Del Terror a las Coaliciones de Izquierda

• La historia nos dice que las reformas al 54 constitucional y al 59 del Código Electoral eran para evitar las coaliciones, desalentarlas porque se sabía que podían poner en aprietos al PRI. Es decir, era la contrario de lo que se dice hoy: proteger la pluralidad. En realidad, desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, la idea fue no perder el poder en el bipartidismo de la transa llamado PRIAN.

Fabricio Mejía Madrid/ CAMBIO 22

La oposición ha nombrado como “sobrerrepresentación” a lo que es la asignación de curules de representación proporcional, es decir, a los pluris. Le ha llamado así para enfatizar una más de sus falacias: que no se corresponde el voto masivo por Claudia Sheinbaum y Morena con las dos terceras partes del Congreso para reformar la Constitución. Su queja es la demostración de que la oposición no ha terminado todavía de perder.

Pero no quiero hacer aquí los ejercicios matemáticos que están por todos los medios sin que alguien alcance a entender eso que dijo la que aceptara su derrota la media noche del 2 de junio, de que Morena se quería robar “10 millones de votos”. Eso nadie lo entendió y no tiene caso saber de dónde proviene la cifra de una excandidata que mintió durante la campaña presidencial con datos inventados de deuda externa, inseguridad, homicidios, deuda de Pemex, y hasta de la generación de empleos en la Ciudad de México. En cambio, me parece más interesante hacerles una pequeña historia de cómo lo que ahora reclama la oposición como desventajoso, antes le sirvió para mantenerse en el Poder Ejecutivo y Legislativo. Esta es, pues, la historia de nuestro Artículo 54 de la Constitución también llamada la breve historia de terror de la coalición de izquierda. 

Como muchos de los desaguisados nacionales, todo empieza con Carlos Salinas de Gortari. Como saben, él recurrió a una fraude burdo ordenado por Miguel de la Madrid y sus gobernadores en 1988. Llegó a la Presidencia entre costales de votos a favor del Frente de Cuauhtémoc Cárdenas encontrados en las carreteras de Guerrero y Michoacán, con registros de votantes que ya habían muerto, y una operación en la que se quemaron casillas, desaparecieron o se rellenaron urnas, y hubo asesinatos, notablemente los de Obando y Gil, encargados del cómputo del ingeniero Cárdenas. Salinas estaba obsesionado con su ilegitimidad y decidió ponerle un remedio. Dos años después seguía preocupado, con la elección intermedia en puerta.

El viernes 6 de abril de 1990 decretó una modificación al Artículo 54 que decía, basándose en la reforma de 1986, es decir, de Miguel de la Madrid, de nuestro protagonista, el artículo 54: “Al partido político que obtenga el mayor número de constancias de mayoría y el 35% de la votación nacional, le será otorgada constancia de asignación de diputados en número suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Cámara. Se le asignarán también 2 de diputados de representación proporcional, adicionales a la mayoría absoluta, por cada 1% de votación obtenida por encima del 35% y hasta menos del 60%”.

Es decir, Salinas calculaba que, si el PRI sólo obtenía 35 por ciento de los votos, pero ganaba más distritos electorales que la oposición, tenía derecho a la mayoría calificada y, por tanto, se le agregaban curules como si fuera bufet de hotel. Luego, ya más sereno, Salinas pensó en que el PRI estaba todavía lejos de no ser omnipresente y, entonces, redactó otro inciso más adecuado: “El partido que obtenga entre el 60 y el 70% de la votación (…) tendrá derecho a participar en la distribución de diputados electos por el principio de representación proporcional hasta que la suma de diputados por ambos principios represente el mismo porcentaje de votos”. Es decir, el PRI ganaba por 70 por ciento, pero si ese porcentaje no se reflejaba en número de curules, les le asignaban de la lista de sus pluris hasta que lo igualara. Tuviera 35 por ciento o 70 por ciento, el PRI tendría siempre la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados.

Así de simple y háganle como quieran. El “haiga sido como haiga sido” al estilo salinista. A eso se le llamó “la cláusula de gobernabilidad”. Las coaliciones a las que temía Salinas por el Frente Democrático Nacional de Cuauhtémoc Cárdenas, aparecen bajo los siguientes términos en el Código Electoral que él propone: “Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones de senadores y diputados, terminará automáticamente la coalición parcial por la que se hayan postulado candidatos, en cuyo caso los candidatos a senadores o diputados de la coalición que resultaren electos quedarán comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en el convenio de coalición”.

