• Revelaciones sobre las Irregularidades Financieras del Programa Sembrando Vida

 

  • Las Observaciones y Desafíos en la Administración de Javier May Rodríguez en Fonatur y el Tren Maya

 

Redacción/CAMBIO 22 

CANCÚN | Los actos de corrupción y opacidad acompañan la carrera de Javier May Rodríguez hoy candidato de Morena a la gubernatura de Tabasco; a su paso por el programa Sembrando Vida dejó irregularidades por 2 mil 742 millones de pesos, uno de los programas estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador y al salir de Fonatur como encargado del Tren Maya tiene observaciones por 785 millones de pesos.

Javier May relevó a Rogelio Jiménez Pons en Fonatur, a principios de enero de 2022, cuando el Tren Maya registraba un retraso de más de cinco meses y un sobre precio de 47%, ahora sabemos que después de dos años, la megaobra insignia de AMLO reportará en 2024 una inversión superior a los 511 mil millones de pesos, 228% más de los 156 mil millones proyectados.

Se ha consignado que ese hueco, de más de 355 mil millones es producto de una pésima planeación, irregularidades en la asignación de obras y corrupción, males que a ocho meses de que López Obrador deje Palacio Nacional, se quiere ocultar por todos los medios.

El columnista Darío Celis consigno que “Por ello, desde principios de año envió a una de sus principales pupilas en cuadrar números, Thalía Lagunas, a limpiar el tiradero que dejaron Jiménez Pons, May y su amigo Amílcar Olán. Lagunes, además de experta auditora en cuenta pública, es de toda su confianza; sustituyó a Raquel Buenrostro de la Oficialía Mayor de Hacienda y desde el año pasado es subsecretaria de la Función Pública”.

Agregó que “En el arranque del sexenio ocupó una posición clave que vino a allanarle, todavía más, la encomienda de prácticamente armar los libros blancos del Tren Maya: coordinó el Gabinete Técnico de la Presidencia. Desde ahí conoció y tuvo contacto con los secretarios y subsecretarios que se involucraron en los principales megaproyectos de la 4T, como la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles. Ahora mismo llama a cada uno de los contratistas privados aglutinados en los consorcios liderados por CICSA de Carlos Slim; ICA de Guadalupe Phillips; Mota-Engil de José Miguel Bejos; INDI de Manuel Muñozcano, y Grupo México de Germán Larrea”.

También a la Secretaría de la Defensa, que comanda Luis Cresencio Sandoval; al proveedor de los trenes, la francesa Alstom, que preside Maité Ramos; a la japonesa Sumitomo, que representa Mauricio Benavides, proveedora de los rieles, y a las empresas de asesoría, DB Engineering & Consulting, a cargo de Gorden Rumpff, y Mextpysa, que conduce Pablo Salazar, entre otras, dijo el comentarista financiero y político

“Lagunes está tomando el control administrativo y financiero total del Tren Maya para regularizar el cúmulo de pendientes que no solucionó, sino que hasta agravó May, que se fue de candidato a gobernador de Tabasco. Hablamos de regularización de derechos de vía, litigios, predios no pagados, invasiones, gastos extraordinarios y contratos asignados sin que mediara una licitación, que provocaron daños patrimoniales. Se efectuaron en estos últimos poco más de 4 años de construcción pagos en excesos, trabajos duplicados y desperdicio de recursos públicos por mala planeación, falta de control y corrupción”, subrayó.

“Se deben justificar el destino de más de mil 736 millones de pesos utilizados para las obras del Tren Maya que se ejercieron irregularmente, de acuerdo con auditorías a las cuentas públicas de 2019 a 2021. Y no se diga el tema ambiental, donde se tienen que resolver múltiples amparos, problemas de remediación y daños irreversibles al entorno, como relleno de cavernas con concreto. Así que Lagunas tendrá que demostrar sus dotes y hacer verdaderos malabares jurídicos y políticos para limpiarle la cara al que desde ahora se ve como el proyecto más costoso y dañino de López Obrador. En el ínter, el gobierno de la 4T reservó hasta 2027 el costo total de esta obra, alegando que su difusión “pone en riesgo la seguridad nacional”, sentenció Darío Celís.

