febrero 29, 2024 06:04

Renán Castro Madera, Director General

Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 9 de febrero.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el artículo 14
de la Ley de Responsabilidad Patrimonial de Quintana Roo, por lo que el gobierno y los ayuntamientos de Quintana Roo no podrán limitar el pago de la indemnización por los daños provocados por alguna acción irregular del estado.

Esta disposición legal fue impugnada mediante acción de inconstitucionalidad por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y como resultado la corte invalidó el artículo 14, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo, donde se establecía un límite para la indemnización por daño moral, que era el equivalente a 3 mil 650 veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente por cada reclamante afectado.

Es decir, a valores actuales, una cantidad equivalente a unos 378 mil pesos se establecía como el máximo que iban a pagar las autoridades para la reparación de este tipo de daños.

Cabe mencionar que esta ley fue emitida por la XVI Legislatura del estado en noviembre del 2019 y entró en vigor en febrero del 2020.

En su resolución, los ministros señalaron que la responsabilidad patrimonial del estado está definida en el artículo 109 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y existe además una ley federal específica, por lo que el legislador de Quintana Roo excedió sus facultades al pretender limitar la reparación del daño.

En este sentido, subrayaron que “el argumento de pretender evitar reclamos abusivos no justifica el ejercicio de un derecho, cuyos alcances deben determinarse casuísticamente”.

La SCJN determinó que ello implicaba una limitación al derecho a la justa indemnización, que no respondía a la dimensión o gravedad del daño causado, ni a la falta de diligencia del estado para
evitarlo.

Además, consideraron que “ese límite resultaba contrario a uno de los fines de la ley impugnada, que es el de elevar la calidad y profesionalismo de los servicios públicos, y con esto obligar a los entes estatales y municipales a tomar previsiones para evitar incurrir en una responsabilidad patrimonial y administrativa”.

La SCJN también consideró que la medida no era idónea ni necesaria, pues aun cuando buscaba
preservar el patrimonio público, el establecer un tope no servía como control de la veracidad y autenticidad de los reclamos, ni tampoco para generar parámetros objetivos y razonables para la
individualización de las compensaciones.

Además, indicaron que la propia ley contiene otras medidas que permiten que la cuantificación de las indemnizaciones por daño moral sea justa.

 

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GCH

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