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Despacho 14

 

El Violento Oficio de Escribir

 

El silencio de Claudia Sheinbaum Pardo signo de incapacidad y complicidad.

 

El nuevo frente invisible entre Washington y Palacio Nacional

 

Alfredo Griz/CAMBIO 22

Por momentos parece una guerra fría disfrazada de cooperación. De un lado, la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos desplegando nuevas ofensivas contra las redes del fentanilo; del otro, el gobierno mexicano negando una y otra vez la existencia de cualquier acuerdo bilateral. Pero los números, los comunicados, los decomisos y los arrestos narran otra historia: la guerra continúa, solo que ahora se libra bajo capas de silencio diplomático y desconfianza mutua.

El anuncio que desató el terremoto

En agosto de 2025, la DEA irrumpió en la escena con una declaración que retumbó en toda la región: “Project Portero”, una operación descrita como “una iniciativa bilateral para desmantelar las redes logísticas del narcotráfico que operan desde México hacia Estados Unidos”.

El comunicado hablaba de equipos conjuntos, entrenamiento de unidades mexicanas y operaciones espejo a ambos lados de la frontera. En cifras, la DEA presumió más de 4,200 arrestos en 18 meses, 14 toneladas de metanfetamina y 1.7 toneladas de fentanilo decomisadas, y la incautación de 1,200 millones de dólares en activos financieros asociados a cárteles mexicanos.

El mensaje era claro: Washington estaba tomando la delantera.

Pero en la Ciudad de México, el golpe diplomático fue inmediato. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró públicamente que “no existe acuerdo alguno con la DEA” y que cualquier iniciativa de cooperación debía pasar por canales diplomáticos y no por anuncios unilaterales. Detrás del gesto protocolario, había una advertencia de soberanía: el territorio mexicano no admitiría operaciones extranjeras sin consentimiento formal.

Las cifras detrás del discurso

La DEA sostiene —con datos internos— que más del 90 % del fentanilo incautado en Estados Unidos tiene origen o tránsito por territorio mexicano, y que dos organizaciones dominan ese flujo: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Solo en 2024, la agencia documentó la producción de cerca de 500 millones de pastillas de fentanilo destinadas al mercado norteamericano, equivalentes —según sus estimaciones— a más de 2,000 millones de dosis letales. El informe nacional sobre amenazas de drogas publicado a inicios de 2025 elevó esas cifras un 32 % respecto al año anterior.

Mientras tanto, México reportó cifras distintas: “solo 2,800 kilos de fentanilo asegurados” y una reducción del tráfico. La contradicción numérica es abismal: los cálculos estadounidenses superan hasta por veinte veces los datos oficiales mexicanos.
Y en medio de esas cifras irreconciliables, se mueve una red cada vez más difusa de agentes, analistas y unidades que operan “de facto” bajo protocolos que ya nadie reconoce abiertamente.

El nuevo rostro de la guerra

El Proyecto Portero no fue un hecho aislado. Desde 2024, la DEA había consolidado una red hemisférica de inteligencia digital para rastrear precursores químicos procedentes de Asia y triangulados por puertos mexicanos.

Según informes internos filtrados en Washington, el nuevo sistema combina geolocalización, interceptación de comunicaciones cifradas y rastreo financiero mediante algoritmos de blockchain, herramientas que exceden la cooperación tradicional y que requieren acceso a infraestructura mexicana.

Lo inquietante para las autoridades de Ciudad de México es que muchas de esas operaciones se han desarrollado sin notificación previa al gobierno federal.

En algunos casos —según reportes de campo— agentes de inteligencia estadounidenses han operado en zonas del Pacífico y del Golfo bajo cobertura diplomática, o mediante convenios con unidades militares mexicanas, lo que explica los decomisos masivos recientes en puertos como Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Ensenada.

Es una cooperación que se niega en público, pero que fluye en la práctica bajo un modelo de pragmatismo encubierto: Washington obtiene resultados; México conserva el discurso de soberanía.

Las heridas que no cierran

La desconfianza no nació con Sheinbaum. Viene de lejos.

Desde la captura y liberación de Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional detenido por la DEA en Los Ángeles y luego exonerado en México, la cooperación binacional se volvió un campo minado.

En respuesta, el Congreso mexicano aprobó en 2021 reformas que limitaron severamente las operaciones de agentes extranjeros. Desde entonces, toda misión de inteligencia debía notificarse y registrarse en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Sin embargo, las cifras de extradiciones cuentan otra historia: entre 2023 y 2025, México extraditó a 304 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos, una cifra récord.
La mayoría de los casos fueron armados con expedientes de la DEA.