Es decir, desde 1990 se sabe que las coaliciones electorales, como su nombre lo indica, son para las elecciones. Desde Salinas se sabe la diferencia entre partido político, coalición electoral, y grupos parlamentarios. Son tres cosas distintas en la Ley, pero ahora, oradores estrella como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, confunden las tres con su vago concepto de “fuerza política”. Pero volveremos sobre sus dichos más adelante. Pero la paranoia de legitimidad de Salinas lo lleva a poner en el Código lo siguiente: “A la coalición le serán asignados el número de diputados por el principio de representación proporcional que le corresponda, como si se tratara de un solo partido político”. Ahí está lo que reclaman ahora Claudio X. González, Acosta Naranjo, y Xóchitl Gálvez. En el Código de Salinas sí estaba lo de las coaliciones restringidas en su número de pluris. ¿Por qué? Porque el PRI había tenido que enfrentar a un Frente de cuatro partidos.

Luego, en 1993, en la cúspide de su celebridad internacional como el “Gorbachev mexicano”, Salinas de Gortari se puso demócrata y agregó otra reforma constitucional: “Ningún partido político podrá contar con más de 315 diputados por cualquiera de los dos principios”. Ya aliado con Acción Nacional que había aceptado el fraude electoral a cambio de gubernaturas, le reservó 185 diputados para “cohabitar”, como se decía en esa época a las transas entre los dos partidos. En 1991 se hizo el IFE, presidido por el Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, y la credencial con fotografía. Nada se dijo de la “cláusula de gobernabilidad” que hacía que los votos no fueran realmente importantes, sino la estabilidad política del PRI y su jefe en ese momento, Carlos Salinas de Gortari. La mayoría absoluta en la Cámara de Diputados no dependía de los votos, sino de esa reforma constitucional. 

La siguiente modificación del vapuleado Artículo 54 fue de Zedillo. El 22 de agosto de 1996 se decretó que ningún partido podría tener tantas curules que excedieran el ocho por ciento de su votación nacional o 300 diputados. Zedillo es cuando ya se afianza el PRIAN y sus creadores tienden a ver al país como bipartidista, como los Estados Unidos. La idea es cerrar una tercera opción necesariamente de izquierda, cuando no antineoloberal. Pero será en la reforma del 2008, con Felipe Calderón cuando se borre definitivamente a las coaliciones y se queden sólo los partidos políticos. A cada uno, sin importar si están coaligados, se le asignan sus pluris por la votación nacional. ¿Por qué la elimina Calderón, otro Presidente que venía de un fraude electoral en 2006? Porque seguramente estaba pensando en una coalición PRI-PAN como la que pudo darse en 2018, pero que se encontró con la decisión de Anaya y Meade de ser ellos los beneficiarios.

Al final, no se logró, pero esa posibilidad de mayoría absoluta con una coalición estuvo ahí. El punto es que al PRI le beneficiaba esa situación. En la elección del 2015, PRI y Partido Verde formaron una coalición de derecha que les permitió una representación del 50 por ciento en la Cámara de Diputados aunque sólo habían obtenido el 40.3 por ciento de los votos emitidos; una sobrerrepresentación del 9.7 por ciento, 1.7 por ciento por encima del tope establecido por Zedillo del ocho por ciento. Por esa ventaja de casi el 10 por ciento más de curules sobre votos, el PRI ya no cambió la desaparición de las coaliciones del Código electoral propuesto por Calderón. Le convino. Los comentaristas de la radio y la tele no pusieron el grito de “sobrerrepresentación” al aire porque una coalición de derecha no genera miedo alguno, si acaso exaltación, sueños húmedos de que se puede enfrentar a la izquierda con una candidatura chistocita.  

