Denuncian Imposición y Saqueo en el Ejido Juan Sarabia: Acusan a Grupo de Poder de Operar con Impunidad y Complicidad de Autoridades Agrarias

Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 4 de agosto.- Ejidatarios de Juan Sarabia han alzado la voz ante lo que consideran un nuevo intento por perpetuar a una red de corrupción enquistada desde hace años en el núcleo agrario.

Señalan la imposición anticipada de Leonel Cantú Galindo como aspirante único a la presidencia del Comisariado Ejidal, sin convocatoria pública y con la complicidad abierta de la Procuraduría Agraria.

Leonel Cantú es hermano del actual comisariado Lauro Cantú Galindo, quien, según testimonios, heredará el cargo para continuar una línea de poder caracterizada por el nepotismo, el saqueo de recursos comunes, el despojo de tierras y delitos ambientales impunes, bajo el liderazgo de Ernesto Haro Gutiérrez, señalado como el operador principal de esta red de control ejidal.

“Están madrugando la elección. No hay convocatoria, no hay transparencia y no hay legalidad. Solo imposición y protección a los de siempre”, denunció un ejidatario que prefirió no dar su nombre por temor a represalias.

Nepotismo y manipulación del proceso

El registro anticipado de la llamada Planilla Verde, encabezada por Leonel Cantú, se realizó sin emitir la convocatoria que establece la Ley Agraria. El cambio de comisariado está previsto para finales de año, sin embargo, esta planilla fue registrada con varios meses de antelación y sin permitir la participación de otras propuestas, lo que para los ejidatarios representa una estrategia recurrente para controlar el proceso electoral ejidal a modo.

Los denunciantes acusan que este procedimiento irregular ha sido posible gracias al contubernio con funcionarios de la Procuraduría Agraria, que validaron el registro sin observar el debido proceso, violando los principios de transparencia y equidad.

La “mafia ejidal”: una red de saqueo con nombres y apellidos

Los señalamientos no son nuevos. De acuerdo con testimonios de los propios ejidatarios, esta estructura ha operado durante años, encabezada por Ernesto Haro Gutiérrez, quien ha colocado a una serie de testaferros para mantenerse en el poder: Marcos Jiménez Potenciano, Lauro Cantú y ahora su hermano Leonel.

Durante sus periodos se ha documentado:

La devastación de selva y daño a vestigios arqueológicos en el Balneario El Chorro.

La explotación irregular de bancos de material, alcanzando el manto freático sin mayores beneficios para los ejidatarios.

El relleno ilegal de humedales del Estero de Chac y la construcción de infraestructura sin permisos, lo que finalmente fue clausurado por la Profepa tras denuncias ciudadanas y la intervención de la gobernadora Mara Lezama.

De la miseria a la opulencia: enriquecimiento ilícito y simulación

Los ejidatarios también acusan el enriquecimiento desproporcionado de varios líderes de esta red. Citan el caso de Ernesto Haro, quien era taxista al asumir el cargo, y al dejarlo ya era dueño de maquinaria pesada, volquetes, terrenos, casas y vehículos del año.

 “Nosotros seguimos igual de pobres, mientras ellos se llenan los bolsillos con lo que es del ejido. Ya se les hizo vicio vivir como caciques”, reclamaron.

En la elección pasada, aseguran que Lauro Cantú logró imponerse con regalos como estufas, televisores y lavadoras, además de ocultar la convocatoria hasta el último momento para impedir la organización de planillas opositoras. Una táctica que, afirman, se está repitiendo descaradamente.

Exigen intervención inmediata

Ante estos hechos, los ejidatarios piden la intervención urgente de las autoridades agrarias federales y del propio Gobierno del Estado para garantizar un proceso limpio, legal y transparente.

“No queremos otro títere. Queremos democracia y rendición de cuentas. Que se publique la convocatoria, que se respete la ley y que se escuchen todas las voces. Ya basta de que los mismos de siempre nos vean la cara”, concluyen los inconformes.

La situación en Juan Sarabia refleja un caso alarmante de captura institucional del ejido por una minoría organizada, protegida por el aparato agrario federal, y con graves consecuencias ambientales, sociales y patrimoniales para el núcleo agrario.

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