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• Víctimas acusan a Ángel Santos Moisés de recibir más de medio millón sin construir vivienda

 

 

• Fiscalía General del Estado de Yucatán confirma apertura de carpeta FGE/ORIENTE/UNADT-187/2025 por posible fraude inmobiliario; al menos 60 personas estarían afectadas

 

 

 

Redacción/ CAMBIO 22

Pagó más de medio millón de pesos por una vivienda que jamás se construyó, una profesionista denunció ante la Fiscalía de Yucatán un presunto fraude inmobiliario en el desarrollo “Las Acacias”, en la comisaría de Chi Chí Suárez, tras entregar 539 mil pesos equivalentes al 25 por ciento del valor total del inmueble al representante del proyecto, sin que la casa fuera edificada ni entregada en la fecha pactada, pese a la existencia de contratos firmados, prórrogas notariales y cláusulas de penalización por incumplimiento.

La profesionista que solicitó mantener su identidad en reserva denunció haber sido presuntamente víctima de un fraude inmobiliario tras adquirir, en modalidad de preventa, una vivienda en el desarrollo “Las Acacias”, ubicado en la comisaría de Chi Chí Suárez, en Mérida, de acuerdo con la documentación en su poder, en marzo de 2024 tuvo contacto con el proyecto a través de un anuncio en Facebook y posteriormente con Ángel Santos Moisés, quien se presentó como representante del desarrollo. El 2 de mayo de ese año entregó 20 mil pesos por concepto de apartado y el 13 de mayo firmó un contrato de promesa de compraventa, aportando 195 mil pesos como enganche, con el compromiso de cubrir el resto en 12 mensualidades de 27 mil pesos.

Para la fecha pactada de entrega, el 30 de junio de 2025, había erogado un total de 539 mil pesos, equivalente al 25 por ciento del valor total de la propiedad fijado en 2 millones 150 mil pesos.

La denunciante cuenta con copia del contrato y recibos de pago, realizados tanto en efectivo en oficinas del desarrollo como mediante transferencias bancarias a una cuenta personal.

Durante los meses posteriores a la firma, la compradora acudió de manera constante al predio asignado para verificar el avance de la obra; no obstante, constató que el terreno permanecía sin construcción.

Según su testimonio, tras diversas reuniones con el representante del proyecto, éste aseguró en un inicio que la vivienda estaría lista en el plazo convenido, aunque posteriormente atribuyó los retrasos a supuestos problemas de solvencia y trámites administrativos. El 28 de julio de 2025 ambas partes firmaron un adéndum ante la Notaría Pública número 20, mediante el cual se otorgó una prórroga de seis meses y se estableció como nueva fecha de entrega el 15 de diciembre de 2025 para contar, al menos, con el 70 por ciento de la construcción, con 90 días adicionales para concluirla.

El documento contempló una penalización del 10 por ciento del valor del inmueble en caso de incumplimiento, la formalización de esta prórroga generó un gasto adicional de 3 mil 500 pesos para la compradora.

Llegado diciembre de 2025, el terreno seguía sin construirse, la afectada calculó que además de los 539 000 pesos pagados, ha gastado 15 000 pesos mensuales de renta durante seis meses, honorarios de abogados y ha sufrido afectaciones psicológicas severas. Su prima quien también compró una casa junto a la suya se encuentra en la misma situación, al igual que al menos otras diez personas con las que la víctima ha conversado. El abogado Miguel Rosel afirmó haber reunido testimonios de unas 60 personas que firmaron contratos con Las Acacias y se encuentran sin vivienda ni escrituras.

El nombre Ángel Santos Moisés aparece en edictos publicados en el Diario Oficial del Estado de Yucatán relacionados con litigios bancarios, un ejemplar del 14 de febrero de 2025 incluye su nombre junto con el de María Gabriela Conde Escocer en un procedimiento sobre créditos de Banco Mercantil del Norte y HSBC México, lo que muestra que el empresario ha estado sujeto a procesos legales, estos documentos, publicados por el gobierno estatal, evidencian que Santos ha tenido disputas judiciales previas.

La Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) ha investigado diversos casos de fraude específico relacionados con la venta de viviendas en Yucatán, en un comunicado oficial difundido el 29 de enero de 2026, la FGE informó que dos personas fueron vinculadas a proceso por recibir dinero para construir una vivienda y no cumplir; los imputados recibieron 5.42 millones de pesos, pidieron prórrogas y, al no entregar ni devolver el dinero, la FGE formuló imputación por fraude.

El caso no está relacionado con Las Acacias pero demuestra que la autoridad estatal considera el desvío de recursos para la construcción de viviendas como un delito y que trabaja para sancionar este tipo de conductas.

La institución exhorta a las personas afectadas a presentar denuncias formales para iniciar carpetas de investigación.

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) recuerda que para comprar una vivienda es necesario verificar que la inmobiliaria esté legalmente constituida y que el desarrollo cuente con permisos municipales y registro en el Registro Público de la Propiedad. La dependencia también dispone del Buró Comercial donde se pueden consultar antecedentes de proveedores, quejas recibidas y su estado procesal. Estas recomendaciones, aunque generales, son un recurso oficial para proteger a quienes buscan adquirir un inmueble.

Las personas afectadas han iniciado acciones legales y presentaron denuncias penales ante la Fiscalía de Yucatán, la prioridad de las víctimas no es únicamente recuperar su dinero, sino que la autoridad intervenga para que la supuesta inmobiliaria deje de operar y otras familias no pierdan su patrimonio.

Tras la presentación de estas querellas, la Unidad de Investigación y Litigación sector Oriente de la FGE abrió la carpeta de investigación FGE/ORIENTE/UNADT‑187/2025, identificada con el número único de asunto (NUAT) 1798‑2025‑QE/DIS1. De acuerdo con el documento de apertura, la investigación se inició el 22 de enero de 2026 y se asignó a una agente del Ministerio Público especializada. La existencia de la carpeta confirma que la denuncia avanzó a la fase formal de investigación y que la autoridad estatal analiza la presunta estafa.

Para la denunciante, el caso no es aislado; la situación se inscribe en un contexto de fraudes inmobiliarios que han proliferado en Yucatán.

Las víctimas señalan que la empresa “Las Acacias” no ha iniciado la construcción de las viviendas pese a haber recibido fuertes sumas de dinero. La FGE no ha emitido un posicionamiento público sobre este desarrollo específico; sin embargo, el comunicado del 29 de enero evidencia que la institución persigue delitos de fraude inmobiliario y podría actuar en cuanto existan denuncias formales.

La publicación del nombre del representante en el diario oficial y la existencia de procesos bancarios previos sugieren la necesidad de que las autoridades investiguen las operaciones de Las Acacias.

El crecimiento acelerado del mercado inmobiliario en la zona metropolitana de Mérida ha propiciado la aparición de empresas que ofrecen viviendas en preventa sin contar con la infraestructura para cumplir. De acuerdo con la FGE, el delito de fraude específico se configura cuando alguien obtiene un beneficio económico engañando a otra persona con la promesa de entregar un bien que nunca entrega; las penas incluyen la devolución del dinero y sanciones penales.

El testimonio de la compradora y las denuncias de otras familias dibujan un posible fraude inmobiliario en el desarrollo “Las Acacias” de Chi Chí Suárez, las personas afectadas entregaron cientos de miles de pesos a Ángel Santos Moisés y su empresa sin recibir la construcción prometida. Además, el representante aparece en edictos del Diario Oficial en litigios con bancos, lo que plantea dudas sobre su solvencia y probidad.

Aunque aún no existe un posicionamiento público de la Fiscalía de Yucatán sobre este caso, la dependencia ha mostrado en otros asuntos su disposición a sancionar el fraude específico en compraventas de viviendas. Las víctimas llaman a las autoridades a investigar el desarrollo Las Acacias, a detener la presunta estafa y a que se haga justicia para que ningún yucateco o extranjero pierda su patrimonio por confiar en una inmobiliaria que no cumple.

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

cambio22digitalcun@gmail.com

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