Miguel Ángel Fernández/CAMBIO 22

BACALAR, 19 de marzo.  La construcción que lleva a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en la zona de Bacalar ha despertado inquietudes debido a que se realiza en un área protegida, específicamente dentro de un ecosistema costero que amerita estrictas medidas de protección ambiental.

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), toda obra o actividad que pueda afectar estos ecosistemas debe someterse a una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Esta evaluación es obligatoria para proyectos que impliquen desarrollos inmobiliarios en ecosistemas costeros, obras en humedales, manglares, lagunas y otras áreas de alta fragilidad ecológica.

El proyecto en cuestión se ubica dentro del área regulada por el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial Laguna de Bacalar, en las unidades de gestión ambiental (UGA) identificadas como Ah1 (Aprovechamiento) y Ff-20 (Conservación), las cuales establecen lineamientos específicos para garantizar la protección del entorno natural.

 

Impactos ambientales observados

Diversos criterios ambientales indican que la obra presenta elementos preocupantes, tales como:

– Compactación y relleno del suelo, lo que ha alterado el flujo hidrológico natural y dañado el pasto marino, elemento clave del ecosistema.

– Dispersión de polvo, emisiones atmosféricas y generación de residuos peligrosos, lo que representa una amenaza directa para la emblemática Laguna de los Siete Colores.

– Corte del flujo hidrológico natural, debido a la pérdida de permeabilidad del suelo por la compactación.

El ordenamiento ecológico establece que en zonas susceptibles a inundaciones las construcciones deben edificarse sobre pilotes para garantizar el flujo natural del agua, además de exigir estrictas medidas de manejo de residuos y control de contaminantes.

 

Llamado a las autoridades

Ante estas irregularidades, ciudadanos y especialistas en medio ambiente cuestionan la falta de intervención de autoridades como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo (PPA).

Asimismo, se exhorta al titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), Oscar Rebora, a que supervise directamente la situación en la zona sur del estado, ya que se ha señalado su limitada presencia en esta región.

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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