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• El riesgo de la corrupción militar en la era de la Cuarta Transformación: Los militares, ahora involucrados en una amplia gama de negocios públicos, enfrentan acusaciones de corrupción y nepotismo

 

• Ascenso económico y poder político de las Fuerzas Armadas: Bajo el amparo del gobierno actual, las Fuerzas Armadas consolidan su influencia y riqueza

 

Redacción/CAMBIO 22 

CANCÚN.- La corrupción siempre ha existido en las filas castrenses, sobre todo en las Comandancias Regionales, hay casos probados de protección al crimen organizado por parte de Generales que terminaron en la cárcel por órdenes presidenciales, pero su incursión como constructores y contratistas del gobierno de la Cuarta Transformación los catapultó a los primeros planos del ojo público y como el adagio popular:

 

“Ni el embarazo ni el dinero se pueden ocultar”, así conocimos que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, compró un departamento de lujo a la accionista de una empresa proveedora de la Sedena, que había recibido un contrato de 319 millones de pesos y casi a la par se descubrió el emporio económico que el Ejército está construyendo en el sector turístico durante este sexenio.

Este gobierno ha asignado a las Fuerzas Armadas la administración de jugosos negocios públicos, como las aduanas, varios aeropuertos, algunos tramos del Tren Maya, entre otros más. Encima de todo, el presupuesto de los cuerpos castrenses ha aumentado considerablemente durante este sexenio.

El presidente López Obrador ha recargado la viabilidad de su proyecto político en las Fuerzas Armadas, lo cual las ha dotado de un enorme poder político. Al amparo de este proceso de militarización, las élites castrenses se están enriqueciendo enormemente. Es verdad que en México siempre ha existido una cúpula castrense de enorme poder económico. Sin embargo, el fenómeno está adquiriendo una nueva dimensión.

Durante el régimen posrevolucionario, los presupuestos y los negocios públicos que manejaban los militares eran, más bien, modestos. De hecho, el bajo presupuesto de las Fuerzas Armadas era uno de los instrumentos que el PRI utilizaba para evitar cualquier tipo de conjura militar en contra del gobierno civil. Es cierto que había una élite militar que se enriquecía ilícitamente, al brindar protección o aquiescencia a negocios ilegales o irregulares, incluidos el crimen organizado y el tráfico de drogas, pero más allá de eso, el Ejército no manejaba grandes negocios.

Podríamos decir que las cúpulas militares actuales se enriquecen por partida doble:

por la corrupción, como siempre lo han hecho, al brindarle protección u omisión a los particulares y por la enorme cantidad de recursos y negocios públicos que les ha otorgado el presidente López Obrador.

Es por ello, que bajo el argumento del combate a la corrupción, las fuerzas armadas han aumentado sus funciones, presupuesto y poder, mucho se ha comentado que el peligro de que los militares ejecuten golpes de Estado se ha reducido con el establecimiento de estas concesiones de poder.

La delegación de funciones civiles a los militares se ha visto como una solución sencilla y a distintos problemas públicos, pero se han ignorado los peligros. En particular, la administración actual ha argumentado que es una medida contra la corrupción. Incluso, el mismo secretario de Marina ha llegado a declarar que “México carece de servidores públicos honestos, por eso tenemos este problema de una alta corrupción”. Esto para justificar la creciente participación de las fuerzas armadas en tareas civiles.

De esta manera, se ha registrado una transferencia de las tareas civiles a la jurisdicción militar. De acuerdo con el Inventario Nacional de lo Militarizado, entre 2007 y 2021, el Ejército y la Marina acumularon 241 funciones que, pese a no estar relacionadas con la disciplina militar, les fueron asignadas. Entre éstas, destacan tareas de seguridad pública, obra, protección ambiental, política social, protección civil, migración, entre otras. En consecuencia, el presupuesto ejercido de las secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) ha aumentado 44% en términos reales.

Con la entrega de estas obras llegaron las denuncias de corrupción en las obras del Tren Maya. Primero la entrega de contratos a empresarios amigos de Gonzalo López Beltrán, el tercer hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien articuló una red de negocios y tráfico de influencias ligadas a la construcción del Tren Maya con el que han logrado hacer miles de millones de pesos, según reveló una investigación de Latinus, del periodista Carlos Loret de Mola y en las que en audios se menciona a los militares encargados más importantes y costosos del proyecto; de Cancún a Escárcega Campeche.

En una conversación grabada, Amílcar Olán el operador de los hijos del Presidente confiesa que en sólo seis meses logró utilidades por 250 millones de pesos. Su negocio funciona con una red de empresas prestanombres para el transporte y la producción de la piedra.

Según el Gobierno Federal, para los siete tramos del tren maya se ocuparían 5 millones de metros cúbicos de balasto, por los que presuntamente obtuvo 193 millones de pesos. Sin embargo, el triturar y vender la piedra no es el centro del negocio, sino el transportarla.

“Tú ponte pilas con el put* flete que ahí es donde está la lana. Yo no lo suelto porque el negocio es el flete obviamente. Yo no estoy soltando un metro de piedra si no lo fleteo yo”, presuntamente se le oye decir a Olán en uno de los audios presentados por el medio antes citado.

Esa sería el jugoso negocio, pues de acuerdo con un tabulador de precios que Grupo Minero Alicante envió al Ejército, detalla que por llevar 500 mil metros cúbicos a Cancún por camiones de 50 metros cúbicos cobraría 2 mil millones de pesos.

