Cristina Torres Intenta Minimizar Señalamientos mientras Reacomodos en Imoveqroo Revelan Tensión Interna

• El momento del movimiento ha alimentado las sospechas ciudadanas de un intento por despresurizar la crisis sin asumir responsabilidades de fondo.

Redacción/ CAMBIO 22

CHETUMAL, 20 de noviembre. – La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, intentó este jueves restar gravedad a los señalamientos ciudadanos sobre una presunta red de corrupción en el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), pese a que la propia funcionaria confirmó movimientos internos en el área directamente relacionada con la expedición de licencias de conducir. El ajuste ocurrió justo después de que usuarios denunciaran que trabajadores ofrecían licencias —sin exámenes y sin acudir al módulo— por hasta 1,800 pesos, práctica que se habría vuelto sistemática.

Torres Gómez reconoció que la Dirección de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones, encabezada hasta el miércoles por Violette Eljure Eljure, tuvo cambios administrativos. Aunque afirmó que “no fue una renuncia”, sino una simple “reubicación”, la coyuntura y el momento del movimiento han alimentado las sospechas ciudadanas de un intento por despresurizar la crisis sin asumir responsabilidades de fondo. La funcionaria insistió en que los reacomodos obedecen a “dinámicas internas del gobierno”, pese a que los señalamientos se multiplican en redes sociales.

Sobre las denuncias difundidas ampliamente —y respaldadas con capturas de conversaciones donde supuestos empleados del Imoveqroo ofrecen trámites irregulares—, la secretaria rechazó que existan licencias falsas emitidas desde la dependencia. Aun así, pidió a los ciudadanos llevar sus documentos para verificar su autenticidad, un gesto que evidencia la existencia de dudas razonables sobre la confiabilidad de los procesos, aunque desde el gobierno se intente minimizar la problemática.

En su mensaje final, Torres invitó a la población a evitar intermediarios y a acudir exclusivamente a los módulos oficiales. Sin embargo, su postura defensiva contrasta con la magnitud de la denuncia pública y la creciente evidencia de que el mercado clandestino de licencias opera a plena luz del día en Chetumal.

Mientras el gobierno insiste en que “todo funciona bien”, el caso revela una brecha de confianza cada vez mayor entre ciudadanía e instituciones, especialmente en una dependencia históricamente señalada por prácticas irregulares.

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