Oficialmente, no hay cooperación. En la práctica, la coordinación judicial sigue intacta.
El frente diplomático

Fuentes diplomáticas estadounidenses describen la relación actual como una “alianza de baja visibilidad”.

La Casa Blanca mantiene reuniones de seguridad de alto nivel con el gabinete mexicano, pero sin los reflectores del pasado. El Departamento de Justicia envía informes técnicos y peticiones de extradición; la DEA mantiene oficinas de enlace en Ciudad de México y Monterrey, aunque bajo nuevas reglas: ya no pueden realizar operativos directos ni portar armas, pero sí pueden compartir inteligencia táctica en tiempo real.

De hecho, las operaciones recientes en Sonora, Baja California y Sinaloa —que derivaron en la detención de operadores financieros del Cártel del Pacífico— fueron producto de esa “cooperación silenciosa”.

El costo político para México es alto. Cada vez que Washington presume una “acción conjunta”, la narrativa de soberanía mexicana se fractura.

Y cada vez que México niega acuerdos, Washington redobla su retórica pública: “México es socio clave en la lucha contra el fentanilo”.

El poder de la narrativa

Mientras en Washington la DEA despliega ruedas de prensa, infografías y estadísticas, en Palacio Nacional se impone el silencio o la descalificación.

El discurso oficial mexicano insiste en que “el fentanilo no se produce en México”, una afirmación que contradice la evidencia científica, los decomisos en laboratorios clandestinos y los propios informes de las Fuerzas Armadas.

• Esa narrativa política no solo busca proteger la imagen interna del gobierno, sino también evitar un reconocimiento implícito de la penetración del crimen organizado en sectores estatales.

 

Para la DEA, esa negación representa un obstáculo operativo. Para el gobierno mexicano, reconocerla sería admitir una derrota simbólica.

El resultado: una guerra de declaraciones que esconde una colaboración funcional, pero desarticulada, en el terreno.

El tablero internacional

La crisis del fentanilo ha elevado la presión geopolítica.

Washington acusa a redes chinas de proveer los precursores químicos, a México de ensamblarlos y a Centroamérica de servir como corredor logístico.

La respuesta mexicana ha sido tímida: promesas de vigilancia portuaria y convenios técnicos con la Marina, mientras la DEA refuerza su presencia digital en todo el hemisferio.

• En 2025, la agencia estadounidense instaló nuevos centros de comando regional en El Paso, Miami y San Diego, y amplió su cobertura en más de 70 países. En cada comunicado, México aparece como “punto neurálgico”.

 

El mensaje es inequívoco: el teatro principal de operaciones ya no está en Afganistán ni en Colombia. Está en México.

Entre soberanía y control

El dilema es político, pero también estructural.

México intenta mantener la narrativa de autonomía frente a Washington mientras depende de la cooperación para sostener extradiciones, financiamiento y acceso a inteligencia.

Estados Unidos, en cambio, usa la DEA como instrumento de presión: cada informe, cada cifra de muertes por fentanilo, cada incautación récord, sirve para justificar intervenciones más profundas.

En ese equilibrio precario, el crimen organizado se ha sofisticado más rápido que ambos gobiernos.

Hoy, los cárteles operan con laboratorios móviles, redes de criptomonedas, empresas fachada y operadores financieros en tres continentes.
El discurso político, mientras tanto, sigue atrapado en la semántica: “acuerdos” o “no acuerdos”.

Lo que viene

Dentro de la DEA, se proyecta que el Project Portero será solo la primera fase de una estrategia de largo aliento.

El siguiente paso contempla un sistema de inteligencia continental con intercambio automatizado de datos biométricos, vigilancia satelital y coordinación con Europol.

México, oficialmente, no ha firmado nada. Pero sus agencias ya participan en pruebas técnicas de interoperabilidad.

La pregunta no es si habrá más cooperación, sino cuánto podrá ocultarse bajo la retórica nacionalista.

La sombra de una guerra compartida

A cinco años del pico de la crisis del fentanilo, el balance es brutal:

más de 80,000 muertes anuales en Estados Unidos, una cadena de producción que se extiende desde Guangdong hasta Tijuana, y un tablero diplomático fracturado por la desconfianza.

En los pasillos de la DEA, los informes hablan de “éxitos tácticos, pero derrotas estratégicas”.

En Palacio Nacional, los discursos insisten en “coordinación entre iguales”.
Y en medio de ambos, una frontera que sigue siendo la cicatriz más visible de dos países que combaten al mismo enemigo, pero ya no confían el uno en el otro.

 

redaccion@diariocambio22.mx

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