Denuncian Desplazamiento de Familias Tseltales en Chiapas

Redacción/CAMBIO22

Habitantes del ejido Jotolá, municipio de Chilón, apoyados por agentes de la Guardia Estatal, la Policía Municipal, funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y del Tribunal Unitario Agrario, “agredieron” y provocaron el desplazamiento forzado de 30 personas tseltales, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Agregó que además, fueron detenidos Francisco Moreno Hernández y María de Jesús Sánchez, quien “fue torturada durante el traslado por un elemento de la Fiscalía Indígena y amenazada con ser desaparecida”.

En un comunicado dijo que “el desplazamiento forzado interno de las ocho familias dejó cinco casas destruidas, pertenencias robadas y quemadas, animales domésticos asesinados y al menos tres personas sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

El organismo explicó que los hechos sucedieron el 12 de febrero cuando, “a las 8 de la mañana fue detenido Moreno Hernández por la Policía Municipal de Chilón”, al tiempo de comentar que entre los desplazados “se cuentan 17 niñas y niños, una mujer embarazada, dos personas adultas mayores y dos menores de edad con discapacidad”.

Añadió que “a las 11 de la mañana, aproximadamente, cien personas irrumpieron en la tierra donde tenían sus casas y hacían la vida las ocho familias que están desplazadas. Entre los agresores se identificó la participación de la Guardia Estatal, la Policía Municipal de Chilón, funcionarios del INPI y del Tribunal Unitario Agrario”.

Afirmó que “la violencia no terminó con el desplazamiento, sino que se profundizó en actos de criminalización y judicialización contra integrantes del CNI. Ese día Francisco y María de Jesús fueron puestos a disposición del Juzgado de Control de Yajalón, en el que se les señaló que estaban acusados del delito de despojo agravado”.

Señaló que “el 17 de febrero continuó la audiencia, en la cual el Juez vinculó a proceso a las personas imputadas. A Francisco se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, pese a que la Fiscalía no argumentó la necesidad de dicha medida, siendo esta la más lesiva”, por lo que “actualmente se encuentra privado de su libertad” en el penal ubicado en Yajalón, mientras que a María de Jesús se le impuso la medida cautelar de firma periódica semanal.

“Estas acciones forman parte de una estrategia de represión contra quienes defienden la tierra y se niegan a privatizarla. La participación de estas autoridades y actores locales en este evento constituye una grave violación a los derechos humanos. A lo anterior se suman ocho órdenes de aprehensión que buscan legitimar la violencia y el desplazamiento, aumentando la vulnerabilidad de las familias que tuvieron que huir de sus hogares y que actualmente se encuentran en riesgo su libertad y seguridad”, expresó.

El Frayba manifestó que “las consecuencias de este ataque afectan derechos fundamentales: la integridad y seguridad personal, el derecho a la vivienda y a la tierra, el acceso a la salud —incluyendo la salud sexual y reproductiva de las mujeres— y los derechos de niñas, niños y adolescentes a vivir en condiciones de bienestar y protección. En particular, se subraya el derecho a la no discriminación en el caso de María de Jesús, mujer desplazada y madre de dos hijos y dos hijas en situación de vulnerabilidad que se agrava por la violencia y el desplazamiento”.

Exigió al Estado mexicano “la aplicación inmediata de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU y, en consecuencia, el cumplimiento de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas. En este marco, es urgente garantizar atención integral a mujeres embarazadas, personas adultas mayores, niñas, niños y personas con discapacidad, quienes enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad tras el desplazamiento forzado”.

Demandó también “el cese de la criminalización y el retiro de las órdenes de aprehensión emitidas contra integrantes del CNI, así como la liberación inmediata de Francisco Moreno Hernández, actualmente privado de su libertad. Resulta indispensable que se realice una investigación exhaustiva y se sancione a los perpetradores identificados cuya participación directa e indirecta en los hechos constituye graves violaciones a los derechos humanos”.

Concluyó: “La violencia ejercida contra las familias tseltales del ejido Jotolá es parte de una estrategia sistemática de despojo y represión que vulnera derechos fundamentales y amenaza la dignidad de los pueblos originarios”.

Fuente: La Jornada

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