Derecho a la Información, Único Instrumento Jurídico y Político que Puede Salvar la Democracia en México

• Necesariamente Incómoda

• En solidaridad con Silvia Peraza, periodista en Cozumel, Quintana Roo.

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

Después de una de las hambrunas que azotó a China durante el régimen de Mao Tse Tung, como  consecuencia de sus programas de gobierno, el líder comunista reconoció que a sus críticos les faltó insistir más en sus señalamientos, porque solo así se hubiera dado cuenta de sus fallas y poder enmendarlas. Desde luego que esta situación se dio en plena guerra fría, en un país donde la disidencia es castigada, institucionalmente, con pena de muerte.

Sin embargo, la lección del discurso de Mao Tse Tung en un régimen democrático como es el de México es de vital importancia porque los derechos a las libertades de opinión, expresión, prensa e información no pueden quedarse a la deriva y confundirse con la tarea propagandística que tienen, conforme a derecho, ciertas instituciones que cuentan con los presupuestos legítimos para que desde los medios de comunicación se coadyuve a que el Estado mexicano garantice el Derecho a la Información, el cual en todo momento es un derecho humano y que no puede estar a la discrecionalidad de los gobiernos en turno.

Hago referencia a estos conceptos porque en Quintana Roo, varios periodistas que no confundimos nuestra labor social, con nuestros compromisos comerciales, hemos sido objeto de diversas formas de hostigamiento, que va desde el cibernético, hasta el judicial y en muchas ocasiones las amenazas presenciales y digitales aparecen, a pesar que desde la institucionalidad se habla de libertad de expresión e inclusión de las ideas.

Maya sin Fronteras y CAMBIO 22 hemos recibido ataques a nuestros sitios web de personajes de mala reputación que han logrado ingresar al gobierno de la 4T y para conservar sus empleos quieren, por medio de la fuerza, que se borre desde nuestros servidores las notas periodísticas que son evidencia de su actuar en el pasado.

El martes 24 de septiembre, durante la madrugada, la periodista Silvia Peraza, titular del portal Código Rojo Quintana Roo, fue víctima de un ataque armado en su domicilio en Cozumel.

De acuerdo a información proporcionada por la víctima, la agresión se registró horas después de que  presentara una denuncia ante el Ministerio Público por una amenaza recibida en su teléfono celular.

En la vivienda de Silvia Peraza quedaron la evidencia de tres impactos de proyectiles de arma de fuego, uno de los cuales dañó un vehículo estacionado. Los criminales no se conformaron dejar su huella física con esos tres balazos,  además, hicieron disparos al aire, lo que alertó no solo a las personas ocupantes de la cada, sino a vecinos cercanos.

Como siempre, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que inició una carpeta de investigación al respecto y que las autoridades locales colaborarán con ella durante la investigación.

La pregunta es: ¿A quién o a quienes ha molestado el trabajo periodístico de Peraza?, cuyo portal informativo se ha convertido durante los últimos meses en el único canal para difundir la voz de la ciudadanía que no está de acuerdo con lo que se hace desde las instancias gubernamentales en la isla.

En las publicaciones de Código Rojo Quintana Roo hemos podido leer datos como el siguiente: durante los últimos tres años, durante el gobierno municipal de Juana Obdulia Alonso Marrufo se han registrado 39 homicidios dolosos y al menos 80 intentos de homicidios. La población de Cozumel no estaba acostumbrada a estos niveles de violencia, ya que durante el gobierno anterior, durante todo el trienio, solo se documentaron cinco asesinatos.

Hay que recordar que recientemente, Silvia Peraza fue presionada para bajar de su portal una nota sobre la muerte de un paciente del IMSS por presunto negligencia médica.

A las voces de inconformidad por este agravio a una profesional del periodismo se han sumado organismos como el Consejo Coordinador Empresarial de Cozumel y el Colegio de Profesionistas en Comunicación del Estado de Quintana Roo, así como otros colectivos a nivel nacional, espero que la solidaridad de periodistas que aún quedamos en Quintana Roo se siga haciendo evidente, porque solo la unidad nos llevará a buen puerto, en estos tiempos que el fantasma de la voz única predomina por todo el país.

