Cuerpos de Seguridad de Estados Unidos Acusan a Policías de Bahamas de Colaborar con el Narco de Colombia

Redacción/CAMBIO 22

La policía de Bahamas está envuelta en un escándalo a raíz de las acusaciones de Estados Unidos sobre un esquema de tráfico de cocaína en complicidad de agentes de policía, que pone de relieve las dificultades a las que se enfrenta Estados Unidos a la hora de colaborar con las fuerzas del orden extranjeras, así como la importancia que sigue teniendo el país insular como centro del tráfico de cocaína.

La fiscalía federal estadounidense alegó en una acusación el 27 de noviembre que dos miembros de alto rango del Real Cuerpo de Policía de las Bahamas (RBPF) y un oficial militar bahameño formaban una red de tráfico de cocaína, junto con otros 10 ciudadanos bahameños y colombianos.

Desde al menos mayo de 2021, funcionarios corruptos del Gobierno y fuerzas de seguridad de Bahamas han facilitado la llegada de cargamentos de cocaína a los aeropuertos de las numerosas islas del país, según la acusación. Los cargamentos llegaban en vuelos chárter desde Colombia, Venezuela y otros lugares del Caribe.

A continuación, los acusados permitían que lanchas rápidas, yates y buques cargados de cocaína salieran de Bahamas con destino al cercano estado costero estadounidense de Florida. A cambio, los funcionarios recibían o planeaban recibir sobornos de los traficantes que oscilaban entre US$10.000 y US$2 millones.

“El aumento del flujo de cocaína a través de las Bahamas ha sido un resultado directo de la corrupción alimentada por las drogas que ha infectado a varias instituciones bahameñas”, declararon los fiscales en la acusación. “Estos funcionarios corruptos de la RBPF y del gobierno de Bahamas apoyan en todo momento el tráfico de drogas hacia Estados Unidos”.

La acusación subraya que la estrecha relación entre Bahamas y entidades estadounidenses como la DEA y la Guardia Costera fue clave para hacer posible la trama de tráfico.

Uno de los acusados compartió información confidencial de los guardacostas estadounidenses con los traficantes para ayudarles a evitar ser detectados, según la acusación. Los fiscales también acusaron a los funcionarios de la RBPF de facilitar a la DEA información falsa y negarles el acceso a la cocaína incautada.

La acusación desató una polémica política en Nassau, la capital de Bahamas, que alcanzó su punto álgido el 4 de diciembre. Mientras los manifestantes anticorrupción se congregaban frente al parlamento, en el interior, el partido de la oposición fue expulsado de una sesión parlamentaria después de que uno de sus miembros arrojara un objeto ceremonial por la ventana. Ese mismo día, el primer ministro, Philip Davis, anunció la dimisión del comisario de la RBPF, Clayton Fernander, aunque no estaba directamente implicado en la conspiración. Davis nombró un sustituto para Fernander, pero los medios de comunicación locales informaron que su selección aún no ha sido confirmada.

Las dudas sobre la implicación de los políticos en el esquema se ven alimentadas por una sección de la acusación en la que uno de los acusados de la RBPF pedía un soborno de US$2 millones a nombre de un “político bahameño de alto rango”, que la acusación no nombraba, a cambio de “facilitar y asegurar los envíos de cocaína”.

La DEA y la Guardia Costera declinaron hacer comentarios. La RBPF no respondió a las solicitudes de comentarios.

El caso contra funcionarios de seguridad bahameños es el último de una serie de esfuerzos de Estados Unidos por acabar con la corrupción relacionada con la cocaína que infecta a muchas naciones aliadas y muestra cómo las autoridades locales pueden aprovechar las ventajas de la cooperación estadounidense para encubrir el narcotráfico.

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado en junio a más de 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico, fue un firme aliado de Estados Unidos durante sus dos mandatos presidenciales, colaborando estrechamente con este país para extraditar a narcotraficantes y manteniendo al mismo tiempo una imagen de presidente «duro contra el crimen».

En otro caso emblemático de aliado de Estados Unidos malogrado, Genaro García Luna, ex jefe de seguridad pública de México, fue condenado en octubre a 38 años de prisión en Estados Unidos por aceptar millones de dólares en sobornos de organizaciones de narcotraficantes, todo ello mientras recibía premios nacionales e internacionales por sus logros en materia de seguridad y colaboraba estrechamente con múltiples agencias gubernamentales estadounidenses.

Como demuestra la reciente acusación, las autoridades corruptas de Bahamas también se aprovecharon de los esfuerzos antidroga de Estados Unidos, esta vez en el marco de la Operación Bahamas, Turcos y Caicos (OPBAT). Creada en 1982, la OPBAT es una operación coordinada de interceptación del contrabando diseñada para cerrar lo que en los años setenta y ochenta se había convertido en una autopista de la cocaína que pasaba de Suramérica, a través de las Bahamas, a Estados Unidos.

Como resultado del aumento de la interdicción, las incautaciones de cocaína en el Caribe cayeron del 75% de todas las incautaciones entre Suramérica y Estados Unidos a mediados de la década de 1980 a solo el 10% en 2010, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), ya que los traficantes exploraron otras rutas.

Ahora, la ruta del Caribe está mostrando signos de resurgimiento, con un aumento de las incautaciones en lugares como República Dominicana y el Caribe francés. Como se señala en la acusación, las Bahamas también son “cada vez más valiosas” para los traficantes de cocaína.

El portavoz de los guardacostas, el capitán de corbeta John William Beal, declaró a InSight Crime que es improbable que el caso afecte a la relación de trabajo entre ambos países.

“El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos mantiene su compromiso de asociación y colaboración con los organismos militares y policiales de Bahamas”, dijo a InSight Crime.

Fuente: Insight Crime

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