A este análisis hay que agregar que esta semana que concluyó, la Secretaría de Función Pública tiene detectado un probable daño al erario público por al menos 785 millones de pesos, eso hasta el año 2022, es decir, aún falta fiscalizar el último año y medio de las obras, de 2023 a la fecha.

Al inicio del sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha su idea de construir una línea ferroviaria que uniera Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y condenó que se hayan concedido amparos para suspender las obras por falta de dictámenes de impacto ambiental, proyecto ejecutivo y plan de negocios, entre otros faltantes,
Ahora los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2022, -durante la administración de Javier May,- realizados y entregados a la Cámara de Diputados por el auditor David Colmenares, dan cuenta de que, la ausencia de planeación y permisos, junto con deficiencia de supervisión, permeó los trabajos de esa infraestructura y generó pagos indebidos, compras de predios que no se utilizaron y pago de trabajos innecesarios, entre otras fallas. Todo ello derivó en el inicio de 16 procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria en contra de funcionarios públicos (PRAs) que son presuntamente responsables de las anomalías.

De entre todas ellas, consta en el informe de las 12 auditorías practicadas al Tren Maya –en sus diversas etapas y tramos, hasta 2022– que la electrificación del tren corrió a cuenta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero ésta “subcontrató el 82.4% de los servicios, más del 49.0% de lo establecido en las cláusulas del convenio específico” que firmó con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), responsable de la construcción. Además, aunque se reconocen pagos en exceso y que se elevó el monto total de la inversión, aún no se ha transparentado el monto final, y no se conocerá sino hasta dentro de tres años, en 2027.

Con el argumento de reserva de información por razones de “seguridad nacional”, Fonatur informó a la ASF el monto total de la inversión hasta 2024, pero mantuvo bajo reserva el dato y no consta en el documento entregado por la ASF a los diputados. “Fonatur, con oficio de fecha 19 de enero de 2024, remitió con carácter de reservado una copia de la actualización del análisis costo beneficio, en el que se actualizó el monto total de la inversión hasta 2024”, reportó la ASF. El dato ha estado bajo secrecía desde agosto de 2022 por decisión de Fonatur y así seguirá.

Sin embargo, una parte de ese incremento en el costo de la megaobra se explicaría por los pagos “en exceso” en acero, según consta en la auditoría aplicada a la construcción de plataforma y vía del Tren Maya, Tramo 1, Palenque-Escárcega, en los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche, según la cual hubo “pagos en exceso en el suministro de acero de 1,169,132.7 miles de pesos”.

En esa misma auditoría, de acuerdo a la ASF se detectó la deficiente planeación de los trabajos a ejecutar pues en la licitación del contrato Fonatur “no contempló la construcción de las estaciones Palenque, Boca del Cerro, El Triunfo y Escárcega, los viaductos Tenosique, Candelaria y Escárcega, la zona arqueológica y los Centros de Atención al Visitante (CATVIS)” pese a que todo eso estaba en el “Análisis del Costo Beneficio del proyecto”, base de toda la megaobra.

En tanto, en la revisión de construcción de plataforma y vía del Tren Maya, Tramo 6, Tulum-Chetumal, en el estado de Quintana Roo, la ASF revisó el cumplimiento a inversiones físicas y detectó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) estuvo prácticamente fuera de la planeación del Tramo 6 del Tren Maya.

En ese caso la ASF asentó “la ausencia de contar con un proyecto ejecutivo con los planos debidamente autorizados y firmados por las instancias competentes del Fonatur y de la SICT del Tramo 6 del Tren Maya, con todos sus componentes técnicos y planos de detalle de viaductos, pasos vehiculares, pasos de fauna, obras de drenaje, laderos, estaciones, paraderos y Centros de Atención a Visitantes, etc., toda vez que únicamente se proporcionaron los planos firmados por el Fonatur y la Sedena”.

También hubo irregularidades, pues si había planeación pero fue deficiente, en la construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya, Tramo 4, Izamal-Cancún, en los estados de Yucatán y Quintana Roo, caso en el que “se pagaron trabajos innecesarios (estructuras, autopista y plataforma de vía) con antelación a la modificación en el trazo de la vía hacia Cancún”.

