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• Denunciantes acusan a César Antonio Morales de hostigamiento laboral y sexual, negligencia operativa y represalias contra el personal del 911

 

• Señalan protección institucional de mandos de la Marina y omisión de autoridades, mientras el servicio de emergencias se deteriora y pone vidas en riesgo

 

Redacción / CAMBIO 22

Chetumal, Quintana Roo a 14 de Agosto de 2025. Una denuncia institucional anónima de trabajadores del Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de Chetumal destapa un grave caso de acoso laboral y sexual al interior del 911 estatal. En una carta dirigida a la gobernadora Mara Lezama y al secretario de Seguridad Ciudadana Julio César Gómez Torres, el personal acusa al director del C5, Capitán César Antonio Morales Hidalgo, de abusar de su cargo, hostigar a los empleados y deteriorar la operatividad del servicio de emergencias. Los denunciantes hombres y mujeres policías operadores del 911 describen un ambiente “irrespirable” de prepotencia, intimidación y represalias que ha minado su salud emocional y profesional.

Las acusaciones contra Morales Hidalgo son contundentes, según el documento, desde su nombramiento como director, se volvió común verlo llegar en estado de ebriedad y tomar decisiones erráticas que comprometen la atención de emergencias. Empleados internos señalan maltrato al personal y que incluso ha laborado bajo los efectos del alcohol, lejos de la conducta ejemplar esperada de un líder.

Asimismo, se le imputa hostigamiento verbal e insinuaciones sexuales hacia compañeras, así como el uso de subordinados para resolver asuntos personales “como si fuéramos sus empleados particulares”. Quienes se niegan a cumplir sus mandatos extraoficiales enfrentan represalias laborales, desde cambios de turno forzosos hasta ser enviados a zonas rurales como castigo, indican los quejosos. La denuncia afirma que a algunos elementos que no accedieron a órdenes injustas e incluso a algunos inicialmente cercanos a Morales que luego se le opusieron se les removió a destacamentos alejados, sin viáticos ni apoyo para reubicación, trastocando su vida familiar y violando sus derechos laborales.

En contraste, aquellos que acceden a hacerle “favores personales o de otra índole” reciben privilegios y beneficios, en una política de favoritismo que ha sembrado resentimiento y descomposición institucional, aseguran.

Protegido por sus superiores: señalamientos de complicidad en la cadena de mando

Los trabajadores denunciantes no solo responsabilizan al director, sino también acusan una red de protección por parte de sus superiores jerárquicos. En la carta revelan que el Capitán Morales presume estar “blindado” por altos mandos de la subsecretaría, así como por el propio secretario de Seguridad Ciudadana, dado que “por pertenecer a la Marina nadie puede tocarlo”.

Esta supuesta camaradería castrense habría fomentado un manto de impunidad, de hecho, voces internas señalan que el encargado de supervisar los centros de mando ha tolerado omisiones graves de Morales en la operación del C5 de Chetumal, manteniéndolo en el cargo pese a un desempeño deficiente.

Paralelamente, la trayectoria de Julio César Gómez (alto mando de la Secretaría de Seguridad) ha estado marcada por rotaciones controvertidas que privilegian lealtades sobre resultados, según analistas, alimentando la percepción de encubrimiento institucional.

Más delicado aún, el escrito afirma que en las visitas de los superiores a Chetumal, se le asignan mujeres operadoras para “acompañarlo” y “relajarlo” a sugerencia del propio Morales, como si formara parte de sus funciones.

Este señalamiento ha causado indignación entre el personal, pues apuntaría a una explotación y abuso de las agentes femeninas con la anuencia de un alto funcionario.

De comprobarse, implicaría que la cadena de mando no solo hizo caso omiso a los abusos, sino que llegó a participar en las conductas inapropiadas.

La protección interna que rodea a Morales Hidalgo ha blindado cualquier intento de auditoría o sanción a sus actos, advierten los denunciantes, alimentando una cultura de tolerancia a la mala conducta. En efecto, observadores externos han identificado que casos como estos no son aislados, sino síntomas de una estructura que tiende a cubrirse a sí misma antes que rendir cuentas.

Esta situación plantea serias dudas sobre los mecanismos de control y supervisión dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal.

