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• Ayuntamiento niega aumento en el Derecho de Alumbrado Público y afirma que se mantiene en 5 % del consumo eléctrico

 

•  Fallos de la SCJN y cálculos de 6 mil pesos al año generan confusión sobre tarifa fija; opositores denuncian fórmula discrecional

 

Renan Castro Hernández/ CAMBIO 22

El Derecho de Alumbrado Público (DAP) es una contraprestación que los municipios de Quintana Roo cobran desde hace años para financiar el servicio de iluminación de calles, parques y plazas. No se trata de un impuesto nuevo; se recauda a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que lo incluye en los recibos de luz de los usuarios como parte de un convenio con los ayuntamientos.

Para Isla Mujeres, el director de Ingresos del municipio, Owen Rubén Magaña Coral, explicó que el DAP “se ha cobrado año con año” y que la CFE lo recaudaba en los recibos, por lo que no es un cargo nuevo.

El DAP está regulado en las leyes de hacienda municipales.

El funcionario subrayó que la cuota está regulada por la ley y “no existe margen para incrementos discrecionales”, y que el cobro no puede exceder el equivalente al 5 % del consumo eléctrico, conforme a la normatividad vigente.

La sentencia de la Suprema Corte

La polémica de 2025–2026 surge porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales dos fórmulas que diversos municipios de Quintana Roo utilizaban para calcular el DAP.

El 11 de diciembre de 2025 la Corte invalidó el esquema aplicado en Isla Mujeres al considerar que mantenía la vinculación del cobro con el consumo eléctrico y establecía parámetros diferenciados para propietarios con o sin contrato de la CFE. Para los ministros, ese modelo convertía el DAP en un impuesto al consumo de energía materia reservada al Congreso de la Unión, generaba un trato desigual y carecía de límites para fijar la tarifa a usuarios sin contrato. Antes de esta sentencia, la SCJN ya había invalidado un primer modelo que imponía un recargo de 5 % sobre el recibo de luz y una cuota fija para quienes no tenían contrato, por violar los principios de proporcionalidad y equidad.

Tras el fallo, el máximo tribunal exhortó al Congreso de Quintana Roo a evitar nuevamente los vicios de inconstitucionalidad al reformar la legislación. La invalidez de ambos modelos puso en entredicho el esquema de recaudación del DAP en varios municipios y obligó a las autoridades locales a diseñar nuevas fórmulas.

La acusación de un cobro fijo de 507 pesos al mes

El cobro mensual de 507 pesos por concepto de Derecho de Alumbrado Público (DAP) fue dado a conocer por Diario CAMBIO 22 con base en información documental oficial, derivada de la publicación realizada el 31 de diciembre de 2025 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, en cumplimiento de la reciente reforma a la Ley de Hacienda del Municipio de Isla Mujeres. Dicho esquema establece la obligación del Ayuntamiento de definir y publicar una tarifa específica para financiar el servicio de alumbrado público, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara el mecanismo anterior que permitía cobrar directamente el 5 por ciento del consumo eléctrico en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A partir de esa resolución judicial, el Congreso local reformó la Ley de Hacienda municipal para sustituir el cobro porcentual por una tarifa fija, misma que, conforme a la nueva redacción legal, debe publicarse a más tardar el 31 de diciembre del año previo a su aplicación, requisito que fue cumplido por el Ayuntamiento de Isla Mujeres. La medida fue además difundida de manera institucional por la Tesorería Municipal, autoridad responsable de la recaudación, y prevé que el DAP se cobre a través de los recibos de energía eléctrica, estableciendo que dicho cobro no puede exceder el equivalente al 5 por ciento del consumo, pero únicamente como límite máximo, siempre que no rebase la tarifa publicada oficialmente.

Sin embargo, para determinar el monto de la tarifa, el Ayuntamiento únicamente consideró a los usuarios registrados ante la CFE, dejando fuera de la base de cálculo a propietarios de predios baldíos, rústicos o sin contrato de energía eléctrica, pese a que estos también se benefician del alumbrado público y están expresamente contemplados en la propia Ley de Hacienda municipal.