En otra conversación presentada, Olán afirma que, con orden directa de Presidencia, se le pidió surtir de balasto para terminar un tramo de la obra:

“Pero ahorita ya me dieron 500 mil metros cúbicos más y es una locura. La verdad que fue un contrato muy grande; me fue muy bien, que me deben ya la utilidad, pero bueno, en seis meses me metí 250 millones de utilidad”, se le oye confesar.

En todos estos negocios corruptos tienen la venia bendita de la cúpula militar que controla las obras insignias del presidente Obrador y por lo tanto también llevan su mochada.

Este lunes la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo emitió un comunicado aclarando:

“Respecto a algunas notas periodísticas que erróneamente señalan la detención de un militar, al respecto se menciona que, se recibió un reporte de una persona armada en el municipio de Othón P. Blanco, por lo que se procedió al lugar….Se ubicó a un masculino que se identificó como militar en retiro, quien portaba un arma y dinero en efectivo, por lo que fue trasladado a las instalaciones de la Policía Preventiva, en donde se comprobó la procedencia del dinero y los documentos para portar el arma.
Con personal de SEDENA se verificó y demostró que el militar en retiro mantiene vigente su licencia de portación de arma de fuego y reglamentación en orden….”

Lo que no aclara la SSCQRoo es que el presunto “militar en retiro” llevaba 800 mil pesos en efectivo, el militar durante su detención aseguró que era dinero de su retiro”, pero, dicha versión no es creíble. Ninguna institución paga un retiro en efectivo, mucho menos las Fuerzas Armadas, hoy todo se hace con transferencias bancarias. La SSCQRoo tuvo que salir a lavar la honra del corrupto militar después de haberlo exhibido como violento, prepotente y con recursos de procedencia ilícita; es público que ese dinero es producto de comisiones de obras a empresas subcontratadas en los tramos del Tren Maya, principalmente en los acarreos de material pétreo que se pagan “a la mano” a los volqueteros locales. Los militares han sido denunciados de cobrar desde el 10 hasta un 40 por ciento de comisiones, por ello es risible el comunicado de oficial donde el capitán Luis Hernández Mora es exonerado de todo acto de corrupción e ilegalidad.

En agosto del año pasado el mando castrense José Manuel Luna que opera en el Tramo 7 fue denunciado por Manuel Lara Álvarez, técnico en urgencias médicas, al señalar que existen acciones por parte de los mandos militares donde cobran cuotas, y exigen trabajo extra que nunca les pagan a las personas y se los cobran.

José Manuel Luna, pedía dinero para conseguir equipo, a pesar de que todo estaba solventado por la Sedena, en caso que lo dieran a conocer, los amenazaba con ser despedidos. “Trabajaba en el tramo 7 del Tren Maya, hay una red de corrupción terrible con los altos mandos de Sedena, personalmente el ingeniero José Manuel Luna, nos extorsionaba y pedía dinero supuestamente para comprar lámparas, y nos ponía horas extras que trabajábamos y él no nos pagaba y se lo cobraba”, el denunciante terminó despedido y amenazado.

Dice el viejo refrán que “en arca abierta, hasta el justo peca” y eso es lo que está ocurriendo en el Ejército mexicano y sus mandos asignados al Tren Maya que empieza a provocar preocupación e incluso denuncias soterradas y señalamientos de corrupción entre los altos mandos de la institución castrense.

Porque al final, aunque tengan una férrea disciplina y una estricta ética militar de lealtad y compromiso con el país y con los presidentes en turno, los militares de cualquier rango son al fin seres humanos y la condición humana siempre es frágil cuando se le coloca ante tantos recursos económicos como los que ahora están generando y administrando el Ejército y la Marina con el manejo de aduanas federales, puertos mercantiles, 14 aeropuertos nacionales e internacionales, hoteles en destinos turísticos, el Tren Maya que, aún sin terminar; la aerolínea Mexicana de Aviación, el manejo de islas que funcionan como parques turísticos, entre muchas otras tareas, empresas que dan un total de 241 asignaciones que, según un estudio reciente del CIDE, les ha entregado el actual gobierno a las Fuerzas Armadas bajo el criterio de que “ellos son honrados y todo lo hacen bien”.

Un buen ejemplo de lo que puede pasar con tanto dinero ingresando a las arcas llenas del Ejército, es el recién inaugurado aeropuerto Internacional de Tulum, que para colmo de la militarización también fue bautizado con el nombre de otro general mexicano “Felipe Carrillo Puerto”. La ubicación del aeropuerto de Tulum es tan estratégica que se convertirá en un negocio muy redituable, tanto que se estima que le pueda quitar hasta un 20% del tráfico aéreo actual al aeropuerto de Cancún, con vuelos procedentes de Estados Unidos, Europa y del resto del mundo, además por supuesto de los vuelos domésticos. 
Se prevé que en poco tiempo esa terminal se convierta en una de las de mayor movimiento en el país y eso significará que los ingresos que comenzará a generar serán cuantiosos y todos quedarán en manos del Grupo Aeroportuario Olmeca-Maya-Mexicano administrado por los generales del Ejército mexicano.

Si a eso se suman los ingresos que generarán los otros negocios en manos de los militares y los presupuestos cada vez más altos que están recibiendo las Fuerzas Armadas, que crecerán en total 170% en este sexenio y en 2024 alcanzan ya los 259 mmdp, estamos entonces ante un Ejército rico, con las arcas más que llenas y con un manejo opaco o poco transparente de todos esos recursos millonarios, lo que tarde o temprano terminará en escándalos de corrupción. Porque por muy buenos, eficientes y honestos que el presidente López Obrador crea a los llamados hombres de verde, lo cierto es que no son ángeles y al final su condición humana es tan frágil como la de cualquier otro servidor público.

Con datos de Medios/Archivo CAMBIO 22

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