Servicio de emergencias en riesgo: negligencia y deterioro bajo el mando de Morales

Los efectos de este entorno tóxico trascienden lo laboral y alcanzan directamente al servicio de emergencias 911 que se brinda a la ciudadanía. Operadores y despachadores aseguran que, pese a su vocación y esfuerzos diarios, la gestión inepta y el clima de terror impuesto por Morales Hidalgo han provocado desorganización, desmotivación y errores operativos. Internamente se han reportado retrasos injustificados en la atención de incidentes críticos por indecisión o falta de coordinación– que han costado vidas, según relatan.

Un artículo publicado en enero de este año ya cuestionaba la falta de profesionalismo en el 911 de Quintana Roo bajo la dirección de Morales, señalando decisiones equivocadas y negligencia en situaciones de peligro, en ese entonces, fuentes dentro del C5 revelaron denuncias de acoso laboral por parte de supervisores afines a Morales; la respuesta institucional fue simplemente mover a esos mandos acosadores a la Policía Rural sin sanción alguna, lo que evidenció una respuesta administrativa laxa ante conductas graves. Esta falta de correctivos habría envalentonado a los perpetradores y agravado el clima de impunidad.

La ineficiencia derivada de estas prácticas quedó patente en un incidente reciente que puso vidas en peligro. En un aparatoso accidente vial ocurrido en la carretera 186, cerca del límite con Campeche, el deficiente manejo del 911 de Quintana Roo quedó en evidencia.

Testigos intentaron reportar la emergencia, pero sus llamadas fueron atendidas primero por operadoras del C4 de Campeche, quienes informaron que correspondía a Quintana Roo; sin embargo, las líneas del C4/C5 de Chetumal estaban saturadas e incomunicadas. Tras una larga espera sin respuesta local, personal de la Secretaría de la Defensa

Nacional (SEDENA) intervino por cuenta propia para trasladar a los heridos al poblado de Nicolás Bravo.

Treinta minutos más tarde, el 911 de Chetumal finalmente dio señales de vida, pero de forma inverosímil, envió un mensaje vía WhatsApp pidiendo imágenes del accidente para “valorar” el apoyo a enviar. Esta reacción tardía e informal indignó a los presentes y expuso una preocupante falta de coordinación e ineficacia en la atención de emergencias.

El caso ilustró cómo las fallas internas del C5 pueden traducirse en tragedias para la población, poniendo en entredicho la efectividad del sistema de seguridad pública en Quintana Roo. “Lamentablemente, el servicio se ha deteriorado no por culpa de nosotros… sino por la ineptitud de nuestro supuesto ‘líder’”, deploran los operadores en la misiva, dejando claro que el problema no es de recursos ni de capacidad técnica, sino de mala gestión y abuso de autoridad.

Antecedentes de los funcionarios acusados y contexto en otras administraciones

César Antonio Morales Hidalgo, señalado como principal responsable, es un capitán de corbeta de la Marina Armada de México que funge como coordinador del Servicio de Emergencias 911 en Quintana Roo. Su arribo al C5 de Chetumal ocurrió durante la presente administración estatal, como parte de una estrategia de militarización de mandos en seguridad. Bajo su gestión, lejos de mejorar la disciplina y eficiencia, se han multiplicado las quejas internas por trato despótico y decisiones cuestionables. Los denunciantes sostienen que en el C5 de Chetumal existe personal civil con experiencia y liderazgo que ha sido desplazado injustamente, mientras que Morales –foráneo y sin arraigo local– impone un estilo autoritario. Esta problemática no es exclusiva de Quintana Roo; a nivel nacional han ocurrido casos similares que sientan precedente. Por ejemplo, en Zacatecas, el entonces director del C5 estatal, Herón Moreno López, fue destituido en 2023 tras denuncias públicas de acoso sexual y laboral realizadas por varias trabajadoras del 911. Aquellas valientes operadoras difundieron su caso en redes sociales y exigieron la intervención de las autoridades. La respuesta fue contundente: el gobierno de Zacatecas separó del cargo al director acusado y la fiscalía abrió tres carpetas de investigación en su contra.

