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• Expertos consultados por La Silla Rota alertan sobre el creciente uso de leyes y fallos judiciales para censurar el trabajo de periodistas y ciudadanos, incluso desde el TEPJF la magistrada Otálora reconoció que se quiere coartar la libertad y la CNDH impugnará la Ley contra el ciberasedio en Puebla

 

Redacción / CAMBIO 22

La libertad de expresión en México enfrenta un contexto cada vez más restrictivo. Demandas por presunta violencia política de género o daño moral, así como leyes estatales aprobadas de manera rápida, están siendo utilizadas para frenar columnas, publicaciones y críticas en redes sociales, denuncian organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas.

El caso más reciente y emblemático es el cierre del diario Tribuna, en Campeche, que operaba desde hace más de cinco décadas. El pasado 20 de junio cesó operaciones por una denuncia de la gobernadora Layda Sansores por incitación al odio, difamación y calumnias. Un juez ordenó el cierre y prohibió a su exdirector, Jorge Luis González Valdez, ejercer el periodismo durante dos años.

“Es un hecho inédito y aberrante”, declaró Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en México. “Las recientes leyes como la del ciberasedio en Puebla o la iniciativa sobre apología de la violencia en Michoacán ponen en riesgo el derecho a informar”, agregó.

Sheinbaum contra la censura

Contexto: la presidenta Claudia Sheinbaum recién aseguró que su gobierno está en contra de la censura y a favor de la libertad de expresión, agregó que su administración no respaldará nada que promueva mecanismos de censura.

El 25 de abril de 2025, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, se refirió a un artículo polémico de la nueva Ley de Telecomunicaciones que daba facultades al Estado para bloquear plataformas digitales. Sheinbaum dijo:

“Si crea confusión y se piensa que es para censurar, nunca ha sido el objetivo… que se modifique la redacción para que quede absolutamente claro que el Gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie y menos lo que se publique en plataformas digitales”.

“Siempre hemos estado en contra de la censura, entonces ese artículo en particular tiene que modificarse para quedar claro, o eliminarse… y menos lo que se publique en plataformas digitales.”

“Nuestra posición siempre es en contra de la censura y a favor de la libertad de expresión, siempre”, exclamó la mandataria.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, también expresó que el Gobierno de México está en contra de la censura.

“Nosotros nos preciamos de seguir la línea de un gobierno por las libertades y los derechos. Entonces, de ninguna manera, el gobierno de la Cuarta Transformación está por una cuestión de la censura hacia los medios de comunicación. Absolutamente estamos en contra de cualquier intento”, expresó la funcionaria.

Demandas judiciales para silenciar

La creciente utilización de mecanismos judiciales contra comunicadores también es motivo de preocupación para organismos internacionales. Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), alertó sobre un aumento de entre 25 y 30% anual en demandas por daño moral, calumnia o violencia política, muchas veces sin sustento legal.

“Estamos viendo cómo se judicializa la opinión y se inhibe el ejercicio periodístico. Eso tiene efectos directos en la libertad de expresión”, dijo Hootsen.

Incluso desde el Poder Judicial se han levantado alertas. En entrevista con Radio Fórmula, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora, manifestó su preocupación por los intentos de acotar la libertad de expresión, particularmente la que ejercen medios y ciudadanos.

Iniciativas estatales que preocupan

La llamada Ley contra el ciberasedio, aprobada en Puebla, ha sido calificada por organizaciones civiles como un instrumento para criminalizar la crítica en redes sociales y obstaculizar el trabajo de la prensa. En Michoacán, una iniciativa sobre “apología de la violencia” buscaba penalizar la difusión de ciertos contenidos periodísticos relacionados con hechos violentos.

Aunque algunos artículos fueron frenados, Balbina Flores advirtió que se trató de un intento grave por legislar en contra de lo que establece la Constitución. “Se vota sin preguntar, se legisla para callar”, denunció

Tensiones entre discurso y acción

La representante de RSF también señaló la contradicción entre el discurso federal y la actuación en los congresos estatales. “Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum llama a respetar la libertad de expresión, las mayorías de su partido en los estados avanzan en iniciativas que buscan restringirla”, afirmó.

La situación muestra un patrón de censura disfrazada de legalidad, que podría replicarse en más entidades si no se establece un diálogo nacional sobre los límites y garantías del ejercicio periodístico y ciudadano.

Riesgo latente

La preocupación no es aislada. Artículo 19, organización que monitorea agresiones contra la prensa, ha documentado un aumento sostenido en los casos de ataques legales como forma de presión y censura.

Aunque algunos jueces han defendido el derecho a la información, otros han emitido fallos que, como en Campeche, se traducen en cierres de medios y censura directa. En este contexto, la pregunta es inevitable: ¿está en riesgo la libertad de expresión en México?

Todo indica que sí. No solo por la acción de actores políticos o legisladores, sino por el uso del aparato judicial como herramienta para silenciar. La preocupación crece, y con ella, la urgencia de defender un derecho que es pilar de la democracia.

Otro pretexto para limitar la libertad de expresión es el mal uso de la figura de violencia política de género, alertó el director de Artículo 19 en México, Leopoldo Maldonado.

