mayo 27, 2024 00:44

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Renán Castro Madera, Director General

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Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 21 de abril.- El diputado Humberto Aldana Navarro, presidente de la comisión transitoria especial que da seguimiento a los temas sobre Aguakan, puso nuevos pretextos para no cumplir con el resultado de la consulta popular del 2022, que pidió la cancelación de las concesiones en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, con efectos vinculatorias para las autoridades.

El diputado de Morena afirmó que no se puede tomar la decisión de revocar las concesiones basándose en la consulta popular, “porque cuando se hizo la concesión, no existía esta figura de la consulta popular”, y en el contrato no está incluida una vinculación entre la revocación de la concesión con el proceso de consulta popular.

Para Aldana Navarro, la única posibilidad de revocar la concesión a Aguakan tendrá que estar basada en el estudio que se tenga del cumplimiento de esta empresa en la actualidad, o de lo contrario será muy difícil lograr este cometido, pese a las visibles deficiencias que se tienen en el servicio que brinda.

Indicó que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) ha comenzado estos trabajos para tener una evaluación actualizada, pues desde el 2020 no se había realizado una revisión a las acciones que marca el contrato-concesión de la empresa Aguakan y al parecer la de ese año quedó incompleta, por lo que la más reciente sería la del 2016.

“El pedirle que mejore bajo un incumplimiento en este año no nos sirve realmente como un historial suficiente para no pensar que en los años se cumplió o no se cumplió; no hay manera de adivinar y sería irresponsable, y si bajo supuestos vamos actuar, pues la empresa se va a amparar y nos vamos al año 2053 con el mismo servicio y las mismas fallas”, afirmó.

Aldana Navarro insistió en la necesidad de tener en sus manos el contrato-concesión y los anexos para conocer el estatus en el cual se encuentra el cumplimiento del servicio y la atención al servicio de agua potable y de ahí tomar las acciones pertinentes, pese a que el documento está disponible en la página de transparencia del Gobierno del Estado y en el Congreso local se tiene el expediente de las autorizaciones que se dieron en su momento para firmar la ampliación de las concesiones.

Asimismo, dijo que como parte de los trabajos de la comisión especial, citarán también a la Fiscalía Anticorrupción para conocer el estatus de unos juicios de nulidad, además de que se va a  invitar a otros organismos y dependencias como el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) y el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) para evaluar otros criterios sobre la consulta popular.

No obstante, Aldana Navarro no escondió la que siempre ha sido su postura contraria a la consulta popular que pidió la cancelación de la concesión de Aguakan, pues criticó el que se haya iniciado esta consulta “sin ver de qué manera se podría afectar a la población”.

 

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