• Necesariamente Incómoda

 

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

Las últimas semanas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador están siendo de un grave riesgo para la conservación de los recursos naturales no solo de la Península de Yucatán, sino de todo el territorio nacional, porque las instituciones de los tres niveles de gobierno que se deben encargar de proteger este patrimonio de los mexicanos y de la humanidad se hacen de la vista gorda para permitir que la iniciativa privada inicie obras que destruyen esos recursos, pero también hay autoridades, que a pesar de que los proyectos no reúnen los requisitos que marca la normatividad mexicana los autorizan, con la finalidad que la próxima administración federal resuelva los problemas, desde luego que esta permisibilidad es resultado de la corrupción y del tráfico de influencias.

Sin embargo, también existen evidencias en el terreno de los hechos, como en estudios científicos y documentación institucional, que es el gobierno federal el que durante el último sexenio atropelló y vulneró el medio ambiente en gran parte del país, como son los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como Veracruz y Oaxaca, donde puso en marcha sus obras emblemáticas conocidas como el Tren Maya, Aeropuerto de Tulum, la Refinería de Dos Bocas y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Como lo informó en su momento CAMBIO 22 como resultado de los trabajos realizados para la construcción de los tramos 5, 6 y 7 del proyecto Tren Maya el gobierno federal, a través de la ahora constructora Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), responsable de la ejecución del proyecto, deforestó seis mil dieciocho hectáreas de selva en el estado de Quintana Roo.

Con el apoyo del análisis de imágenes satelitales de alta resolución de enero de 2024 comparadas con las cobertura forestal de 2019 a través del Sistema de Información sobre Cambios en la Cobertura Forestal (SICAMFOR), desarrollado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, se logró detectar la pérdida de cobertura forestal en 2,015.3 hectáreas en el tramo 5, que va de Cancún a Tulum; en el tramo 6, de Tulum a Chetumal, se destruyeron 2,076 hectáreas; mientras que en el tramo 7, que recorre de Chetumal a Escárcega se deforestaron 1,927.2 hectáreas de selvas y otros ecosistemas forestales.

Además del desmonte del trazado de la ruta para la instalación de las vías del tren, se han deforestado terrenos para la apertura de bancos de materiales, de donde se han extraído grandes volúmenes de roca y sascab para la nivelación de los terrenos. También se ha talado selva para la construcción de las estaciones, campamentos, bodegas, estacionamientos, talleres de servicio, pasos a desnivel, caminos de acceso y el aeropuerto de Tulum.

El estudio completo se puede consultar aquí: https://ccmss.org.mx/deforestacion_por_tren_maya_quintanaroo/

Mientras tanto, en Yucatán, Greenpeace México presentó el 19 de julio pasado a la SEMARNAT una serie de comentarios y alertas respecto a la Manifestación de Impacto Ambiental de un megaproyecto de infraestructura turística en Santa Elena, Yucatán, de acuerdo a un comunicado de prensa de la organización internacional. https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/54383/un-gran-megaproyecto-hotelero-de-grupo-xcaret-amenaza-la-selva-maya/

De acuerdo a Greenpeace México, dicho proyecto pretende construir un megadesarrollo turístico en plena selva maya y contempla, entre distintas obras, 9 hoteles de 18 pisos cada uno. La empresa contempla albergar una capacidad máxima de 16 mil 200 huéspedes, cuatro veces la cantidad de la población actual de la localidad de Santa Elena, cercana a la Zona Arqueológica de Uxmal.

El lugar en el que se pretende construir está dentro de una zona de influencia del Área Natural Protegida denominada “Reserva Estatal Biocultural del Puuc”.

La información presentada por la empresa que quiere construir ese proyecto, también contempla el desarrollo de macrolotes en diversas secciones del terreno, en los que pretenden desarrollar más proyectos turísticos y espacios residenciales, lo cual ampliará aún más los impactos ambientales durante los próximos años.

Este no es el primer proyecto que Xcaret pretende levantar en Yucatán. Sigue en puerta el parque Xibalbá en Valladolid, el cual fue clausurado en 2022 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por el impacto negativo que generaba a los cenotes y ríos subterráneos.

Un proyecto de esta magnitud significa la deforestación de casi 160 hectáreas, lo que implicaría talar alrededor de 165 mil árboles. Esa intención de deforestación responde a la necesidad de excavar el predio hasta 36 metros de profundidad para introducir elementos ajenos al escenario natural de la zona, entre ellos, cascadas y ríos artificiales.

Los requerimientos de agua para la operación del proyecto ascienden a un volumen de 6,500 m3 al día, lo cual suma 2,372,500 m3 al año. Este consumo supera 22 veces al volumen anual concesionado para el uso urbano de todo el municipio de Santa Elena. En contraste, actualmente solo la mitad de la población local tiene acceso al agua potable, según el censo del INEGI de 2020.

En el predio del proyecto se encontraron especies de aves sujetas a protección especial según la NOM-059-SEMARNAT-2010. Estas son el pavo ocelado (Meleagris ocellata), el búho virginiano (Bubo virginianus spp. mayensis), el loro de frente blanca (Amazona albifrons) y el loro yucateco (Amazona xantholora). Lejos de proponer una verdadera prevención para evitar desplazar a las aves con el proyecto, la empresa se limita a realizar “actividades de ahuyamiento, rescate y desmonte gradual”.

Andrés Manuel López Obrador dejará de ser presidente de México el 30 de septiembre próximo y el acto protocolario de cambio de poderes será el primero de octubre, pero el daño que sus obras y la corrupción en su gobierno causó al medio ambiente en el país tendrán que pagar las consecuencias las futuras generaciones.

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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