Cuestiona el Observatorio Legislativo Nuevas Reformas en Materia de Desarrollo Urbano en Quintana Roo

• La reforma para atender la sentencia de la SCJN no repara, sino consolida un control centralizado del desarrollo urbano con efectos negativos sobre la autonomía municipal y los derechos ciudadanos, afirma 

• Los municipios no se defenderán por alineamiento político, pero tampoco los empresarios, por condicionamientos de sus negocios y trámites ante el gobierno de estado, señala

Redacción / CAMBIO 22

CHETUMAL, 26 de agosto.- El Observatorio Legislativo de Quintana Roo A. C. cuestionó las reformas aprobadas por el Congreso del Estado en materia de ordenamiento territorial y urbano, al señalar que representan una “simulación” frente a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó disposiciones similares en 2023.

La asociación civil alertó que, de mantenerse esta normativa, se corre el riesgo de consolidar un control centralizado del desarrollo urbano, con efectos negativos en la autonomía municipal y en los derechos de los ciudadanos.

Durante el Octavo Periodo Extraordinario, el Congreso local aprobó cambios a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley de Acciones Urbanísticas, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Ley de Derechos.

Los dictámenes fueron avalados por mayoría el 19 de agosto, con solo los diputados Hugo Alday y José Luis Pech votando en contra.

Coincidentemente, ese mismo día, el Diario Oficial de la Federación publicó la resolución de la Corte sobre la controversia constitucional 471/2023, promovida por el municipio de Solidaridad, dictada el 8 de abril y que declaró inconstitucional la facultad del Poder Ejecutivo estatal para emitir Constancias de Congruencia Urbanística Estatal, al invadir las atribuciones exclusivas de los municipios en materia de uso de suelo, licencias y permisos de construcción.

De acuerdo con el Observatorio Legislativo, la reforma reintrodujo la figura invalidada bajo otra denominación, porque ahora las constancias fueron sustituidas por “dictámenes de viabilidad urbanística”, como el Dictamen de Viabilidad en Materia de Acciones Urbanísticas o el Dictamen en Modalidad de Viabilidad Urbanística y Mitigación de Impactos, que obligan a los promoventes a presentar estudios a su cargo para obtener autorizaciones.

Estos nuevos instrumentos fueron publicados el 20 de agosto en el Periódico Oficial del Estado, junto con la reforma a la Ley de Derechos, que establece cobros por la emisión de los dictámenes, lo que impactará directamente en los costos de los proyectos inmobiliarios.

El Observatorio Legislativo aceptó que es claro que no se espera que los municipios, todos gobernados por la 4T, interpongan nuevas controversias constitucionales contra la reforma, pero advirtió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) podría interponer un nuevo recurso ante la SCJN, al persistir los mismos vicios de inconstitucionalidad

La asociación también llamó la atención sobre que no se observa el reclamo de ninguna organización empresarial sobre la que llamó “simulación de reformas”, y aunque no descartó que alguna empresa pueda recurrir al amparo, consideró que la mayoría está condicionada por su cercanía al gobierno y sometimiento a los largos trámites para sus aprobaciones.

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