Crisis Humanitaria por Desaparición Forzada de Personas en México Podría Discutirse en la Asamblea General de la ONU

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez / CAMBIO 22

El 14 de marzo de 2025, la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Liz Throssell, al referirse al reciente descubrimiento en México de restos humanos calcinados y cientos de objetos personales, como zapatos y ropa, en un rancho presuntamente operado por un cártel de drogas, es un recordatorio profundamente perturbador del trauma de las desapariciones vinculadas al crimen organizado en el país.

El centro clandestino, ubicado en un rancho en el estado de Jalisco, fue encontrado por colectivos de familias que buscan a sus seres queridos. Según se informó, era utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación para entrenar a jóvenes que eran reclutados forzosamente mediante ofertas falsas de empleo.

Eran sometidos a tratos brutales y aquellos que mostraban resistencia o no cumplían con los requisitos del cártel eran asesinados, lo que concuerda con la presencia de fragmentos óseos y restos humanos carbonizados en el lugar.

La portavoz señaló que el descubrimiento resulta “aún más perturbador” dado que el rancho había sido previamente allanado en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado de Jalisco, sin que se detectaran pruebas cruciales.

“Tomamos nota del compromiso de las autoridades federales y estatales de examinar posibles omisiones en la operación de búsqueda inicial”, dijo Throssell al respecto.

La Oficina hizo un llamamiento a las autoridades para que garanticen investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre los delitos cometidos en el sitio.

En este sentido, instó a fortalecer los esfuerzos para identificar los restos encontrados ahí, y para permitir la participación significativa de las familias en los procesos de búsqueda, investigación y rendición de cuentas.

Por último, la Oficina señaló que, dado el amplio impacto de las desapariciones en México, insta al Gobierno a mejorar las medidas preventivas y a garantizar la protección y el apoyo a las familias víctimas de desapariciones en su búsqueda de verdad, justicia y reparación.

Ante la crisis humanitaria que se vive en México por la desaparición forzada de personas, organismo internacionales como la ONU le han puesto el dedo a este país para señalar que lo que pasa aquí no puede repetirse en ninguna otra parte del mundo.

Sin embargo, los señalamientos no le han gustado al gobierno de la 4T y como es su costumbre la única reacción que ha tenido es descalificar al ONU y a las diversas agencias que han opinado sobre esta situación, a tal grado que primero utilizó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para decir que en México no pasa nada y luego el mismo Senado de la República, decidió solicitar la renuncia del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU, lo que representa una vergüenza para México, porque las señoras y los señores senadores no saben como opera una instancia de esta naturaleza, eso les pasa por no saber sus facultades como integrantes del Senado de la República.

El pasado 4 de abril se dio a conocer que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tomó “una decisión sin precedentes al activar el procedimiento estipulado en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”.

El presidente del Comité, Olivier de Frouville, dio a conocer que esta medida responde a información fundamentada que indica que las desapariciones forzadas se llevan a cabo de manera generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de México. Este anuncio se realizó al término del vigésimo octavo período de sesiones del Comité, lo que marcó un hito histórico en la lucha contra este delito.

Através de este procedimiento el CED solicitará formalmente al Estado mexicano información pertinente sobre la situación en las próximas semanas. Este paso inicial busca establecer un diálogo constructivo con el gobierno mexicano para garantizar la aplicación integral de la Convención. Sin embargo, la gravedad del caso podría llevar al Comité a presentar la cuestión ante la Asamblea General de la ONU, a través del Secretario General, para su consideración urgente.

El artículo 34 de la Convención establece que, cuando el Comité recibe información con indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se practican de manera generalizada o sistemática en un país, puede activar este protocolo. Según explicó de Frouville, la información recibida por el CED cumple con estos criterios, lo que ha llevado a la activación del procedimiento. Este mecanismo, descrito como “el más extremo” del Comité, nunca antes había sido aplicado a un Estado parte.

¿Cómo se activa el protocolo?

• El Comité de la Convención recibe información de que un Estado Parte está cometiendo desapariciones forzadas de manera generalizada o sistemática.

• El Comité solicita al Estado Parte la información pertinente.

• Si la información confirma las sospechas, el Comité lleva el caso a la Asamblea General de la ONU.

¿Qué consecuencias puede tener?

• Un llamado de atención internacional

• Mayor presión para que el gobierno tome medidas

• Un escrutinio más profundo por parte de la comunidad internacional

¿Qué es la desaparición forzada?

• La Convención define la desaparición forzada como el arresto, la detención, el secuestro, o cualquier otra forma de privación de libertad por parte de agentes del Estado. 

¿Qué busca la Convención?

La Convención busca prevenir las desapariciones forzadas y reconocer los derechos de las víctimas y sus familiares.

A pesar de los berrinches de la 4T y desconocimiento de la mayoría del Senado de la República sobre cómo opera el referido Comité que ahora lo han convertido en su enemigo, el organismo dio a conocer un comunicado de prensa final sobre su periodo de sesiones este 8 de abril, desde Ginebra y ratificó el acuerdo sobre México.

“Durante la sesión, el Comité también decidió activar para México el procedimiento del artículo 34 de la Convención, según el cual“ si el Comité recibe información que a su juicio contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, podrá, tras recabar del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre la situación, llevar urgentemente el asunto a la atención de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas.

“En sus palabras de clausura, el Presidente dijo que, como primer paso del procedimiento, el Comité solicitará información al Estado Parte, lo que de ninguna manera prejuzga los siguientes pasos del procedimiento, y recordó que en cuanto a la implementación de todo su mandato”, el objetivo del Comité es “mantener la cooperación y los intercambios constructivos con el Estado para lograr nuestro objetivo común, que es la plena implementación de la Convención”.

Según la página oficial de la ONU, en español, El Comité contra la Desaparición Forzada supervisa la adhesión de los Estados Parte a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que hasta la fecha ha sido ratificada por 72 Estados Parte. El Comité está compuesto por 10 miembros que son expertos independientes en derechos humanos procedentes de todo el mundo, que actúan a título personal y no como representantes de los Estados Parte.

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