Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 17 de julio.- Como estaba previsto, y con un procedimiento aligerado con el fin de dar celeridad al cumplimiento de “la línea” recibida, la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo designó al abogado chiapaneco Raciel López Salazar como Fiscal General del Estado para el periodo 2023-2032, y le tomó la protesta de ley para que de inmediato asuma sus funciones.

No hubo intención de disimular que la ratificación en el cargo del que ya había sido nombrado Fiscal Interino por la gobernadora Mara Lezama era asunto “planchado”, puesto que los 23 diputados y diputadas presentes, incluyendo a los de partidos de la oposición, aprobaron por unanimidad el nombramiento, sin dar un solo voto a los otros profesionistas que formaban la terna de candidatos.

Asimismo, y para confirmar que, pese a todos sus dichos, los “dados si estaban cargados”, el procedimiento se llevó a cabo con una simulación de comparecencia, en la que los candidatos y la candidata integrante de la terna sólo expusieron sus propuestas de trabajo y motivos para buscar el cargo, pero sin ser sometidos a una ronda de preguntas y respuestas que reflejara una real intención de los diputados y diputadas de conocer y profundizar en el análisis de la problemática de la procuración de justicia que dicen querer solucionar.

Asimismo, tampoco hubo espacio para la deliberación o el debate entre los diputados y diputadas sobre los perfiles y las propuestas, e inclusive no tuvieron la dignidad de justificar ante la ciudadanía la razón por la que decidieron apoyar a un profesionista sin arraigo en la entidad, inclusive a pesar de que la candidata Ana Elizabeth Duk Hoy, la única quintanarroense en la terna, les hizo un llamado expreso a no repetir el error de nombrar en la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) a una persona procedente de fuera del estado.

Así fue como simplemente los diputados y diputadas votaron en silencio por designar a Raciel López Salazar como Fiscal General del Estado para un período de 9 años, pero supeditado a que el próximo gobernador o la próxima gobernadora le respete su continuidad, dado los antecedentes de lo que ha sucedido en el espinoso cargo.

El único que dijo que se votaba a favor de Raciel López Salazar para dar un voto de confianza a la titular del Poder Ejecutivo fue el diputado Julián Ricalde Magaña, pero lo hizo en un mensaje de redes sociales un día antes de la sesión de votación, simplemente para descaradamente revelar que se sumaba a una línea dada por la gobernadora Mara Lezama, intentando quedar bien con ella y el nuevo fiscal, así como dejando mal parado al diputado coordinador de Morena, Humberto Aldana Navarro, que se esforzaba en repetir públicamente la mentira de que “los dados no estaban cargados”.

Por lo pronto, en la sesión se cumplió con el trámite mínimo de dar la palabra a los candidatos de la terna para que expresaran los motivos de su intención de ser Fiscal General del Estado, con base en la terna que apenas dos horas antes había recibido de manera formal la Diputación Permanente.

En esa oportunidad, y en lo que al final de cuentas terminó por ser su discurso de toma de posesión, Raciel López Salazar ofreció una refundación y reorganización absoluta de la FGE, realizar una profunda reestructuración para dar nuevo y renovado impulso al organismo autónomo, y recuperar la tranquilidad y la confianza ciudadana.

Para eso dijo que buscará fortalecer el Ministerio Público, a los peritos y la policía de investigación, priorizando la capacitación y la dotación de herramientas científicas y tecnológicas.

También ofreció que tendrá una estrategia clara y definida en materia de inteligencia para neutralizar objetivos prioritarios, para lo que buscará fortalecer sus capacidades con equipo tecnológico.

Afirmó que las áreas de inmediata rehabilitación serán primero las fiscalías en desaparecidos, narcomenudeo, secuestro y el área de inteligencia; y que creará grupos especiales de inteligencia estratégica con capacidad de reacción e intervención para neutralizar los mercados criminales y sus redes de operación, así como dar golpes de precisión a su financiamiento económico y su protección jurídica.

También dijo que tendrá como objetivo revertir la percepción de inseguridad pública, mitigar el miedo de las personas en los espacios públicos, y otorgar seguridad y justicia con sentido humano.

Entre los retos, dijo que están que sólo 12 % de los delitos se denuncia y sólo 8.7 % tiene apertura de carpeta de investigación, arrojando una preocupante cifra negra por falta de credibilidad en el actuar de las instituciones; y que se tiene un rezago de más de 200 mil expedientes, incluyendo del antiguo sistema penal.

Manifestó que se dará atención urgente a los homicidios, desapariciones y extorsiones, y que todos los delitos de alto impacto serán materia de un plan de persecución penal compatible con el plan de seguridad pública del estado.

Finalmente, pidió el respaldo, confianza y acompañamiento del Poder Legislativo, porque dijo que para combatir el crimen en la legalidad se necesitan investigaciones sólidas y científicas, lo que significa que les requerirá de presupuesto; y ofreció que será un “fiscal general de bajo perfil, de pocas palabras, muy prudente, pero de resultados firmes y constantes que se traducirán en resultados favorables”.

En su oportunidad, el discurso de la abogada Ana Elizabeth Duk Hoy destacó porque criticó abiertamente que se haya nombrado como Fiscal General a una persona que no es nacida en Quintana Roo o que no tenga arraigo como residente en el estado.

En referencia a Óscar Montes de Oca Rosales, la abogada chetumaleña afirmó que el nombramiento de un fiscal no nacido y sin arraigo en el estado trajo consecuencias negativas para la FGE, por lo que nombrar a un fiscal que no conoce el estado ni su problemática ni su realidad no abona a la consolidación de la fiscalía como organismo público autónomo garante de la procuración de justicia.

Por lo mismo, dijo que los diputados no debían repetir el error de nombrar a un fiscal que no fuera nacido o que no tenga arraigo en el estado, porque no solo debe conocer el procedimiento penal, sino que debe conocer el entorno social, cultural, económico y étnico de Quintana Roo.

Asimismo, les pidió no ser prepotentes e ignorantes ante el talento local, como el anterior fiscal general, que nombró en todas las direcciones y áreas de mayor relevancia a personas de fuera de la entidad, porque la máxima y consigna era que el quintanarroense es incompetente y corrupto.

Afirmó, como parte de los perjuicios, que esto quitó la oportunidad al propio personal de la fiscalía con todos los méritos de ascender o a profesionistas radicados en el estado con amplio conocimiento del derecho procesal penal y amplia solvencia moral.

No obstante, lo anterior, al final de cuentas los diputados se inclinaron en su totalidad por el nombramiento de Raciel López Salazar, originario de Chiapas y con año y medio de haber llegado a Quintana Roo como delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), sin justificar los motivos por los que lo nombraron, sino simplemente obedeciendo a la indicación recibida del Poder Ejecutivo.

En el trámite de la sesión también expuso su intención Carlos Alberto Montesinos García, pero sólo para cumplir su papel de comparsa de quien fuera su jefe en la fiscalía de Chiapas bajo el gobierno del PVEM y en la secretaría de Seguridad Pública de Puebla, de donde también fue dado de baja junto con Raciel López por el difunto gobernador morenista Miguel Barbosa.

franciscohcambio22@gmail.com

RHM

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