Se Burla Atenea Gómez Ricalde de la SCJN e Impone Cobro de 6 Mil Pesos al Año por Alumbrado Público en Isla Mujeres en el 2026

Esta exclusión redujo el universo de contribuyentes y derivó en una cuota mensual de 507 pesos, equivalente a 1 mil 014 pesos bimestrales, situación que mantiene un trato diferenciado entre usuarios con y sin contrato ante la CFE y que se ha convertido en uno de los principales ejes de la controversia pública en torno al DAP en Isla Mujeres.

La versión oficial: “no hay aumento”

Ante la viralización de la cifra de 6 mil pesos al año, el Ayuntamiento de Isla Mujeres emitió un desmentido oficial el 6 de enero. El director de Ingresos, Owen Rubén Magaña Coral, calificó como falsa la información sobre un aumento en el DAP y aseguró que el cobro se mantiene sin cambios.

Reiteró que se trata de un derecho que se cobra desde hace años y que la CFE lo recauda mediante convenio, por lo que “no es nada nuevo”.

El funcionario subrayó que la cuota está regulada por la ley y “no existe margen para incrementos discrecionales”; el DAP continúa calculándose como un 5 % del consumo eléctrico.

El Ayuntamiento también destacó que las inversiones en alumbrado público se han multiplicado, en 2025 se logró cubrir 95 % de la red en la isla mediante la instalación de más de 3 000 luminarias LED y se destinaron más de 30 millones de pesos al soterramiento de líneas eléctricas en el centro de la ciudad.

Para las autoridades, esto demuestra que los recursos se utilizan para mejorar el servicio, y el DAP se usa únicamente para cubrir el consumo eléctrico.

¿Qué pasará con el DAP en Isla Mujeres?

Por ahora, el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) continúa generando incertidumbre y debate público, en un contexto marcado por las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que invalidaron los esquemas anteriores utilizados en la entidad al considerar ilegal vincular este derecho directamente al consumo de energía eléctrica.

A partir de dichos fallos, los municipios están obligados a reformar sus leyes hacendarias para establecer mecanismos de cobro que no graven el consumo eléctrico y que respeten los principios de equidad y proporcionalidad fiscal.

En respuesta, el Congreso de Quintana Roo planteó un modelo general basado en dividir el costo total del servicio de alumbrado público entre todos los predios beneficiados, incluidos aquellos que no cuentan con contrato ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

No obstante, la implementación práctica de este esquema no ha sido homogénea, ni está del todo claro cómo se integrará un padrón completo de beneficiarios en cada municipio.

En el caso de Isla Mujeres, la presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde y el director de Ingresos han sostenido públicamente que no habrá incrementos en el DAP y que el cobro se mantendrá bajo el límite del 5 por ciento del consumo eléctrico, al tiempo que han rechazado que exista un nuevo impuesto o un aumento discrecional. Sin embargo, el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado establece una tarifa específica para el ejercicio fiscal 2026, calculada a partir del costo reportado del servicio y del número de usuarios considerados, lo que ha dado origen a la controversia.

Organizaciones, especialistas y medios críticos advierten que, si no se incluye a todos los predios beneficiados del alumbrado público en la base de cálculo, el esquema podría reproducir los vicios señalados por la SCJN y derivar en cuotas elevadas para un sector reducido de contribuyentes, manteniendo un trato desigual entre usuarios con y sin contrato ante la CFE.

En este contexto, el debate no gira en torno a la existencia del DAP, que se cobra desde hace años en Isla Mujeres, sino a la legalidad y equidad del modelo adoptado para su determinación tras la reforma a la Ley de Hacienda municipal. El seguimiento de este tema será clave para evaluar si el esquema vigente cumple con los criterios constitucionales y si las autoridades locales realizan los ajustes necesarios para garantizar un cobro justo y transparente.

Por lo pronto, la ciudadanía deberá mantenerse atenta a la aplicación efectiva de la ley, a los recibos que se emitan durante el ejercicio fiscal 2026 y a las determinaciones que adopten tanto el Congreso local como los tribunales, en un tema que impacta directamente en la economía de las familias y negocios de Isla Mujeres.

 

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

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