El acceso a la información es parte integrante de la libertad de expresión y un instrumento importante para promover el estado de derecho u otros derechos, a fin de fomentar la confianza. Es un facilitador del desarrollo sostenible en ámbitos como la salud, el medio ambiente, la lucha contra la pobreza y la lucha contra la corrupción, de acuerdo a los parámetros diseñados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus múltiples agencias.

Por ejemplo, la UNESCO ayuda a los Estados Miembros a cumplir e implementar tratados y acuerdos internacionales, normativa y estándares relacionados con el acceso universal a la información, así como a contribuir a las sociedades pacíficas (ODS 16).

En septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas designó a la UNESCO como la agencia de la ONU responsable del monitoreo global del indicador 16.10.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) respecto del “número de países que adoptan e implementan garantías constitucionales, legales y/o normativas para el “acceso público a la información””.

México en general y Quintana Roo, en específico, ahora que se vive en una violencia sistemática generada por la pugna entre grupos del crimen organizado, requieren que el Derecho a la Información sea garantizado por el mismo Estado mexicano como lo establece el Artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y corresponde a las autoridades de los tres niveles de gobierno, llevarlo a la práctica.

Ahora que México a regresado a vivir bajo el régimen de un Partido de Estado es urgente garantizar el ejercicio pleno del derecho a la información, porque es a través de este instrumento de los derechos humanos como los diferentes sectores de la población podrán lograr que su voz sea escuchada por la clase gobernante, porque hay que recordar que la voz de la mayoría no tiene porque representar a la verdad absoluta. Vivimos en un país pluriétnico, plural e incluyente, de allí la necesidad que no volvamos a repetir lo que tanto daño le hizo al pueblo de México durante el gobierno del llamado partido de estado cuando el PRI era el todo poderoso.

En Quintana Roo, como en la mayoría de los estados del país, MORENA y sus ahora aliados, tienen a su servicio a los poderes legislativos y judiciales, a las fiscalías, a los hasta hoy órganos autónomos, a la mayoría de los medios de comunicación que en el pasado fueron voceros del PRI y del PAN, por lo que el margen para que la ciudadanía disidente pueda expresarse es mínimo y este debe ser usado por quienes queremos hacer periodismo.

La función social es una de las tareas principales del periodismo y no queremos que si la tendencia al autoritarismo triunfa en este país, las nuevas generaciones se pregunten, que estaban haciendo los que se decían periodistas cuando la semilla del autoritarismo empezó a germinar.

Quienes gobiernan hoy este país no pueden quedarse con que pueden gobernar con voces uniformadas o con una sola, la de los grupos políticos y económicos en el poder, porque solo la diversidad de ideas, de realidades y de opiniones pueden garantizar la salud de una democracia.

En México están sucediendo cosas insospechadas en otras décadas en materia jurídica y política, la diplomacia está por los suelos, sin embargo, al capital extranjero no le interesa lo que política y legalmente le pase al país, porque los costos, incluyendo los de la corrupción se los trasladan al consumidor final, que seguirá siendo el pueblo de México.

La reforma judicial no asusta a las empresas transnacionales, porque saben que si los jueces son electos por voto popular sus sentencias no tendrán nada que ver con el Derecho y la Justicia, sino con los intereses políticos y económicos de la clase política en el poder, cuyos integrantes siempre tienen un precio.

Podemos hablar de circunstancias catastróficas para la vida democrática del país, pero el Derecho a la Información seguirá siendo el derecho instrumental que nos permita buscar el ejercicio pleno de nuestros demás derechos fundamentales. Por ello, al proyecto de la 4T no contempla una reestructuración de fondo en la administración de justicia, mucho menos en la procuración de justicia, incluso, la reforma educativa prometida solo quedó en meros actos administrativos, pero el fondo, el contenido, solo fue mutilado.

redaccionqroo@cambio22.mx

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