► A decir del presidente de la asociación civil, Eduardo Galaviz, el Poder Legislativo local no tiene facultades para cancelar la concesión, por lo que le dieron a la empresa la oportunidad de presentar medios de defensa y ganar una suspensión definitiva de amparo

 

Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 6 de febrero.- El Observatorio Legislativo de Quintana Roo criticó los resultados negativos del proceso judicial emprendido por los diputados de la XVII Legislatura local, encabezados por el morenista Humberto Aldana Navarro, para cancelar la concesión de agua potable a Aguakan, y señaló que revelan que sólo se trató de un acto de protagonismo motivado por la proximidad de la elección concurrente local y federal.

El presidente de este organismo, Eduardo Galaviz Ibarra, dijo que existía la hipótesis de que las acciones legales del Congreso del Estado sobre la permanencia de la concesión no tenían que ver con el cumplimiento de la consulta ciudadana realizada hace dos años, sino obedecían al momento político.

Según el activista, esto se debe a que los legisladores locales no tienen facultades para cancelar la concesión, otorgada desde hace más de 30 años para el caso de Benito Juárez e Isla Mujeres, sino únicamente para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de la empresa en la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado.

Además, según Galaviz, el proceso para la revisión sobre la concesión otorgada Aguakan en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres lleva un proceso que tiene que ser atendido puntualmente, pues hay normas establecidas en la Constitución que permiten ir revisando ese proceso de cancelación de la concesión.

Sin embargo, consideró que la XVII Legislatura optó por señalar que se cancelaba, pese a que no tiene atribuciones de acuerdo a la Constitución de Quintana Roo en su artículo 75.

Explicó que los diputados pueden aprobar o rechazar una concesión del servicio de agua potable, cuando es una propuesta, es decir, antes de que se apruebe, pero no después.

Y una vez que está en marcha, corresponde a los municipios y a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) vigilar el cumplimiento de la prestación del servicio.

Desde su postura, tal situación que no se da en el presente caso, lo cual le abrió oportunidad a la empresa Aguakan para que presentara sus medios de defensa, resultando obvio que se les otorgara la suspensión definitiva.

Respecto a la consulta pública realizada el 5 de junio de 2022, en la que la población de Isla Mujeres, Benito Juárez y Puerto Morelos rechazó que permanezca Aguakan, indicó que “los resultados no se interpretan, sino que se cumplen”.

 

cambio22chetumal@gmail.com

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