Cozumel: Entre la Indignación y la Vergüenza del Saqueo

Juan Sánchez / CAMBIO 22

Cozumel atraviesa un momento complicado: la denuncia de abuso sexual contra una niña de nueve años, presuntamente cometido por un elemento militar, desató un conflicto que expone la fragilidad del Estado frente a la indignación ciudadana. La falta de transparencia, la percepción de encubrimiento y el uso excesivo de la fuerza generaron un estallido social que incluyó el incendio parcial del cuartel militar y enfrentamientos con las autoridades. La crisis no solo cuestiona la actuación de las instituciones, sino también la capacidad de la comunidad para canalizar su legítima exigencia de justicia sin traspasar límites que comprometan su propia legitimidad.

Que le prendieran fuego a la entrada del cuartel militar puede entenderse como la expresión de la indignación acumulada. No fue un acto impulsivo, fue un mensaje directo ante el silencio y la protección institucional. La población reclamaba que se entregara al presunto agresor y que la justicia dejara de estar al servicio del uniforme. El fuego se convirtió en símbolo del hartazgo que ya no encontró canales de diálogo.

Lo que resulta completamente injustificable es el saqueo de la tienda de la SEDENA. Robar no es protesta; es oportunismo vulgar. Quienes aprovecharon el dolor social para llenar sus bolsas de mercancía traicionaron a la comunidad y mancharon la exigencia ciudadana, dando al Ejército la coartada perfecta para presentarse como víctima. El saqueo diluyó la fuerza moral de la protesta y desvió la atención del delito que la originó.

La actuación del Ejército y del presidente municipal Jose Luis Chacon Mendez durante los disturbios profundizó el problema. Responder con fuerza mostró un poder más preocupado por blindarse que por ofrecer respuestas. En esa estrategia se dejó de lado a la víctima, se ignoró el dolor de la ciudadanía y se alimentó la desconfianza hacia las instituciones.

Es urgente adoptar medidas claras: garantizar protección inmediata e integral a la menor y su familia; separar y entregar al presunto responsable a la autoridad civil; abrir una investigación independiente con acompañamiento de organismos de derechos humanos; transparentar todo el proceso judicial; y sancionar tanto el uso excesivo de la fuerza como los actos de saqueo.

La indignación explica el incendio; el saqueo jamás tendrá justificación. Si el militar señalado es culpable, debe recibir el castigo más severo de las leyes civiles y castrenses. Pero la comunidad también debe asumir su responsabilidad: exigir justicia no es licencia para delinquir. O se reconstruye la confianza con justicia real y sanciones ejemplares, o Cozumel quedará marcado por dos heridas: el abuso contra una niña y la vergüenza de quienes, en nombre de ella, terminaron robando.

Fuente: Radio Maya Internacional

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