esconden datos en el rubro: “homicidio culposo no especificado”. Es decir que declaran, en el caso de Quintana Roo desde el 2019, que tuvieron muertos por causas violentas, pero que no saben cómo éstos se murieron. Ello nos obliga a que para comparar de forma correcta el número de homicidios en el país, debamos restar del total, los fallecidos por accidente de tránsito, y sumarle los feminicidios, que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ubica en otra categoría.

Playa del Carmen es el tercer municipio más violento de México, entre los que tienen 250.000 y 500.000 habitantes. Le preceden Cajeme en Sonora y Salamanca en Guanajuato. Con tasas menores de homicidios en el año 2024 le seguían Cuernavaca en Morelos, Uruapan en Michoacán, Oaxaca en Oaxaca, y Chilpancingo en Guerrero. Playa del Carmen en el 2024 tuvo una tasa de 65.10 muertes violentas por 100.000 habitantes; mientras que Cajeme tuvo 72.03, Salamanca 68.17, Cuernavaca 58.31, Uruapan 54.1, Oaxaca 44.18 y Chilpancingo 42.26.

Por otra parte, entre los municipios turísticos, mayores de 250.000 habitantes. Playa del Carmen es el segundo más violento del país en el 2024. Acapulco con 118.88 es el más violento en esta categoría y Benito Juárez es el tercero con 61.97. El cuarto y el quinto son Cuernavaca y Oaxaca. La gestión de la seguridad en las zonas turísticas del país el Estado de Quintana Roo es especialmente preocupante, porque entre los municipios menores a 250.000 habitantes tanto Tulum (229.04), como Puerto Morelos (118.88) e Isla Mujeres (89.53) tienen las tasas más violentas del país.

La violencia debe ser interpretada a lo largo de una serie de años. Ello no le conviene al político, que tiene urgencia en señalar que fruto de sus acciones, se pueden encontrar resultados positivos. Sin embargo, en el análisis se debe presentar la secuencia completa para estudiar con la mayor certeza posible la evolución de la violencia, que suele subir o bajar con los años dependiendo de las circunstancias. En el caso de Playa del Carmen en el año 2018 se contabilizaron 114 homicidios, que representaban 41.44 homicidios por 100.000 habitantes, en el 2019, 334 (101.21), en el 2020, 241 (69.95), en el 2021, 283 (80.27), en el 2022, 266 (72.46), en el 2023, 319 (83.39) y en el 2024, 258 (65.10). Si vemos esta secuencia no se percibe el cambio de dinámica que nos están anunciando.

El indicador de muertes por homicidio es uno de los más importantes que debe ser conocido, sin embargo, no es el único, y en ocasiones no es suficiente para entender una situación como la que está atravesando México en general, y el sur del país en particular, ya que hay zonas en las que el crimen organizado pelea la plaza, y otras en las que controla la vida cotidiana de las personas, y en ocasiones sustituye incluso al Estado como actor regulador de la convivencia, sin necesidad de provocar un gran número de muertes violentas. Por otra parte, se debe relativizar mucho, y se debe contextualizar cualitativamente, por los posibles pactos que puedan existir del crimen organizado con el poder político, como evidencia el que durante el periodo de Hernán Bermúdez Requena en la dirección de la gestión de la seguridad pública de Tabasco, se redujeran el número de homicidios, mientras se fortalecía “La Barredora” y que en el último año, con la huida y captura de este político, estos hayan aumentado significativamente.

La violencia en Quintana Roo se visualiza en dos escenarios fundamentales. En el norte de la entidad existe una gran presencia tanto del Estado, como del crimen organizado. La lucha por las plazas de los diferentes grupos provoca números alarmantes de homicidio. Ello lleva a que los políticos utilicen la propaganda para tratar de convencernos de que la violencia en una zona turística tan importante no es un problema grave, así como a que la fiscalía manipule o esconda en rubros oscuros la información que reciben tanto el SESNSP como el INEGI en el momento de publicar sus datos.

La zona centro y sur de la entidad, por otra parte, presenta una escasa presencia del aparato estatal, especialmente en las zonas rurales, y una sólida de grupos del crimen organizado que no requiere generar altos niveles de violencia, porque controla el territorio, aunque el reacomodo de los grupos en los últimos años ha hecho que hayan aumentado el número de desaparecidos, así como de desplazados forzados internos. En 2018 en Quintana Roo se tienen contabilizadas 26 personas desaparecidas, mientras que en 2019 fueron 111, en 2020 53, en 2021 112, en 2022 307, en 2023 263 y en 2024 333. En el 2025, hasta el mes de julio se llevaban reportadas 266 personas desaparecidas (sobre el número de desplazados no existe contabilidad).

La falta de seguridad y la violencia son dos realidades en Quintana Roo, que especialmente se dispararon a partir del sexenio del gobernador Carlos Joaquín González. Sin embargo, la tendencia no se ha logrado moderar, y las comunidades lo están sufriendo. En el norte con extorsión y derecho de piso, además de a través de la violencia homicida provocada por el enfrentamiento de los grupos. En el sur con el control del territorio, los desaparecidos, el miedo que se sufre en el ámbito rural, y la presión política de un gobierno que no acepta de buen grado la crítica o el comentario divergente.

La simulación en la gestión de la Seguridad Pública, hasta la fecha, lo único que ha logrado es que los problemas se compliquen, y que las libertades individuales hayan sufrido con ello.

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