abril 19, 2024 16:53

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Renán Castro Madera, Director General

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Redacción/CAMBIO 22

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de marzo.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión corrigió la reforma a la Ley General de Comunicación Social, que ordenó realizar el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dentro del plan B de reforma electoral, y eliminó el tope de gastos de publicidad gubernamental que se había fijado indebidamente a estados y municipios.

Con 420 votos a favor y una abstención, los diputados aprobaron el dictamen con proyecto de decreto que modifica el último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación, y fue turnado al Senado para que ratifique la corrección, misma que ha había causado que varios municipios promovieran controversias constitucionales por violar su autonomía hacendaria.

El párrafo modificado limitaba a los estados y municipios a destinar sólo el 0.1% de su presupuesto a gastos de publicidad gubernamental, y fue una de las disposiciones incluidas como parte del denominado Plan B en materia electoral.

Con las modificaciones, las entidades federativas y los municipios ya no tendrán este tope de gastos, sino que en su lugar se les fijó una regla genérica, de la manera siguiente: “Las entidades federativas, los municipios, y las demarcaciones territoriales determinarán su propio límite del gasto del programa anual de comunicación social, considerando los principios establecidos en el artículo 5 bis de esta ley”.

El artículo 5 bis señala que los estados y municipios tendrán la facultad de determinar el límite del gasto en su programa anual de comunicación social, pero deberán considerar los principios de austeridad republicana, economía y racionalidad presupuestaria, el de beneficio informativo a la población, el de la correcta administración de bienes y recursos públicos, y el de territorialidad que establece que los mensajes deben llegar a donde viven las personas.

De esta forma, la Cámara de Diputados busca responder a la lluvia de controversias constitucionales que se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el tope porcentual de gasto que se había introducido en la ley, por violar la autonomía hacendaria de las entidades federativas y municipios.

No obstante, falta todavía que el Senado ratifique esta corrección, y que el Presidente de México no la vete y la mande a promulgar en el Diario Oficial de la Federación, para que pueda ponerse en vigor.

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