Miguel Ángel Fernández/CAMBIO 22

BACALAR, 20 de septiembre. –  La creciente deforestación en el municipio de Bacalar, impulsada por la agroindustria intensiva y extractivista de grupos menonitas, ha generado una profunda preocupación que ha llegado a nivel internacional.

La agroindustria intensiva ha provocado la pérdida significativa de la cobertura forestal, afectando la apicultura, la calidad de vida de la población maya y el equilibrio ecológico de la región. La Alianza Maya por las Abejas de la Península de Yucatán Kaabnalo’on ha exigido al gobierno federal investigar y sancionar a los responsables, respetar la autodeterminación de los pueblos originarios y garantizar los derechos humanos de toda la población afectada.

El avance de la agroindustria en Bacalar comenzó en los años 2000 con la llegada de grupos menonitas, quienes se han dedicado a la producción intensiva de maíz, sorgo y soya, promoviendo un modelo que ha resultado devastador para los recursos naturales del municipio. Entre 2001 y 2022, Bacalar perdió aproximadamente 130,000 hectáreas de selva, según datos de la plataforma Global Forest Watch. La ganadería y la agricultura intensiva han sido las principales responsables, contribuyendo al 58% y 41% de la deforestación, respectivamente.

El impacto de esta deforestación no ha sido homogéneo en todo el territorio de Bacalar, afectando de manera particular a ejidos como Salamanca y El Bajío, donde existe una importante presencia menonita. Entre 2014 y 2023, más de 52,000 hectáreas de selva desaparecieron, lo que representa el 7.3% de la superficie del municipio. Esta pérdida acelerada de bosques ha transformado el uso del suelo, afectando directamente los medios de subsistencia de las comunidades locales, especialmente en la apicultura.

La apicultura, una de las principales actividades económicas y culturales de la región, ha sido gravemente afectada por la deforestación y el uso de agrotóxicos. Desde 2017, la producción de miel en Bacalar ha disminuido significativamente, pasando de 70 kg por colmena a un promedio actual de 25-35 kg por colmena, especialmente en áreas como Blanca Flor, Buena Fe y San Fernando. Esta situación pone en riesgo la certificación orgánica de la miel, vulnera la economía de las familias y amenaza el futuro de las nuevas generaciones.

A nivel legal, la siembra de cultivos genéticamente modificados, como la soya, está prohibida en México desde 2015 por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, en Bacalar, las comunidades han denunciado la posible liberación y cultivo de transgénicos, junto con el uso de agrotóxicos en diversas áreas.  En 2023 se presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) por deforestación y el uso de transgénicos, y a finales de ese mismo año Greenpeace México apoyó una denuncia adicional por la misma causa.

Las comunidades de Bacalar exigen que las autoridades federales, como PROFEPA y SENASICA, actúen de manera inmediata para investigar y sancionar a los responsables de la deforestación y el uso de organismos genéticamente modificados. Asimismo, solicitan la implementación de medidas de seguridad y protección ambiental, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, para evitar que estas prácticas sigan afectando a las comunidades y al ecosistema de Bacalar.

 

 

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