► Empleados piden a la gobernadora y al director de la paraestatal una auditoría exhaustiva para poner fin a los presuntos actos de corrupción y abuso de poder que señalan en las áreas de construcción, recursos humanos y finanzas

 

Ricardo Jesús Rivas/CAMBIO 22

CHETUMAL, 14 de noviembre. – Trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) presentaron en días pasados una denuncia pública en la que describen presuntos actos de corrupción y abuso de poder dentro de la institución, mismos que habrían sido cometidos por personal directivo y administrativo.

Esta petición está dirigida a la gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa, y al director general de la CAPA, Hugo Federico Garza Sáenz, buscando una investigación y solución a lo que describen como un clima laboral hostil y corrupto.

La denuncia por escrito fue llevado al despacho de la gobernadora, pero fue rechazado con el argumento de que “no tenía logotipos oficiales”, por lo que ahora decidieron hacerla pública, para que la mandataria estatal sea enterada de la situación que mencionan en su escrito.

En la carta, los trabajadores expresan su molestia ante los supuestos abusos y extorsiones que, según mencionan, vienen ocurriendo desde hace varios años en la Coordinación de Construcción, donde acusan a exfuncionarios de permitir y facilitar prácticas de soborno a empresas constructoras. Señalan, entre otros, al excoordinador Edgar Gutiérrez Mena como uno de los responsables de estos actos, quien habría permitido y solapado irregularidades en la gestión de proyectos y asignación de contratos.

Los trabajadores sostienen que el actual equipo administrativo sigue manteniendo este esquema de corrupción. Mencionan a Pedro Ubaldo Castro, director de Administración de Obra Pública, así como a otros funcionarios de nivel medio, a quienes acusan de mantener prácticas de extorsión y de beneficiarse mediante la asignación de contratos a empresas bajo condiciones dudosas.

La empresa SANOVA Construcciones S.A. de C.V. es señalada en particular por realizar supuestas “obras fantasma” y recibir pagos sin cumplir con los compromisos establecidos.

Además, los trabajadores de la CAPA relatan una situación similar en las direcciones de recursos humanos y finanzas, donde acusan a Erika Gallegos Gamboa y a Irene Yolanda Castillo Montalvo de maltrato laboral, y de crear un ambiente hostil con el personal.

También denuncian a Miriam Magali Euan Kantun, directora de contabilidad, de hostigar y humillar a los trabajadores, y refieren un caso específico de maltrato a una secretaria de la tercera edad, quien, tras presentar su queja, fue defendida por un coordinador anterior.

La denuncia involucra al nivel directivo de la CAPA y alcanza a asesores que, de acuerdo con los denunciantes, fueron beneficiados con ascensos en esta administración. Estos asesores, José Luis Domínguez y Salim Chamlatti Guillén, quienes habrían mostrado, según los trabajadores, una falta de eficacia en sus antiguos cargos, pero mantienen privilegios debido a sus relaciones dentro de la administración.

Los empleados de la CAPA piden que la gobernadora Mara Lezama realice una auditoría exhaustiva y que sea conducida con honestidad para poner fin a los presuntos actos de corrupción y abuso de poder que señalan como dañinos para la institución y para los servicios públicos en el estado. Consideran que la gobernadora debe cumplir con su compromiso de erradicar la corrupción en su administración y de garantizar el buen funcionamiento de las dependencias estatales.

En su comunicado, expresan la desmotivación que sienten ante lo que describen como una falta de transparencia y responsabilidad en la gestión de la CAPA, y piden la intervención de la gobernadora para garantizar un ambiente de trabajo ético y justo.

 

redaccion.cambio22@gmail.com

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