Redacción / CAMBIO 22

TULUM, 13 de diciembre. Un sistema de justicia corrompido y una red de intereses oscuros han dejado a un empresario, sin su hogar, su negocio de 24 años y a 45 familias sin sustento.

Esta desgarradora historia es solo una muestra que sigue operando el llamado “Cártel del Despojo” en Quintana Roo, protegido por funcionarios que manipulan la ley para despojar a legítimos propietarios de terrenos valuados en millones de dólares.

El drama de Federico Paterniti, un empresario italiano naturalizado mexicano comenzó el 6 de junio pasado, cuando un grupo de policías de Cancún, supuestos actuarios sin identificación y siete individuos más irrumpieron en su predio costero “Las Olas” en Tulum.

Sin presentar documentos legales, lo expulsaron violentamente y cercaron la propiedad. A pesar de demostrar ser el legítimo dueño, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial de Quintana Roo han bloqueado sistemáticamente la restitución de su inmueble, ignorando resoluciones judiciales que declaran ilegal el aseguramiento.

En una audiencia de principios de diciembre, un Juez de Control calificó de ilegal el actuar de la fiscalía, que violó la jurisprudencia 2027713 al no solicitar autorización judicial para el aseguramiento. Lo anterior porque, todo aseguramiento, inmovilización registral o catastral de un bien inmueble debe contar con la autorización de un juez de control. Esto significa que el Ministerio Público no puede actuar de manera unilateral para asegurar un bien sin la validación previa de un órgano judicial competente.

Aunque ante estas irregularidades, se ordenó la restitución inmediata del inmueble, fijando como fecha límite el viernes 6 de diciembre a las 17:00 horas en el lugar del predio. No obstante, la fiscalía incumplió reiteradamente, argumentando excusas carentes de lógica como la supuesta no localización del predio.

Este desacato llevó al juez a imponer medidas drásticas. El pasado 9 de diciembre el Juez de Control del Distrito Judicial de Tulum, Quintana Roo, determinó medidas contundentes ante el incumplimiento de una orden judicial, del Ministerio Público del Fuero Común. Entre las medidas se encuentran como multas de hasta mil unidades de medida y la notificación a la Fiscalía Anticorrupción para investigar las irregularidades del fiscal José Luis Pimienta Salvador.

Además, se instruyó que el 10 de diciembre a las 10:00 a.m., las partes procesales, incluido el fiscal Pimienta Salvador, se reúnan en las instalaciones de la Fiscalía en Tulum y procedan directamente al predio para garantizar la restitución del inmueble. Se notificó tanto al Fiscal de Distrito Zona Norte como al Fiscal de Distrito Zona Centro para que supervisen el cumplimiento estricto de la orden.

De nueva cuenta no se presentaron, por lo que el juez requirió la presencia personal del fiscal y las partes involucradas para realizar la diligencia de restitución de manera inmediata, el día 12 de diciembre a las 13:00 horas en las instalaciones de la Fiscalía, donde tendría que presentarse también la fuerza pública.

Por irreal que pareciera, las instancias no se presentaron, el afectado tuvo que acudir a las instalaciones de la policía para preguntar porque no fueron a cumplir con el mandato judicial de presentarse en las oficinas de la fiscalía y acompañarlo a la restitución del predio, pero solo mencionaron que al parecer había un amparo, sin mostrar documento alguno.

Durante los últimos 10 días del mes de diciembre, han sido incontables las arbitrariedades que se han presentado en este caso, muestra de los intereses de funcionarios del poder judicial y la fiscalía que lejos de acatar una instrucción judicial han vulnerado el estado de Derecho de manera flagrante.

El caso de Paterniti es solo la punta del iceberg y es la muestra que el denominado “Cártel del Despojo” sigue operando con impunidad, porque se tuvo conocimiento que al menos son al menos siete propiedades en la exclusiva zona hotelera de Tulum que han sido arrebatadas de sus propietarios, valiéndose de prestanombres, falsificación de registros y el respaldo de funcionarios públicos. El nombre de un funcionario del Poder Judicial llamado “Octavio” fue señalado en las diversas acciones para impedir la restitución del predio en cuestión, como uno de los operadores de estos despojos.

Dentro de los predios despojados se encuentran Posada Margherita , Posada La Mar, La Eufemia, El Tavano, Chile Tulum y otros mas

Mientras Federico Paterniti sigue esperando justicia, su historia pone en evidencia un sistema que, lejos de proteger a los ciudadanos, opera en favor de intereses económicos. En una próxima entrega expondremos detalles que hacen evidente la alta corrupción en este caso que hace evidente la operación del “Cartel del Despojo”.

 

 

 

 

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