De Espaldas a la Ciudadanía, Congreso de Quintana Roo Dictamina Reformas a la Ley de Movilidad

Por Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 26 de abril.- Con sólo una revisión, y de espaldas a la ciudadanía porque la Legislatura no hizo público el documento, la Comisión de Movilidad del Congreso de Quintana Roo se apuró a dictaminar la iniciativa de reformas, derogaciones y adiciones a la Ley de Movilidad y al Código Fiscal del Estado promovida por la gobernadora Mara Lezama, con la que se pretende regular el servicio de transporte de pasajeros prestado mediante plataformas digitales como Uber.

Como se recordará, por indicaciones del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), diputado Renán Sánchez Tajonar, y el secretario general del Congreso, Benjamín Vaca González, la iniciativa no fue publicada en los espacios correspondientes del Poder Legislativo, con lo que se impidió conocerla a los interesados y la ciudadanía en general, violando su derecho de acceso a la información pública.

Sin corregir esta obstrucción a los ciudadanos, los diputados de la Comisión de Movilidad de la XVII Legislatura realizaron sólo una reunión de la misma en la tarde del martes, en la que estuvo presente el director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), Rodrigo Alcázar Urrutia, quien llegó acompañado por sus colaboradores para aclarar diversas dudas sobre la iniciativa, pero simplemente se dio lectura al documento y a los mínimos ajustes que hizo el personal jurídico, pero los diputados ni discutieron ni analizaron a fondo las propuestas.

En lo que se expuso en una reunión, que se transmitió por redes sociales con fallas en la transmisión y se realizó en un salón con limitaciones de espacio que no permitió mostrar imágenes de los documentos, entre los puntos se encuentra el regular la operación del servicio de transporte privado de pasajeros mediante plataformas digitales al igual que el público, pero se establece varios requisitos que pueden convertirse en trabas para la operación efectiva de los interesados en autoemplearse de esta forma.

Lo anterior porque si bien indica que para prestar el servicio de transporte privado de pasajeros no se necesitará concesión, sino permiso, se establece que además del permiso de cada chofer socio, la persona moral que opera la plataforma también debe solicitar una autorización y establecer domicilio fiscal aquí para que el Imoveqroo le expida esos documentos.

Además, se pide que la plataforma realice exámenes de aptitud a los que pretendan ser choferes asociados, y que ella sea la que tramite los permisos para los choferes ante el Imoveqroo, no las personas en lo individual, presentando un estudio que justifique el servicio.

En adición, se condicionará la expedición de los permisos a lo que indique una declaratoria de sostenibilidad y ordenamiento vial que resulte de revisar el estudio presentado por la plataforma, el cual vendría a establecer límites número de unidades del servicio privado a los que permitiría operar en cada municipio, por lo que se trató del único punto que generó dudas de la oposición en la reunión.

Asimismo, se condiciona a los choferes que operan mediante plataformas digitales privadas, como Uber, a que deben renovar sus automóviles cada 5 años, y si quieren utilizarlos hasta 10 años, deberían comprar unidades eléctricas o que usen energías renovables.

La propuesta indica que los prestadores del servicio de transporte mediante plataformas digitales, públicas y privadas, deberán pagar una aportación al estado de 1.5 % por cada servicio prestado, de los que dos terceras partes se destinará al Instituto de Movilidad para mejorar su operatividad y fortalecer la infraestructura, mientras un tercio se irá a un fondo para apoyar a los concesionarios y permisionarios del transporte de esta modalidad de plataformas para instalar en sus vehículos las cámaras de seguridad, botones de pánico, dispositivos GPS, y también para la instalación de los taxímetros en los ruleteros.

Otro asunto del que no se permitió a los ciudadanos conocer a fondo su manera de implementación es precisamente el de los taxímetros que se quieren introducir para el servicio público de taxis, del cual se conoce que su aplicación se pospone para entre dos años, es decir, después del proceso electoral del 2024.

Otro tema es el de que el estado retirará a los municipios la facultad de expedir licencias de conducir, puesto que el Imoveqroo concentrará la facultad para emitir no sólo las del servicio de transporte público y privado de pasajeros y carga, sino también para los vehículos de uso particular.

Esta disposición también contiene la medida de que el 20 % de los recursos provenientes de la expedición de licencias se quedará para el Imoveqroo, mientras que el 30 % será etiquetado para que los municipios realicen obras en materia de movilidad, de manera que los ayuntamientos sólo podrán disponer libremente del 50 % de los recursos que se generen por este concepto en sus demarcaciones, ya no el 100 %.

Con esta única revisión, los diputados aprobaron la elaboración del dictamen en sentido aprobatorio de la iniciativa de reformas, mismo al que se dará luz verde en una reunión de trámite programada para las 4 de la tarde de este miércoles, ya que la intención es aprobar la reforma en el pleno de la Legislatura en la sesión programada para las 7 de la noche, con la premura que tienen por estar en el cierre del segundo período ordinario de sesiones.

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