Pero fue la moratoria legislativa con la que se ahorcaron los del PRIAN. Pudieron haber entrado a la discusión de la reforma electoral constitucional y haber colocado de regreso las restricciones a la coaliciones de las épocas doradas del control priista. Pero la bloquearon en 2021 y la Suprema Corte bloqueó el Plan B, que contenía la desaparición de las pluris y una proporcionalidad total en los distritos electorales. Ellos mismos, que se habían quejado de sobrerrepresentación cuando Andrés Manuel y Morena ganaron apabullantemente las elecciones de 2018. Su queja fue resuelta el 23 de agosto de 2018, cuando el Tribunal decidió que no es posible considerar a una coalición como un solo partido político, puesto que la asignación de diputaciones de representación proporcional corresponde exclusivamente a los partidos políticos, y no a las coaliciones, por lo que los límites de sobrerrepresentación sólo son aplicables a aquéllos. Había desparecido de la Ley Electoral con Calderón y nunca fue rescatada por los partidos.

Así llegamos a este 2024 en la breve historia del terror a las coaliciones. En su página, “Sociedad Civil Mx” de Xóchitl Gálvez y Claudio X. González sostienen sin mucha razón que lo que vemos ahora no es una asignación de curules para los pluris, sino el inicio de la dictadura castro-chavista-trumpista-putiniana-neuroasiática-africana. Ellos dicen que lo que estamos viendo es una “sobrerrepresentación”, un término que nos han impuesto los medios y que, de entrada, lleva el juicio, el sesgo ideológico en la entraña.

¿Por qué sería sobrerrepresentación ahora y no cuando Salinas, tiempos gloriosos del PRIAN en que los medios le llamaron “gobernabilidad”? ¿Por qué ahora y por qué contra la izquierda? Porque entraña la posibiludad de hacer reformas constitucionales que consoliden al nuevo régimen político de la 4T. Nada más por eso. Sus argumentos son casi de risa. Dicen los abogángsters de la “Marea Rosa” de Gálvez y Claudio X: “se debe realizar una interpretación histórica, sistemática, teleológica y garantista de lo dispuesto en el Artículo 54 constitucional para considerar que los techos de sobre-representación son aplicables para toda fuerza política; esto es, es aplicable a partidos y coaliciones”. Esto es falso, como hemos visto.

La Constitución no habla ni ha hablado nunca de “fuerza política”, habla de partidos políticos. Sigue el documento: “El sistema es claro en cuanto al objetivo de impedir que cualquier fuerza política tenga una mayoría de dos terceras partes en el Congreso; es decir, se establece claramente que ninguna fuerza política, por sí sola no puede reformar la Constitución”. La historia nos dice que las reformas al 54 constitucional y al 59 del Código Electoral eran para evitar las coaliciones, desalentarlas porque se sabía que podían poner en aprietos al PRI. Es decir, era la contrario de lo que se dice hoy: proteger la pluralidad. En realidad, desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, la idea fue no perder el poder en el bipartidismo de la transa llamado PRIAN. 

Pero sigue diciendo el documento de “Sociedad Mx”: “Existen elementos históricos, jurídicos y políticos que muestran el vínculo entre los tres partidos políticos que refieren su voluntad de gobernar en conjunto y que la coalición trascienda los aspectos electorales y se constituya como una fuerza política gubernamental, lo que obliga a reconocerlos como tal para el establecimiento de la sobre-representación”.

Es falso que una coalición siga de lo electoral a lo político-gubernamental. Hasta Salinas lo tenía claro: la diferencia entre partido, coalición, Gabinete, y Grupo Parlamentario. Eso es lo que hizo el PRIAN cuando pasó de su coalición a la moratoria legislativa y, luego, a tener acuerdos como el de Coahuila donde se repartían notarías, puestos en el IFAI y hasta rectorías de universidades públicas. Formalmente, una coalición electoral se deshace después de la elección, como su nombre lo indica. Es falso que se vaya de una a la otra. Y hablar de que el PT o el Verde van a co-gonbernar con Morena es tan volado como que el Verde co-gobernó con Peña Nieto. 

Así que llegamos a estos terrenos en los que una asignación plurinominal de las curules lleva nuevamente a la oposición a seguir perdiendo. No se han cansado de hacerlo y, todo, es porque no se pueden explicar el 2 de junio. No saben por qué ganó Claudia Sheinbaum pero, mucho menos, por qué perdieron ellos. 

Fuente: Sinembargo

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