Este caso demuestra que, cuando hay voluntad política, las denuncias de abuso pueden derivar en acciones concretas de justicia.En Quintana Roo, sin embargo, la situación pareciera haberse manejado con opacidad. El C5 de Chetumal operaba anteriormente como un Centro C4 bajo administraciones pasadas, sin escándalos conocidos de esta magnitud.

Fue apenas en los últimos años, con la transición hacia un modelo C5 y la designación de mandos provenientes de la Marina, que emergieron públicamente reclamos por la conducción del 911.

Organismos ciudadanos y prensa local han seguido con preocupación la evolución del complejo de seguridad.

En la presente denuncia, de hecho, se alega que las “redes internas de poder” entre exmarinos están obstaculizando la rendición de cuentas. Este contexto explica en parte por qué, pese a señales alarmantes como la falla del 911 en la carretera y las quejas de acoso, no se tomaron medidas correctivas a tiempo dentro del C5 de Chetumal.

Exigen investigación imparcial y respuesta del gobierno de Mara Lezama

Los trabajadores agraviados del C5 hicieron un llamado directo a la gobernadora Mara Lezama Espinosa, confiando en que ella desconoce la verdadera dimensión del problema debido a la “muralla” que sus subordinados habrían construido para ocultárselo.

“No es la primera vez que alzamos la voz, pero ellos han pagado a los medios para callar nuestras voces”, aseguran en la carta, denunciando que incluso se intentó silenciar a periodistas locales que les brindaron espacio.

De hecho, la prensa independiente publicó anteriormente partes de esta problemática por ejemplo, una nota del Diario Cambio 22 evidenció negligencias y acusaciones de acoso en el 911, pero no hubo reacción oficial visible. Ahora, al exponer públicamente la “herida abierta” del C5 Chetumal, el personal busca que la máxima autoridad estatal intervenga.

“No queremos venganza, solo justicia. Queremos trabajar con dignidad, sin miedo y con orgullo de pertenecer a una institución limpia y profesional”, claman los denunciantes, quienes se mantienen en el anonimato por temor a represalias directas.

Hasta el momento de la publicación de este reportaje, no ha habido un pronunciamiento público específico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ni de la oficina de la Gobernadora sobre las nuevas denuncias en el C5.

Sin embargo, el caso pone a prueba los compromisos asumidos por el actual gobierno estatal en materia de combate al acoso y corrupción. Mara Lezama, primera mujer en gobernar Quintana Roo, ha reiterado en múltiples foros su política de “cero tolerancia” hacia la violencia contra las mujeres y cualquier forma de hostigamiento. Tanto ella como la presidenta de México han manifestado que toda denuncia de este tipo será escuchada y atendida sin excepciones.

“En Quintana Roo no hay cabida para la violencia contra las mujeres. Tenemos cero tolerancia y actuamos con firmeza para garantizarles una vida libre de miedo y con justicia”, ha declarado Lezama enfáticamente. Los empleados del 911, al alzar la voz, esperan que esas palabras se traduzcan en hechos concretos: una investigación seria, exhaustiva y sin complicidades al interior del C5 de Chetumal.

Organizaciones civiles y colectivos contra el acoso laboral instan a que se garantice protección a los denunciantes y testigos, y que se sancione ejemplarmente cualquier conducta de abuso comprobada.

Asimismo, sugieren evaluar la remoción de los mandos señalados mientras duren las indagatorias, para evitar interferencias, en la carta, los trabajadores también proponen dar oportunidad de ascenso a personal local con probada capacidad y ética, como parte de la limpieza institucional. Confían en que talento quintanarroense comprometido pueda dirigir el C5 con eficiencia y respeto, en contraste con la administración actual.

“Esta es nuestra última esperanza para cambiar las cosas”, concluyen en su mensaje los operadores del 911. La bola queda ahora en la cancha de las autoridades estatales: su respuesta o la omisión de ella enviará un poderoso mensaje sobre si en Quintana Roo realmente no hay espacio para la impunidad y el abuso de poder en las instituciones encargadas de velar por la seguridad de la ciudadanía.

 

 

 

Con Datos de Una Carta Abierta de Trabajadores Inconformes/Sistema de Notícias CAMBIO 22

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