En ese caso se determinaron pagos en exceso por 286,261,000 pesos “debido a la diferencia del costo en la integración de diversos precios unitarios” que ya habían sido recalculados en 2021 “sin embargo, durante la Cuenta Pública 2022, se continuaron pagando con los precios unitarios del contrato”.

En esa misma revisión se halló un pago indebido por 15 millones 58,400 pesos “por deficiencias de calidad en el pavimento de la autopista, ya que con las pruebas del Índice de Perfil se consideran tramos inaceptables y no se aplicaron las sanciones correspondientes”.

Otras fallas fueron un pago indebido por 10,445,300 pesos debido a que se colocó “barrera central” de concreto simple, sin comprobar el cumplimiento del nivel de contención y la deflexión dinámica de proyecto y pago en exceso por 814,300 pesos “debido a la diferencia de cantidades estimadas y pagadas contra las verificadas físicamente en el concepto de defensa metálica”.

En la auditoría aplicada a la construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya, Tramo 2, Escárcega-Calkiní, en el Estado de Campeche se detectaron las mayores anomalías y de esta revisión se decidió abrir tres PRAS contra servidores públicos. En esas obras hubo pagos de más por 23, 454, 900 pesos y no se verificó la falta de validación y aprobación “por parte de la supervisión externa del proyecto ejecutivo a los trabajos realizados para la construcción de estaciones, paraderos, centros de atención, obras de los programas de mejoramiento de zonas arqueológicas y obras accesorias”.

Más pagos en exceso, pero por 18,265.300 pesos se detectaron en la auditoría a la obra relacionada con salvamento arqueológico, protección y tratamiento de vestigios, “pues se pagaron dichas actividades en 5 km, no obstante que en las minutas celebradas entre el INAH y el Fonatur indican que no había monumentos arqueológicos”.

Otros “pagos en exceso” por 10,491, 600 pesos y 26,408,800 pesos se determinaron resultado de revisar un contrato sobre “mitigación ambiental”, pues “no se acreditó la ejecución de todas las subactividades y en el segundo caso “no se comprobó el porcentaje del costo indirecto pagado a la supervisión externa”.

TAMBIÉN EN SEMBRANDO VIDA JAVIER MAY ACUMULÓ MALOS MANEJOS

En agosto del año pasado la diputada federal del PAN, María Elena Pérez-Jaén, presentó 65 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía General de la República por irregularidades por 2,742 millones de pesos en la aplicación de Sembrando Vida.

En conferencia de prensa, la legisladora federal informó que 49 denuncias son ante la SFP y 16 ante la FGR, son contra de los exsecretarios de Bienestar, María Luisa Albores y Javier May, ante la posible configuración de los delitos de peculado y corrupción.

Los más de 2,700 millones de pesos (mdp) de irregularidades, explicó, fueron detectados a través de cinco auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en los años 2019, 2020 y 2021. De acuerdo con la diputada federal en el primer año de operación se identificaron irregularidades por 1,832 mdp; en 2020 el monto por aclarar ascendió a 901 millones de pesos y en 2021 a 8.5 mdp.

“El total del monto por todas estas irregularidades es 2,742 millones de pesos, se dice fácil pero eso implica muchísimos recursos y solamente son cinco auditorías”, planteó.

En esa fecha la diputada acusó que la ASF estaba protegiendo a la Secretaría de Bienestar, pues al haberse detectado las primeras irregularidades, debieron incrementarse el número de auditorías:

“La Auditoría está protegiendo a la secretaria de Bienestar… No me voy a quedar de brazos caídos en la corrupción, estamos cansados de la corrupción de esta administración”, planteó, pero hasta el momento no se sabe del estado de las denuncias contra los dos funcionarios. Javier May es casi seguro que será Gobernador de Tabasco. Las encuestas y las tendencias en la tierra del presidente así lo indican, pese a que en Tabasco también tiene antecedentes de corrupto cuando fue alcalde Comalcalco.

 

Con iformación de medios/Sistema de Noticias Cambio 22.

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