Redacción/CAMBIO 22

Perú amaneció este domingo con más bloqueos de rutas y movilizaciones que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, a pesar de que en la medianoche del sábado el gobierno amplió el estado de emergencia en nuevo intento por frenar la severa crisis política y social que vive el país.

El Ejecutivo amplió el estado de emergencia por 30 días en las regiones de Lima, Cusco, Callao y Puno para frenar las protestas.

Así, se autoriza a los militares a intervenir junto a la policía para resguardar el orden público, luego de más de un mes de marchas en todo el país que fueron reprimidas con firmeza y dejaron ya cerca de 50 muertos.

A través de un decreto supremo publicado el sábado a la noche en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo amplió, en las zonas donde en la última semana se reportaron las mayores protestas, el estado de emergencia que entró en vigencia el 15 de diciembre en todo el territorio nacional.

“Durante los Estados de Emergencia … quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”, se lee en el decreto.

La norma precisa, además, que la Policía Nacional del Perú mantiene el orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

El gobierno extendió también el toque de queda en Puno, epicentro de las protestas en las últimas semanas. La medida regirá desde el domingo por los próximos diez días, desde las 20 a las 4 de la mañana.

Marchas a Lima

La decisión gubernamental se produce en un momento en el que varias asociaciones convocaron movilizaciones desde el sur de Perú hacia Lima a partir del lunes, una acción que las autoridades califican de “asonada” para desestabilizar a Boluarte.

Este domingo se mantenían más de 100 tramos de carreteras bloqueados por manifestantes en 11 de las 25 regiones peruanas que piden la renuncia de la mandataria, quien asumió la presidencia el 7 de diciembre pasado después de que el Congreso destituyera a Pedro Castillo tras su golpe de Estado fallido.

Boluarte era hasta entonces vicepresidenta, y al asumir dijo en principio que cumpliría el mandato hasta julio de 2026, que era cuando debía terminar. Pero luego, por presión de la calle y del Congreso, con mayoría de la oposición de derecha, la obligó a adelantar las elecciones para abril de 2024.

Las protestas, que dejaron al menos 42 muertos en cinco semanas, según la Defensoría del Pueblo -otras fuentes hablan ya de 49-, se reanudaron el 4 de enero después de una tregua por las fiestas de fin de año. Más de 20 personas murieron sólo en la última semana.

Entre las regiones con vías bloqueadas se encontraban Puno, Arequipa y Cusco (sur), informó la Superintendencia de Transporte Terrestre, que añadió que nunca se habían registrado tantos cortes en la actual crisis.

En Arequipa, decenas de pobladores bloqueaban la carretera Panamericana Sur que llega hasta la región de Tacna, fronteriza con Chile.

La noche del sábado decenas de manifestantes llegaron al distrito de Miraflores, en Lima, tras partir desde la céntrica plaza San Martín.

En Cuzco, el servicio de trenes a la ciudadela inca de Machu Picchu se reanudó el domingo tras dos días de paralización por las protestas.

Misa por los muertos

Con fotografías colocadas en el atrio de la catedral de Lima, la mañana del domingo se realizó una misa para recordar a las personas fallecidas durante las protestas.

“Queremos dedicar esta misa a nuestros fallecidos por mano humana en estos días. Todos ellos son nuestros difuntos, no hay muerto ajeno. Todos somos peruanos”, dijo el arzobispo de Lima, Carlos Castillo.

El religioso nombró a cada una de las víctimas civiles y al policía que fue quemado vivo esta semana en la ciudad de Juliaca, fronteriza con Bolivia.

Decenas de personas asistieron a la misa oficiada en español y quechua (idioma originario de los andes peruanos) en la Basílica Catedral de Lima.

La presidenta pidió el viernes pidió perdón por las muertes provocadas por la crisis e instó al Congreso a acelerar los trámites para realizar elecciones anticipadas en abril de 2024.

Según una encuesta publicada el domingo por la empresa Ipsos, Boluarte tiene un 71% de desaprobación.

El sondeo, con un muestreo de 1.199 personas realizado el 13 enero, indica que el 63% de los encuestados cree que las acciones violentas en las regiones están “organizadas por movimientos políticos”.

El viceministro de Gobernanza Territorial, José Muro, señaló que el compromiso del gobierno es instaurar esta semana espacios de diálogo en las regiones en conflicto con el fin de atender las demandas sociales postergadas.

“Decirles a nuestros hermanos que esta semana nos proponemos instaurar espacios de diálogo para comenzar a atender las demandas. Esto le transmitimos como compromiso del equipo de gestión social y diálogo del Ejecutivo, articulando esfuerzos con los gobiernos regionales y locales”, dijo Muro al canal de televisión estatal TV Perú.

 

 

Fuente: Clarín

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