Aunque dicha figura se dio como resultado de una larga lucha por el acceso equitativo al poder, que iba primordial y originalmente dirigida a los propios políticos hombres que establecían barreras para el acceso a candidaturas de mujeres en los institutos políticos, hoy se ha convertido en una mordaza en contra de periodistas, ciudadanas y ciudadanos.

“Eso es sumamente preocupante porque las autoridades electorales tanto del INE como el Tribunal Electoral están siendo parte de esta andanada de casos de censura”, criticó.

Coincidió en decir que la andanada judicial es un riesgo más para ejercer periodismo en México. Recordó que desde hace mucho Artículo 19 ha denunciado con datos, que por la violencia desbordada en contra de la prensa, nuestro país es el más peligroso para ejercer el periodismo en América y uno de los más peligrosos del mundo.

A esto hay que sumar que desde el sexenio pasado se implantó una estrategia de comunicación política para desacreditar sistemáticamente a la prensa desde la tribuna pública, empezando por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y otros actores políticos, tanto del oficialismo como de la oposición.

Aunque López Obrador ya se fue, su modus operandi se quedó entre la clase política y ahora hay que sumar esta forma legalizada de censura, remarcó Maldonado.

Los casos de acoso judicial en contra de periodistas y medios de comunicación que antes encontraban una salida en el Poder Judicial de la Federación por la vía del amparo, sin dejar de ser desgastantes y que buscaban inhibir a periodistas, medios de comunicación o a ciudadanos críticos, ahora ni siquiera tendrán esa opción, pues el Poder Judicial será capturado por el morenismo, pronosticó Maldonado.

Los casos

Campeche, que gobierna la morenista Layda Sansores

Un ejemplo de sentencias contra periodistas es el cierre del diario Tribuna, derivado de la denuncia hecha por la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, contra la publicación, por los supuestos delitos de incitación al odio y a la violencia, difamación y calumnias. Pero acusó directamente al periodista Jorge González, quien fue vinculado a proceso y estuvo preso 36 horas y sentenciado a pagar una indemnización de 2 millones de pesos.

Puebla, del morenista Alejandro Armenta

Otro ejemplo es la aprobación al vapor de modificaciones al Código Penal de Puebla, conocida como la ley contra el ciberasedio, que se dio además en el contexto de las críticas contra el gobernador morenista de Puebla, Alejandro Armenta, por parte de la cuenta Aldea Poblana.

El artículo que ha levantado críticas es el 480, el cual establece que “quién a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”, tendrá una pena de hasta tres años y una multa que puede alcanzar los casi 30 mil pesos.

El artículo ha sido criticado por la ambigüedad de sus términos. Hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió al gobierno de Puebla revisarlo, al advertir que podría dar lugar a restricciones indebidas al derecho a la libertad de expresión, particularmente cuando se trate de opiniones, críticas o manifestaciones en contextos de interés público.

Caso Tamaulipas contra Héctor de Mauleón

A estos casos se suma la queja de la candidata a magistrada del Supremo Tribunal Electoral de Tamaulipas, Tania Contreras López, ante el Instituto Electoral del estado, por calumnia y violencia política de género contra el diario El Universal y el columnista Héctor de Mauleón, por la columna Huachicol y poder judicial en Tamaulipas, publicada el 1 de mayo.

La publicación mencionaba que Contreras era familiar del ex administrador de Operación Aduanera, Juan Carlos Madero, señalado de pertenecer a una red de corrupción y tráfico de huachicol.

Aunque la queja fue desestimada por el instituto estatal, la candidata a magistrada impugnó ante el Tribunal Electoral del estado, que modificó el acuerdo y tramitó un procedimiento especial sancionador contra el periodista y el diario. Una de las medidas ordenadas consistió en bajar la columna de El Universal y ordenarle a De Mauleón abstenerse de publicar sobre la candidata.

TEPJF, diputada del PT y Laisha Wilkins

Otro caso donde se arguyó violencia política de género fue el de la sanción ordenada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la ciudadana Karla María Estrella, por postear que la candidatura de la hoy diputada del PT, Diana Karina Barreras Samaniego, se debió a que es esposa de Sergio Gutiérrez Luna, actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

El TEPJF obligó a Estrella a presentar una disculpa en redes sociales a la legisladora y además pagar una multa.

Un caso más de una ciudadana víctima de la censura es el de la actriz Laisha Wilkins, quien en su cuenta de X, bajo el usuario de @LareinadeDinamarca, respondió a una nota de Aristegui Noticias, titulada ‘Dora la censuradora, candidata a ministra de la SCJN pretendió censurar investigaciones de Televisa Leaks’.

Wilkins respondió a esa publicación con un “jaja, Dora la censuradora, jajaja”.

Por esa reacción fue notificada por el TEPJF para que precisara el objetivo de su publicación, proporcionar un domicilio para recibir notificaciones, aclarar si su comentario fue solicitado por alguna persona e informara si tiene o tuvo algún vínculo con algún partido político, candidata o candidato en la reforma judicial.

La quejosa es Dora Alicia Martínez Valero, quien en la campaña para la elección se autodenominó como Dora la transformadora.

 

 

Fuente: La Silla Rota

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